España, como uno de los países con la jornada laboral más larga de Europa, se enfrenta a un desafío crucial en busca de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad empresarial. Los principales sindicatos, UGT y CCOO, han decidido movilizarse el próximo 26 de septiembre en todas las capitales de provincia españolas para exigir una reducción de la jornada semanal de 40 a 37,5 horas, sin merma salarial, para el año 2025.
Esta iniciativa surge ante la negativa de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) a aceptar dicha reducción en las mesas de negociación. Los líderes sindicales han expresado su frustración por la actitud obstruccionista de la patronal, calificándola de «tomadura de pelo al marco del diálogo social».
La Posición de los Sindicatos y el Gobierno
Desde el inicio de las negociaciones en enero, UGT y CCOO han mantenido una actitud proactiva, buscando convencer tanto a la patronal como al Gobierno de la necesidad de esta medida. Sin embargo, la CEOE ha adoptado una postura de bloqueo, negando la necesidad de una reducción legal de la jornada laboral y prefiriendo abordarlo a través de la negociación colectiva.
Por su parte, los sindicatos consideran que esta reducción de la jornada supondría una mejora de la productividad de las empresas y permitiría que los avances tecnológicos beneficien realmente a los trabajadores. Además, argumentan que esta medida generaría más empleo a medio y largo plazo y beneficiaría a aquellos proyectos empresariales que no se basan en la explotación de los empleados.
El Papel de los Partidos Políticos
Ante esta situación de bloqueo, los sindicatos han decidido involucrar también a los partidos políticos, solicitando que se posicionen claramente en torno a la reducción de la jornada laboral. Consideran que el Gobierno debe definir su postura en las negociaciones, ya que estas se encuentran en una fase crucial.
Los líderes sindicales han advertido a los partidos políticos que posicionarse en contra de esta medida puede tener un coste político, ya que se trata de una cuestión que impacta directamente en la vida de los trabajadores. Por este motivo, UGT y CCOO están manteniendo encuentros con diferentes formaciones políticas, con la excepción de Vox, para mediar en esta cuestión fundamental.
En conclusión, la reducción de la jornada laboral en España se ha convertido en una prioridad para los sindicatos, quienes buscan el apoyo del Gobierno y de los partidos políticos para lograr este objetivo, que consideran clave para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las empresas. La movilización del próximo 26 de septiembre será un momento decisivo en esta lucha por una sociedad más justa y equilibrada.
