La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido en un informe sobre los riesgos financieros que podrían suponer para el sistema de la Seguridad Social las recientes modificaciones en la normativa que regula las modalidades de jubilación activa, flexible y demorada. El estudio, realizado por el analista sénior de Fedea y exdirector del Gabinete Económico de CCOO, Miguel Ángel García, pone el acento en lo que considera la novedad más importante del acuerdo: la posibilidad de combinar los beneficios de la jubilación demorada y la jubilación activa.
La jubilación voluntaria demorada permite a los trabajadores prolongar su vida laboral una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación (67 años con carácter general y 65 cuando se han cotizado más de 38 años y medio), a cambio de recibir un 4% de incremento de su pensión o, si lo prefieren, una cantidad a tanto alzado que va desde los 5.000 a los 12.000 euros, dependiendo de los años cotizados. Por su parte, la jubilación activa permite disfrutar de la pensión a la vez que el pensionista realiza un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, percibiendo el 50% de la pensión para los trabajadores asalariados y el 100% para los trabajadores autónomos.
Implicaciones Financieras de las Nuevas Medidas
Fedea advierte de que estas medidas podrían generar un mayor coste para el sistema de pensiones respecto a la situación previa, al sumar el porcentaje por diferimiento de la jubilación (4% por cada año) y el pago realizado en el periodo adicional de trabajo remunerado (entre el 45 y 100% de la cuantía de la pensión). Además, el posible uso de esta nueva modalidad por más personas aumentaría aún más en términos agregados el gasto futuro en pensiones.
Para Fedea, aunque la reducción de los obstáculos existentes para la prolongación de la vida laboral ha de valorarse positivamente, especialmente en un contexto de intenso envejecimiento de la población, las medidas adoptadas en el acuerdo resultan «insuficientes» al mantener «trabas innecesarias» para compatibilizar el trabajo remunerado con la pensión, como la espera de un año para el acceso a la jubilación y la imposición de límites sobre la jornada laboral.
Impacto en la Regulación del Contrato de Relevo
El último acuerdo de pensiones también mejora la aplicación de la jubilación parcial con contrato de relevo, lo que beneficia a las empresas, fundamentalmente a las más grandes, que podrán rejuvenecer su plantilla sin incurrir en costes de despido, y también a sus trabajadores, que evitarán los coeficientes reductores en su pensión. Sin embargo, Fedea advierte que esto podría «deteriorar la equidad en el trato de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas (pymes)«, ya que esta modalidad se encuentra muy concentrada en las grandes empresas.
Asimismo, Fedea ve improbable que la posibilidad de que las mutuas puedan jugar un papel más importante en la gestión de las bajas laborales por algunas patologías pueda reducir significativamente el crecimiento del gasto en incapacidad temporal, que se ha triplicado desde 2000 a 2023, hasta superar los 14.000 millones de euros.
En resumen, el informe de Fedea alerta sobre los posibles efectos negativos que las recientes modificaciones en la normativa de jubilación podrían tener sobre la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, al tiempo que señala la necesidad de implementar medidas más eficaces para incentivar el retraso de la edad de jubilación y mejorar la equidad en el tratamiento de los trabajadores, especialmente de las pymes.
