Fernando Grande-Marlaska insiste en hundir a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en Cataluña, casi relegados a labores administrativas tras el pacto entre PSOE y Junts, firmado con Carles Puigdemont en Bruselas, quienes proponen ceder a la Generalitat la competencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), devolución de extranjeros y la seguridad en infraestructuras críticas, así como el control de fronteras. Hasta ahora, estas competencias eran exclusivas del Estado, especialmente por el listado conjunto de delincuentes, a la que ahora tendrán acceso también los Mossos d’Esquadra.
El PSOE y Junts harán el traspaso en base al artículo 150.2 de la Constitución, ejecutando al pie de la letra el Plan 2000 de Jordi Pujol, tal y como adelantó hace meses este diario. La excusa esgrimida es que Cataluña «ha sido siempre» una autonomía con numerosa población inmigrante, a la que «ha tenido la capacidad de integrar» en su modelo de «catalanidad». Asimismo, la propuesta afirma que el 18% de la población catalana es extranjera y que el 24% ha nacido fuera de Cataluña. Este porcentaje incluye a los españoles nacidos en otras Comunidades Autónomas.
«La situación en Cataluña determina, de acuerdo con la voluntad de la sociedad catalana, la necesidad de asumir la gestión de dicho fenómeno por parte de la Generalitat de Cataluña y las entidades locales que la integran, como administraciones más cercanas a la población», afirma el acuerdo, sin que en momento alguno se muestre en qué estudios, encuestas o expertos se haya construido el relato de la «voluntad de la sociedad catalana».
JUNTS INSISTE EN LA INTEGRACIÓN EN LA CATALANIDAD
A su juicio, «podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración en el país», obligando así a imponer el catalán a todos ellos, una lengua en retroceso especialmente entre los universitarios. El acuerdo se basa en «un marco de derechos y deberes y el respeto a los derechos fundamentales, que es condición para la cohesión social y el progreso».
Además, Cataluña se configurará como «ventanilla única» en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; así como expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español. También se incrementará el número de Mossos en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.
Cabe recordar que el Gobierno, por boca de la ministra Pilar Alegría y el ministro Marlaska, negaron la verdad sobre este traspaso ante las críticas de la oposición. No ha sido hasta la necesidad de obtener los 7 votos de Junts para mantener la legislatura de Pedro Sánchez en pie.
Los sindicatos policiales han mostrado su oposición a este nueva cesión del PSOE a la Generalitat y estudian medidas legales para frenarlas, dado que la competencia de inmigración es exclusiva. Para hacerlo realidad, el Estado transferirá «los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios» para que Cataluña las pueda ejercer. Solo de este modo la región podrá desarrollar «un modelo propio» con «una política integral», y «todas las fases de la relación de los inmigrantes» con las instituciones catalanas «tendrán una posición determinante» en la legislación europea y española.
CANARIAS PONE EL GRITO EN EL CIELO
En este pacto, el PSOE y Marlaska no han tenido en cuenta a Canarias, como tampoco a Andalucía, la autonomía que pretende gobernar con María Jesús Montero a partir del próximo mes de febrero. El secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, ha acusado este martes al Gobierno de saltarse «todas las normas» con Cataluña para permanecer en La Moncloa, mientras a Canarias le «ponen pegas» para llevar a cabo una distribución extraordinaria de menores no acompañados.
Así se ha pronunciado Toledo, en declaraciones facilitadas a los periodistas, en relación al acuerdo de PSOE y Junts que han registrado en el Congreso una propuesta de Ley Orgánica para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, que incluye la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada.
Para Toledo se trata de «una prueba más de la debilidad» del Gobierno, con concesiones «siempre hacia un territorio en concreto». Para el secretario de Organización de CC, el PSOE «ha demostrado ser tan diligente con cesiones y transferencias de dudosa legalidad», pero también «tan pasivo» en la solución de un drama humanitario que «está atentando contra los derechos» de los menores que llegan en solitario a las costas de Canarias.
«Se han dedicado a poner pegas para una distribución que sí se ajusta a la Constitución, con un informe de la Abogacía del Estado Humano pero se saltan todas las normas para poder garantizar su futuro en La Moncloa. Es una evidencia más de que lo que está ocurriendo en Canarias es una cuestión de voluntad política», ha apostillado.
UNA LEY APROBADA EN BRUSELAS
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha tachado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «florero» tras conocerse el acuerdodespués de que PSOE y Junts hayan llegado a un acuerdo para la delegación de competencias en materia de inmigración. Tras acusar al jefe del Ejecutivo de «desmantelar el Estado» con esta «humillación sin precedentes», ha anunciado que si gobierna revertirá ese pacto.
«Tenemos un presidente del Gobierno de España que es un florero, un florero que lo pone y lo quita el independentismo de Junts», ha declarado en un una atención a los medios antes de su visita al Mobile World Congress (MWC) en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Feijóo ha tachado este pacto textualmente de doble humillación sin precedentes, porque es una competencia exclusiva del Estado y porque se ha pactado fuera de España: «La propia nota de prensa del PSOE habla de que esto se ha negociado en Bruselas».
«Nunca en la historia de las transferencias y delegaciones de competencias del Estado a las comunidades autónomas se pactaron fuera de España, fuera del Gobierno», ha añadido, a la vez que ha recordado que el presidente de Junts, Carles Puigdemont, tiene, en sus palabras, cuentas pendientes en la justicia española.
