Un juzgado de Arrecife (Lanzarote) ha condenado a 6 meses de cárcel y una multa de 100 euros a seis acusados de atentado contra agentes de la autoridad, que agredieron a dos agentes el 22 de julio de 2017 cuando acudían a un requerimiento de un episodio de violencia de género y se acercaron a solicitar información al local donde se encontraban los condenados, en la localidad de La Santa (Lanzarote). Los condenados entonces fueron golpeados de forma sorpresiva y violenta en clara inferioridad por una turba de doce personas. Un guardia civil en la UCI en la que tuvo que permanecer 72 días ingresado con riesgo para su vida a consecuencia de las lesiones padecidas.
La acusación particular de los dos agentes, ejercida por el letrado de Independientes de la Guardia Civil (IGC) Jorge Piedrafita y el abogado Juan Ramón Sadoz, estima claramente insuficiente la sentencia que da por probados todos los hechos de la acusación, pero de forma inexplicable, absuelve a los otros seis acusados e impone las penas mínimas a los condenados. Fallo ante el que se ha procedido a formular recurso de apelación para que una nueva sentencia condene a todos los acusados y eleve las penas y el resarcimiento civil de acorde con la prueba judicial que acreditó la gravedad de los hechos y los daños derivados de los mismos.
En el extenso, elaborado y exhaustivo recurso de la acusación se señala la «incoherencia entre los hechos probados y la calificación jurídica de la misma, ya que todos los acusados participaron directa o indirectamente en la acreditada agresión a los agentes de la Benemérita con riesgo para la vida de estos por las lesiones causadas lo que les hace responsables penalmente a todos ellos, las lesiones requirieron de varias asistencias y los daños han sido valorados de forma incompleta, lo que, según los letrados de las acusaciones particulares, motiva de forma necesaria un nuevo examen en segunda instancia para corregir el fallo, condenando a todos los investigados y elevándose las penas y responsabilidades impuestas», añaden desde la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC).
«Desde la acusación particular se seguirá trabajando intensamente, a la espera de celebración de la vista oral en la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, para corregir el dictamen judicial que abre la puerta a la equívoca sensación de que la agresión a los agentes de la Guardia Civil sale gratis o muy barata, pretendiendo lograr que se haga justicia para los guardias civiles agredidos que salvaguardaban la seguridad de la ciudadanía, que junto al resto de agentes del Cuerpo siguen sin ser reconocidos como Profesión de Riesgo pese a las reiteradas reclamaciones de IGC al propio Ministerio del Interior y a través de la DGGC», explica en un comunicado IGC.
GUARDIA CIVIL EN LA UCI
Y añaden que «hechos como estos, que mantuvieron al Guardia Civil D.D.G. durante más de 72 horas en la UCI con riesgo de muerte, ponen en relieve la imperiosa necesidad de reconocimiento como profesión de riesgo para los guardias civiles que arriesgan su vida cada día para garantizar la seguridad de toda la ciudadanía y reclaman un endurecimiento de las penas para que no se arraigue la falsa sensación de que agredir a un Guardia Civil sale prácticamente “gratis”».
Según el portavoz de IGC, Daniel Fernández, «estos tristes hechos empiezan a ser una práctica cada vez más habitual y el número de nuevos atentados, agresiones y menosprecios a los agentes no paran de crecer. Se producen una media cercana a las 45 agresiones diarias a agentes en todo el territorio nacional y las estadísticas oficiales distan bastante de la realidad”.
A lo anterior, Fernández ha añadido que «consideramos necesario que se modifique la legislación vigente para que se nos otorgue la consideración de Autoridad en todos los delitos de atentado, para que, ante hechos como éstos, las penas impuestas sean mayores».
A su vez, ha señalado que «nos indigna profundamente que desde las autoridades competentes se haga caso omiso a las reiteradas peticiones de asociaciones de Guardia Civil para que, a través del ministro del Interior, se nos convoque a una mesa de trabajo para que, de una vez por todas, se consiga materializar el reconocimiento de profesión de riesgo. Es una cuestión de voluntad política con sus FFCCSE».
