La fuga del ex presidente catalán Carles Puigdemont ha sido un tema de gran interés y discusión en España. El instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, ha tomado medidas al respecto, remitiendo los informes aportados por los Mossos d’Esquadra y el Ministerio del Interior a los juzgados de Barcelona. Esto se debe a que el Tribunal Supremo (TS) carece de competencia para investigar los hechos ocurridos el pasado 8 de agosto en Barcelona.
En los informes, se menciona la dificultad de abordar la detención del procesado en medio de la aglomeración de personas a la que se incorporó Puigdemont, así como la posible participación de tres individuos en su fuga. Sin embargo, Llarena considera que los informes no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial pudiera detectar al procesado rebelde en su tránsito hasta el lugar donde se unió a la multitud ni la imposibilidad de abordar con efectividad su posterior seguimiento y alcance, lo que finalmente permitió su fuga del territorio nacional.
DELITOS IMPLICADOS EN LA FUGA DE PUIGDEMONT
El magistrado del Tribunal Supremo apunta a los delitos 408 y 451.3.b del Código Penal, que castigan la omisión del deber de perseguir delitos y el encubrimiento cometido por parte de funcionarios. Según Llarena, a pesar de que el informe autonómico expresara la dificultad de abordar la detención del procesado, y de que se indicara la posible participación de tres individuos en la fuga, los informes no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial pudiera abordar la detección del procesado rebelde en su tránsito hasta el lugar donde se unió a la aglomeración de personas, ni la imposibilidad de abordar con efectividad su posterior seguimiento y alcance, lo que finalmente permitió su fuga del territorio nacional.
REMISIÓN DE LOS INFORMES A LOS JUZGADOS DE BARCELONA
Ante esta situación, el instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, ha remitido los informes a los juzgados de Barcelona, ya que el Tribunal Supremo carece de competencia para investigar los hechos del pasado 8 de agosto en Barcelona. Esta decisión tiene como objetivo que los juzgados competentes de Barcelona puedan analizar a fondo los detalles de la fuga de Puigdemont y determinar si hubo omisión del deber de perseguir delitos o encubrimiento por parte de funcionarios, tal como señala Llarena.
La fuga de Puigdemont ha generado una gran controversia y ha puesto de manifiesto la complejidad de este caso jurídico. La remisión de los informes a los juzgados de Barcelona es un paso importante para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Es crucial que se realice una investigación exhaustiva y se apliquen las medidas legales pertinentes, con el fin de garantizar la justicia y el cumplimiento de la ley en este asunto de gran relevancia política y social en España.
