La propuesta de la Comisión Europea plantea una reducción drástica del 79% en los días de pesca en el Mediterráneo, lo que supondría limitar la actividad pesquera a tan solo 27 días anuales. Esta medida ha sido calificada como «totalmente inasumible» por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, que han solicitado su inmediata retirada.
El director general de Pesca de Andalucía, José Manuel Martínez Malia, ha enfatizado que esta propuesta «falta al sentido común y está fuera de la realidad», destacando la necesidad de mantener las mismas posibilidades de pesca que en 2024.
La implementación de esta medida tendría graves repercusiones para la industria pesquera española, especialmente en regiones como Andalucía, donde el sector representa una importante fuente de empleo y desarrollo económico. Los principales puntos de preocupación incluyen:
- Pérdida de empleos directos e indirectos en el sector pesquero
- Impacto en la industria auxiliar y servicios relacionados
- Reducción significativa de los ingresos para las comunidades costeras
- Efectos en la cadena de suministro de productos pesqueros
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado la propuesta como «radical» y «desenfocada», asegurando que España no aceptará medidas que perjudiquen a los pescadores nacionales.
Alternativas y propuestas del sector español
Frente a esta situación, las autoridades españolas proponen:
- Mantener las cuotas actuales durante 2025
- Reconocer el esfuerzo realizado por el sector en los últimos cinco años
- Desarrollar medidas sostenibles que equilibren la conservación marina con la viabilidad económica
- Establecer un diálogo constructivo con la Comisión Europea
La negociación sobre los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas de pesca para 2025-2026 se está llevando a cabo en Bruselas, donde España defiende firmemente los intereses de su flota pesquera, buscando un equilibrio entre sostenibilidad y viabilidad económica.
El sector pesquero español ha demostrado históricamente su compromiso con la pesca sostenible y la conservación de los recursos marinos, implementando medidas de autorregulación y mejores prácticas. La propuesta actual de la UE no solo amenaza la supervivencia del sector, sino que también podría tener consecuencias contraproducentes para la gestión sostenible de los recursos pesqueros en el Mediterráneo.
