La Audiencia Nacional avanza en la investigación sobre las presuntas investigaciones policiales ilegales realizadas a diferentes cargos de Podemos. El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha programado una serie de declaraciones testificales cruciales para esclarecer los hechos.
Entre los citados destaca el comisario Mariano Hervás, antiguo número dos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) durante la ‘Operación Kitchen’, junto con Bonifacio Díez Sevillano, ex policía de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), y el comisario José Manuel García Catalán.
Los testimonios clave y las acusaciones
Una de las declaraciones más esperadas será la de Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía Nacional, programada para principios de 2025. También destaca la citación de Carlos Alberto Arias, ciudadano venezolano que deberá explicar un controvertido justificante sobre una supuesta transferencia del régimen chavista a Pablo Iglesias, ex secretario general de Podemos.
La formación política ha presentado una querella por múltiples delitos, incluyendo:
- Organización criminal
- Apoderamiento y revelación de secretos
- Prevaricación administrativa
- Falsedad documental
El alcance del presunto espionaje ilegal
Las investigaciones se centran en ocho actuaciones específicas que habrían sido realizadas bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Según la querella, estas operaciones se realizaban sin control judicial y al margen de cualquier interés policial legítimo.
Entre las actuaciones más controvertidas destacan:
- La elaboración del informe PISA contra Pablo Iglesias
- La filtración de documentos sobre una supuesta cuenta en el Euro Pacific Bank Limited
- La manipulación de registros policiales internos
Los querellantes sostienen que existía una estructura organizada que realizaba estas investigaciones prospectivas con el objetivo de desprestigiar a la formación política ante la opinión pública. El modus operandi incluía la filtración sistemática a medios de comunicación, aprovechando la credibilidad de las «fuentes policiales.
Estas actuaciones habrían contado con la supervisión del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien habría recibido informes periódicos sobre las operaciones. Todo ello constituiría un presunto ataque coordinado contra la integridad de los diputados y cargos públicos de la formación política.
