La industria española se encuentra en un momento crucial para su recuperación. En este contexto, la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica se presenta como una herramienta fundamental para el desarrollo de un sector clave para la economía del país. Sin embargo, la implementación de esta ley debe ir acompañada de una serie de medidas y consideraciones que aseguren su éxito.
El Consejo Económico y Social (CES) ha emitido un dictamen sobre el anteproyecto de ley, reconociendo su importancia para impulsar el sector industrial, pero también ha destacado la necesidad de una mayor precisión en algunos aspectos para garantizar la estabilidad y el futuro del sector.
Una Ley ambiciosa, pero con detalles a definir
El CES considera positiva la iniciativa de elaborar una nueva ley de industria, pero ha planteado la necesidad de concretar ciertos aspectos para evitar la incertidumbre jurídica. La ley debería incluir, por ejemplo, procedimientos específicos para el cumplimiento de los compromisos con la industria intensiva en energía, así como la colaboración público-privada para la promoción del suelo industrial.
Es fundamental que la ley no se quede en una mera declaración de intenciones y que se definan las herramientas para su efectiva implementación. La carencia absoluta de medios, tanto financieros como de personal, para llevar a cabo los objetivos de la ley, representa un reto importante que el anteproyecto no ha abordado suficientemente.
Un Pacto por la Industria: La clave para el éxito
El éxito de cualquier estrategia industrial requiere un esfuerzo conjunto de todos los actores implicados. El CES ha subrayado la importancia de la colaboración entre los interlocutores sociales, los sectores industriales y las partes relacionadas con los ecosistemas industriales. Es fundamental que se construya un Pacto de Estado por la Industria para que la política industrial se convierta en una prioridad nacional y se fortalezcan las atribuciones del Ministerio de Industria.
Asimismo, la coordinación entre las distintas administraciones con competencias en materia de industria (central y autonómica), así como entre diferentes departamentos, es crucial. Un órgano estatal interministerial de industria podría facilitar la integración de los distintos departamentos y permitir una gestión más eficiente de las políticas industriales.
Retos transversales: pymes, género y territorio
El anteproyecto de ley no contempla medidas específicas para abordar las necesidades de las pymes industriales. El CES considera necesario un desarrollo normativo que tenga en cuenta las dificultades que enfrentan estas empresas, especialmente en áreas como la financiación, la digitalización, la sostenibilidad y la innovación.
Otro aspecto que requiere mayor atención es la brecha de género. La ley debería incluir instrumentos específicos para reducir esta brecha, teniendo en cuenta que la Estrategia Española para el Impulso Industrial considera la perspectiva de género como un eje transversal.
Por último, el CES ha destacado la importancia de la vertiente territorial en la ley, especialmente en zonas con retos demográficos y declive industrial. La ley debería contemplar mecanismos específicos para la reindustrialización de zonas en riesgo de despoblación, con una definición y desarrollo adecuados.
En definitiva, la Ley de Industria presenta un gran potencial para impulsar la recuperación del sector industrial en España. Sin embargo, su éxito dependerá de una correcta implementación que incluya una mayor precisión en la definición de algunos aspectos, la creación de un Pacto de Estado por la Industria y la atención a los retos transversales que enfrentan las pymes, la brecha de género y la realidad territorial.
