Fernando Martín, expresidente del Real Madrid y de la fallida Martinsa Fadesa, que protagonizó el mayor concurso de acreedores de la historia, con 7.500 millones de euros, ha realizado la confesión del pago de 25 millones de euros a la trama Gürtel, encabezada por Francisco Correa, con el fin de obtener un pelotazo en Arganda del Rey en plena burbuja inmobiliaria.
Fernando Martín ha tardado 20 años en confesar esta comisión y lo ha hecho por escrito ante la Audiencia Nacional, que investiga dicho caso. El constructor, imputado en la causa, trata ahora de evitar su entrada en prisión con un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, quien pide una condena a 20 años de cárcel.
En el escrito remitido a la Audiencia Nacional, el expresidente del Real Madrid explica como se realizó la operación y apunta a Correa como el comisionista y jefe de la trama. En su descripción indica que Correa le ofreció su intermediación «ante las autoridades políticas de Arganda» para después reunirse en el hotel Fénix Gran Meliá de Madrid y cerrar los cabos sueltos de la operación y la mordida, según publica El País.
«Se acordó que, a cambio de garantizar la adjudicación a favor de Martinsa, Francisco Correa cobraría de Fernando Martín una dádiva de 25 millones de euros, acordando que 12 millones se abonarían cuando el Ayuntamiento adjudicara las parcelas a Martinsa y el resto conforme avanzara la ejecución, en el bien entendido de que desde el Ayuntamiento no se pondrían trabas», afirma. Los 25 millones son la mayor cuantía de toda la trama.
Fernando Martín desvela, además, que parte del dinero se iba a destinar a concejales y miembros del Ayuntamiento de Arganda, tal y como afirmó el propio Correa a finales de enero. El entonces alcalde de la localidad madrileña también afirmó haber maniobrado a favor de Martinsa.
EL PELOTAZO DE ARGANDA CON UN MIEMBRO DE LA JUNTA DE FLORENTINO PÉREZ
Fernando Martín fue parte de la cúpula directiva del Real Madrid en el año 2000 de la mano de Florentino Pérez en su primera etapa en el club blanco. Estuvo solo dos meses al frente tras negarse a convocar elecciones. En 2007, con la llegada de la crisis, el grupo inmobiliario y constructor comenzó a dar síntomas de agotamiento hasta el concurso de acreedores y suspensión de pagos en 2008, hasta entonces el mayor de la historia de España.
El constructor admite delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho y contra la Hacienda Pública. A sus 77 años pide ahora tres años de inhabilitación, otros tres años y cuatro meses de prisión por el total de delitos y el pago de una multa de más de 270.000 euros.
Al carecer de antecedentes, la justicia podría evitar la entrada en prisión si valora positivamente el acuerdo con la Fiscalía. Y es que, los atenuantes de confesión, dilaciones indebidas y reparación del daño, como el pago de la deuda a la Agencia Tributaria, rebajan la pena.
