El Consejo Superior de Deportes (CSD) ya tiene en su poder la denuncia contra Rafael Louzán por incumplimiento de las normas estatutarias de la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que aspira a presidir.
La denuncia que maneja el CSD es la que redactó Miguel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte y a la que ha tenido acceso MONCLOA.com. Louzán, además de presidente de la Federación Gallega es miembro de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
La denuncia se apoya en las presuntas irregularidades en el proceso de convocatoria de elecciones a la presidencia de la RFEF de septiembre, que posteriormente fueron anuladas por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Esta denuncia se basa en el incumplimiento de las normas estatutarias y se clasifica como una falta muy grave según la Ley del Deporte, ya que Louzán formaba parte de esa comisión gestora que convocó aquel primer proceso electoral.
ERA DE LA COMISIÓN GESTORA
El origen de esta controversia radica en la decisión de la Comisión Gestora, de la que forma parte Louzán, de convocar elecciones a la presidencia de la RFEF sin haber cesado previamente a Pedro Rocha. Según el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), esta acción contravino el artículo 31 de los Estatutos de la Federación, lo que llevó a la anulación de la convocatoria electoral.
Además, los documentos presentados en el proceso judicial de apelación de Rocha revelan que, a pesar de un certificado firmado por el secretario de la RFEF, Álvaro de Miguel, que supuestamente era necesario para la aprobación de la Junta Directiva, la Comisión Gestora actuó de forma contraria a lo acordado. En lugar de convocar elecciones generales el 10 de septiembre, la Junta Gestora, liderada por Louzán, optó por una convocatoria específica para la presidencia, lo que no cumplía con las decisiones de la Junta Directiva. Ese documento fue firmado en representación de la Comisión Gestora.
La denuncia del Consejo Superior de Deportes (CSD) plantea serias interrogantes sobre la legalidad y la ética de las decisiones tomadas por la Comisión Gestora. Este caso no solo resalta las tensiones internas en la RFEF, sino que también podría tener repercusiones significativas en la estabilidad de la federación y en la gobernanza del fútbol español.
El siguiente documento viene a demostrar que la Junta Gestora con Louzán a la cabeza ya convocó elecciones a la Presidencia y no elecciones a la Asamblea General y la Comisión Delegada como acordaron la Junta Directiva. Igualmente recuerda la denuncia que las elecciones convocadas a la presidencia fueron anuladas por el TAD por incumplir el artículo 31 de los Estatutos de la RFEF y que viene a demostrar que la Junta Gestora y Rafael Louzán habrían cometido una falta muy grave. La denuncia que damos en exclusiva en MONCLOA.com es la que tiene preparada el CSD para inhabilitar a Rafael Louzán. Este documento tiene fecha de julio de 2024.
Aquella sentencia del TAD decía que «la falta de resolución o acuerdo de la Asamblea General impide apreciar que dicho cese se ha producido y en consecuencia, ello determina que la
aplicación del artículo 31.8 de los Estatutos de la RFEF no resulta ajustada a Derecho,
al faltar el primer requisito para su aplicación, esto es, que se haya producido el cese
del Presidente de la RFEF. En consecuencia, debemos estimar en este punto la primera pretensión ejercitada por el recurrente, declarando la nulidad del acuerdo de convocatoria de las
elecciones a la Presidencia de la RFEF».
Asimismo, este documento es clave para que la denuncia del CSD y de Miguel Galán contra Louzán prospere. El certificado de la RFEF demostraría el incumplimiento normativo de la Junta Gestora con Louzán a la cabeza. El relato de los hechos es que Sergio Antonio Sánchez Fernández, en representación de Pedro Rocha, solicitó un certificado que confirmase la decisión de la RFEF sobre las próximas elecciones.
Entonces, la Junta Directiva de la RFEF, en una reunión del 29 de abril de 2024 anunció que las elecciones para la Asamblea General, la Comisión Delegada y la Presidencia se celebrarían el 10 de septiembre de 2024, abarcando el periodo olímpico 2024-2028.
Louzán, quien ha sido una figura clave en la estructura de poder de la RFEF, deberá enfrentar este desafío legal, que podría tener consecuencias duraderas para su carrera a la presidencia de la RFEF. La situación se desarrolla en un momento crítico para el fútbol español, donde la transparencia y el respeto a las normativas son más necesarios que nunca.
El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha indicado que seguirá monitoreando el caso de cerca y que tomará las medidas necesarias para asegurar que se cumplan las normativas establecidas en el deporte nacional.
Lo mismo pasaría si al CSD llegase una denuncia externa a este respecto. Como por ejemplo si fuera el presidente de Cenafe, Miguel Galán. En este caso, lo trasladarían al TAD como ya hicieron cuando fue el propio Galán quien denunció a Pedro Rocha y provocó su actual inhabilitación de dos años. En el caso del CSD, también desde el Gobierno fueron ellos mismos quienes denunciaron directamente a Luis Rubiales ante el TAD tras lo sucedido en la final del Mundial y el beso a Jennifer Hermoso.
