El PNV defenderá en el Congreso una reforma de la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el objetivo de que la dirección de los servicios de espionaje dependa orgánicamente del presidente del Gobierno. Actualmente, esta responsabilidad recae en el ministro de Defensa. Esta iniciativa, que ya fue rechazada en la pasada legislatura, busca reforzar el control político y judicial de las actividades del CNI.
La propuesta del PNV surge tras la polémica generada por el espionaje a líderes independentistas y miembros del Gobierno con el programa ‘Pegasus’. Este escándalo provocó la destitución de la entonces directora del CNI y puso de manifiesto la necesidad de un mayor control sobre los servicios de inteligencia.
El PNV argumenta que la dependencia directa del Presidente del Gobierno:
- Elevaría la responsabilidad política de los servicios de inteligencia al máximo nivel.
- Aseguraría una mayor transparencia y rendición de cuentas.
- Evitaría injerencias políticas por parte de los ministros.
Mayor control parlamentario y judicial
Además del cambio en la dirección del CNI, la reforma del PNV también incluye medidas para reforzar el control parlamentario y judicial.
Control parlamentario:
- Se propone que los diputados de la Comisión de Gastos Reservados del Congreso puedan ser informados sobre los medios utilizados por los servicios de espionaje.
- Actualmente, ni siquiera en la comisión de secretos se puede confirmar si el CNI utiliza herramientas como ‘Pegasus’.
Control judicial:
- Se propone que el control judicial de las actividades del CNI, actualmente en manos de un solo juez del Tribunal Supremo, sea llevado a cabo por tres magistrados del Alto Tribunal.
- Las decisiones de estos tres jueces se adoptarían por unanimidad.
- Se busca que los jueces sean informados de los medios que utilizará el CNI para sus actividades.
- Se pretende que el CNI esté obligado a explicar a posteriori el grado de ejecución de las actividades autorizadas.
Con estas medidas, el PNV busca garantizar un equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos fundamentales. La formación vasca considera que la reforma es necesaria para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho.