La Audiencia Provincial de Valencia se enfrenta a una decisión crucial en el caso Erial: determinar si el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro, Eduardo Zaplana, ingresará en prisión tras ser condenado a 10 años y cinco meses por la trama de las ITV. La vista, programada para el jueves, analizará el riesgo de fuga alegado por la Fiscalía Anticorrupción y los argumentos de la defensa, que buscará desmontar dicha posibilidad.
El futuro judicial de Eduardo Zaplana
La sentencia, que aún no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, ha generado una gran expectación mediática y social. La Fiscalía Anticorrupción solicitó el ingreso inmediato en prisión de Zaplana tras conocer el fallo condenatorio, al considerar que existe un riesgo de fuga considerable. La defensa del exministro, por su parte, se opondrá a esta medida, argumentando la falta de fundamento de la acusación y la necesidad de que Zaplana permanezca en libertad hasta que se resuelva el recurso ante el Supremo.
La vista se centrará en escuchar las alegaciones de ambas partes y valorar la situación procesal del exministro. Los magistrados tendrán que sopesar los argumentos y las pruebas presentadas para tomar una decisión que se espera trascendental para el futuro judicial de Zaplana. Aunque la decisión no se conocerá inmediatamente, se prevé que se anuncie en los próximos días.
Delitos de corrupción y blanqueo
La condena a Eduardo Zaplana se basa en la percepción de comisiones ilegales por la adjudicación de estaciones de ITV en la Comunidad Valenciana entre 1997 y 2003. La trama, según la sentencia, implicó una compleja estructura societaria, tanto en España como en paraísos fiscales como Panamá y Luxemburgo, con cuentas en Andorra para canalizar el dinero ilícito.
Los delitos imputados a Zaplana son prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales, con una pena de 10 años y 5 meses de prisión, 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo o cargo público, 3 años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión y multas que superan los 25 millones de euros. A pesar de la gravedad de los delitos, la Audiencia lo absolvió del delito de grupo criminal.
Junto a Zaplana, otras seis personas han sido condenadas a penas de prisión que oscilan entre un año y tres meses y cinco años, por su participación en la trama. Entre los condenados se encuentran el abogado y asesor fiscal Francisco Grau, el antiguo jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, y los empresarios Juan y Vicente Cotino. La sentencia también absuelve a ocho personas, incluido el expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, y diversas personas jurídicas.
La atenuante de confesión, aplicada a algunos de los condenados, ha jugado un papel importante en la determinación de las penas. La colaboración con la justicia y el reconocimiento de los hechos por parte de algunos acusados, como Juan Francisco García y los hermanos Cotino, ha sido valorado positivamente por el tribunal, contribuyendo a la «efectiva colaboración» con la administración de justicia y al esclarecimiento de los hechos.
La vista del jueves no requiere la presencia obligatoria de Zaplana, quien podría delegar en su representante legal. Sin embargo, en este tipo de procedimientos, lo habitual es que los condenados asistan. En caso de que se decida su ingreso en prisión, se notificará la decisión a los Juzgados de Ejecutorias y se le dará un plazo de unos días para su cumplimiento. Esta medida sería cautelar, a la espera de la resolución del Tribunal Supremo sobre los recursos presentados contra la sentencia.
El caso Erial ha supuesto un golpe a la imagen del Partido Popular y ha reavivado el debate sobre la corrupción política en España.
