El Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que acuda el próximo 12 de febrero a un acto de conciliación por una demanda presentada por Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por una presunta vulneración del derecho al honor.
Cabe recordar que el jefe del Ejecutivo no tiene obligación de comparecer personalmente, sino que podrá hacerlo a través de su representación legal, en este caso la Abogacía del Estado, según ha avanzado ‘El Mundo’ y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.
Si Sánchez opta por no conciliar, González Amador podrá seguir adelante con la demanda por una vulneración del derecho al honor o podrá acudir a la vía penal con una querella por injurias y calumnias. Si nadie representa al jefe del Ejecutivo en el citado acto de conciliación, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha anunciado la interposición de una querella por injurias y calumnias contra Sánchez.
El empresario Alberto González Amador demandó el pasado mes de octubre al jefe del Ejecutivo, al que reclama 100.000 euros, por referirse a él como un «delincuente confeso». También demandó por el mismo motivo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por los mismos hechos y le exige una indemnización de 50.000 euros.
Las declaraciones de Sánchez llegaron el día después de que conocerse la imputación del Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos en el Tribunal Supremo. Sánchez dijo en Bruselas (Bélgica), tras participar en el Consejo Europeo, que «probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo».
González Amador considera que las declaraciones del presidente y de algunos de sus ministros vulneraron sus derechos fundamentales toda vez que no ha sido condenado y reclama que se retracten públicamente. Por su parte, Bolaños dijo que «entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad».
