Pilar Alía persigue el rastro de los 618 millones de euros sin justificación del plan de Vivienda 2018-2021 aprobado este año por el Gobierno de Pedro Sánchez. La portavoz en la Comisión de Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto esta cifra en el Congreso ante Enriqueta Chicano, presidenta del organismo público, quien rebajó la cifra a 559 millones. La diferencia se encuentra en la oficialidad de los datos.
La diputada ‘popular’ Alía se refirió al informe del pasado 22 de abril en el que el Tribunal de Cuentas apuntó que faltaban los 618 millones sin justificar, pero seis meses después, la propia liquidación de las CCAA reduce la cifra en 59 millones, hasta esos 559 millones, que no están plasmados en ningún documento, pero se derivan la de la actualización de los datos. Solo nueve Comunidades Autónomas han liquidado esta partida, pero aún quedan meses para poder que el resto siga el mismo camino. No obstante, en el PP muestran no solo preocupación, sino que harán también el papel fiscalizador.
«Presidenta, quiero saber qué ha pasado con estos 618 millones, ¿no hay justificación tres años después de finalizado el plan en el 2021? ¿han sido invertidos esos 618 millones o dónde han ido a parar estos importes?», preguntó la ‘popular’ Alía esta semana la diputada popular electa por Toledo.
UNA CRISIS DE VIVIENDA Y SIN MEDIDAS CONCRETAS
La situación en la vivienda en España es crítica, con una oferta cada vez más reducida y una demanda en crecimiento, mientras el Gobierno se entretiene ahora en anunciar nuevas promesas para levantar miles de viviendas, pese a prometer casi 750.000 desde la entrada de Zapatero en La Moncloa.
tampoco existe un criterio para repartir fondos a las Comunidades Autónomas
Trece años de Gobierno del PSOE han pasado desde entonces y no se ha terminado nunca de materializar estos anuncios pomposos, que cada vez que se repiten daban una cifra distinta. 20.000 o 163.000, para luego asegurar que la empresa pública de vivienda no edificará ninguna de ellas, sino que se dedicarán a la «promoción», incluyendo los inmuebles de la Sareb. Para estar operativa, deberán pasar años debido al cambio legislativo de numerosas empresas públicas, entre ellas la que tiene el suelo estatal y deberá contar con el beneplácito de las Comunidades y Ayuntamientos, la inmensa mayoría en manos ‘populares’.
EL PLAN DE VIVIENDA PARA VULNERABLES, PERO SIN SEGUIMIENTO, SEGÚN DENUNCIA LA POPULAR ALÍA
El plan de vivienda de 2018 a 2021 centraba el foco en las personas vulnerables, víctimas de violencia de género y mayores con discapacidad, pero, tal y como denuncia Alía, «no fueron llevados a cabo» ni tampoco se ha realizado un seguimiento por parte del Ministerio de Isabel Rodríguez.
Además de no seguir el dinero, tampoco hay un análisis para justificar la elección de los beneficiarios o la cuantía de las ayudas, como tampoco un criterio para repartir fondos a las Comunidades Autónomas. Es decir, no existe un plan predeterminado para detectar quien puede acogerse a esta medida.
