sábado, 17 mayo 2025

Afectados por CryptoSpain buscan 30 millones en República Dominicana y Portugal

El caso contra Álvaro Romillo, alias ‘Luis CryptoSpain’, sigue su curso en Audiencia Nacional. Zaballos Abogados siguen adelante después de ampliar las querellas que presentaron contra el influencer que ha denunciado a Alvise Pérez.

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El Juez José Luis Calama, titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de la AN admitió con informe favorable de la Fiscalía, las tres denuncias presentadas por AncesAsociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, estas últimas en representación de un grupo de afectados. Los intereses de estos afectos son defendidos por Zaballos Abogados, con Emilia Zaballos y Francisco Jiménez Aguilera al frente.

Desde dicho despacho informan a MONCLOA que ellos, que representan al 98% de los afectados por la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest Club, siguen buscando el destino del dinero de los inversores que confiaron en Álvaro Romillo.

En concreto ahora centran parte de sus miradas en 30 millones de euros en República Dominicana y Portugal. Por ejemplo, tienen constancia de que en al país luso llegaron en 2023 la cantidad de 23 millones de euros.

CUENTAS BLOQUEADAS EN PORTUGAL

Cabe recordar que Álvaro Romillo, a través de su abogado Francisco Miranda Velasco, solicitó al juez Calama una Orden Europea de Investigación a las autoridades portuguesas «con el fin de que informen al Juzgado de las cuentas pertenecientes a Sabroso LDA para que proceda al desbloqueo, así como a poner los fondos a disposición» de la propia Audiencia Nacional. El influencer afirma que el principal motivo para la falta de pago a los inversores es precisamente el bloqueo existente a Portugal de las cuentas de las cuentas de Sabroso LDA y pide que la Audiencia Nacional nombre administrador judicial para 13 de sus empresas.

«No podemos perder de vista que, si las empresas se abocan a su cierre como consecuencia del bloqueo bancario antes referenciado, difícilmente los inversores van a poder recuperar el dinero invertido», aseguraba. Además, ha propuesto que «se pongan los fondos allí depositados a disposición» de la Audiencia Nacional.

INTROMISIÓN PROFESIONAL

Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción Número 25 de Madrid ha incoado diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Usuarios de Criptomonedas contra Álvaro Romillo por un delito de intrusismo profesional. La asociación entiende que el hombre, que denunció a su vez a Alvise Pérez, ha publicitado y prestado servicios de asesoría tributaria y financiera careciendo de titulación académica y sin estar registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Los letrados de Aránguez Abogados explican que ‘Cryptospain’, «guiado por su ánimo de lucro», ejercía esa actividad de asesoría «desde principios de 2021 y hasta hace apenas dos semanas» cuando, aseguran, «cierra todas sus plataformas digitales».

Abundaban en que Romillo ha publicado videos a través de su perfil en TikTok, que contaba con más 212.000 seguidores, «normalmente relacionados con la elusión fiscal y la inversión en criptomonedas, prevaliéndose de su falsa condición de experto en materia fiscal y tributaria para generar sensación de seguridad en los usuarios de dicha plataforma».

Por todo ello, la asociación interesó la declaración de Romillo como investigado, que se recibiese declaración a la asociación denunciante con ofrecimiento de acciones legales, y que el Equipo de Delitos Informáticos de la Policía Nacional elabore el correspondiente atestado informativo sobre los hechos denunciados.

Sin embargo, fuentes consultadas jurídicas consultadas por MONCLOA afirman que esta denuncia puede tener recorrido corto ya que el artículo 408 del Código Penal con respecto al intrusismo habla de actos como tal y ya la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en mayo de 2023 advirtió que se trataba de un «chiringuito financiero».

Esas mismas fuentes aseguran a que «no hay una sola condena por intromisión profesional» por hacer este tipo de ejercicios y anuncios. «Es parecido a cuando alguien en YouTube habla de algo medicinal sin ser médico, otra cosa es que ejerza la medicina como tal”, aseguran.

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