El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, tiene previsto interrogar este miércoles como investigada a Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, que en su declaración como testigo en diciembre reconoció haber enviado varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de la esposa del presidente del Gobierno. Tras ella el juez Peinado tomará declaración a otras seis personas incluidos otro cargo de Presidencia, dos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y los representantes de Google, Indra y Telefónica, que acuden todos como testigos.
A las 9 y media de la mañana de este miércoles está citada Cristina Álvarez, asesora de Moncloa y asistente personal de Begoña Gómez, que está siendo investigada por su posible participación en actividades relacionadas con la Universidad Complutense de Madrid y diversas empresas. Está imputada por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Aunque el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid descartó en un principio imputar a Álvarez, a principios de febrero cambió su situación procesal para investigar su presunta participación en hechos que podrían ser constitutivos de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, delitos por los que ya está investigada la propia Begoña Gómez.
Álvarez es la cuarta persona que resulta imputada tras declarar como testigo en el marco de esta causa, algo que le ocurrió al empresario Juan Carlos Barrabés, al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache y al directivo del Instituto de Empresa (IE), Juan José Güemes.
Tras el turno de Álvarez, está llamada a declarar como testigo María Elvira Gutierrez-Vierna de Molina, interventora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Su testimonio es relevante debido a un informe que elaboró en 1 diciembre de 2023, en el cual ya señaló irregularidades en la contratación de la empresa Making Science por parte de la cátedra dirigida por Begoña Gómez, indicando que dicha contratación se realizó sin la fiscalización previa requerida, lo que podría acarrear la nulidad del contrato.
Después de ella, a las 10.30 horas, está citada Blanca María Juan de Castro, de la UCM, donde ha colaborado con Begoña Gómez en su famosa cátedra. Juan de Castro fue Coordinadora y Secretaria de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) desde julio de 2020 hasta noviembre de 2023. De Juan acudió en nombre de esta cátedra a varios foros en los que intervino como representante de la cátedra.
Asimismo, Blanca de Juan fue Coordinadora de Másteres en la UCM y durante el mismo período, coordinó el Máster en Dirección de Captación de Fondos Público-Privados para Organizaciones sin Ánimo de Lucro y el Máster en Transformación Social Competitiva. Sus responsabilidades incluían la gestión de alumnos y profesores, desarrollo de contenidos y la mentoría de trabajos finales. Su relevancia en el caso radica en su estrecha colaboración con Begoña Gómez y su participación en decisiones administrativas y financieras relacionadas con la cátedra y los másteres.
Por ejemplo, a Blanca de Juan se le atribuye la organización de un concurso con un plazo de 24 horas para adjudicar un contrato a Deloitte, lo que ha suscitado investigaciones sobre posibles irregularidades en los procedimientos de contratación. De Juan ha reconocido que muchas reuniones de trabajo se realizaban en el Palacio de La Moncloa para facilitar la logística del equipo de seguridad de Gómez, lo que ha generado debates sobre el uso de instalaciones oficiales para actividades académicas.
TURNO DE GOOGLE, TELEFÓNICA E INDRA
A partir de las 11 de la mañana pasarán por la sala del juez Peinado los representantes de Telefonica, Indra y Google. Por Telefonica está citado Sergio Osle, por Indra puede acudir Marc Murtra, Ángel Escribano o José Vicente de los Mozos y por Google Spain podría acudir Fuencisla Clemares, que fue su CEO hasta el año pasado o Lino Cattaruzzi que lo es desde finales de 2024.
El último testigo citado por Peinado es a las 13.00 horas, se trata de Alfredo González Gómez, ex vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno en julio de 2018, que fue quien propuso el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez. Su testimonio es clave para entender las circunstancias de dicha designación. De 2019 a 2020 fue concejal del PSOE en Madrid.
Además de acordar la citaciones de este miércoles, el juez ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil obtener el registro de llamadas telefónicas recibidas por Cristina Álvarez. En concreto, de números vinculados a Barrabés y su grupo empresarial, a la UCM y a otras entidades como el IE, el IE-Africa Center, la Organización Mundial del Turismo, Indra, Google, Telefónica, Reale Seguros, Fundación Caixa, Fundación Manpower y Arsys Internet; así como «con cualquier otra entidad o mercantil que patrocinara los másters o cátedras en las que participó la señora Gómez».
DECLARACIÓN DE ÁLVAREZ COMO TESTIGO
En su declaración como testigo, Cristina Álvarez -que tenía obligación de contestar a todas las preguntas y decir la verdad- explicó que se le había nombrado asesora para ayudar a la esposa de Pedro Sánchez con temas oficiales y privados. Señaló que conocía a Gómez desde hacía tiempo, que ella misma le había contactado para que trabajase en Moncloa como su persona de «confianza» y que no pasó por ningún proceso selectivo.
Según fuentes presentes en el interrogatorio, Álvarez reconoció haber enviados ‘emails’ relacionados con las actividades privadas de Gómez, así como haber mantenido conversaciones con el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM de entonces, Juan Carlos Doadrio.
En el marco de la comparecencia, se le exhibieron correos que obran en la causa en los que se aprecia que realizó gestiones para Gómez con dicha universidad. Ella aseguró que «solo estaba en copia para poder hacer la agenda» de la esposa del presidente.
En el sumario de la causa, al que ha tenido acceso MONCLOA, consta uno de los correos electrónicos en los que dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM, se dirigen a Álvarez para proporcionarle información sobre cómo registrar el dominio de la página web de un máster de la Complutense.
«Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de ‘contrato de cesión de derechos’ a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación», apuntaban el 6 de octubre de 2022.
Dicho correo fue enviado también a la propia Begoña Gómez y a Blanca de Juan, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva que declara este miércoles. En el ‘email’, además, consta un mensaje previo de 7 de septiembre en el que se adjuntaba un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.
Aunque en este caso Álvarez aparece en copia con un ‘email’ de una cuenta personal, en una cadena de correos electrónicos recogida en el sumario de la causa figura con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno, donde firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia.
