La asociación Liberum, personada como acusación popular en el Caso DANA de Valencia, ha recurrido en reforma la personación del PSOE en la causa como acusación popular. Desde Liberum argumentan que este hecho «atentaría contra la propia naturaleza en la condición de imparcialidad y objetividad que se precie en toda fase de instrucción, que no es otra que el conocimiento de la verdad, y en este caso, este grupo político buscaría su verdad».
Además, explica Liberum que «entendemos que miembros del Gobierno del PSOE pueden ser objeto de investigación por este juzgado, al igual que si fuese el PP el que se personase, pues de igual manera, si así lo hiciera este último en calidad de acusación popular, impugnaríamos su propia personación, sobre todo por esa pérdida de objetividad a la que hemos hecho referencia con anterioridad».
La asociación Liberum es apolítica y representa a la sociedad civil en su conjunto y asegura en su escrito que «defendemos la impugnación en base a que está cuestionada la objetividad e imparcialidad de la acusación popular del PSOE, tanto en cuanto pueden ser objeto de investigación las entidades y organismos públicos vinculados al Gobierno del Estado del que el Partido Socialista es el soporte mayoritario, y por supuesto, la misma acción iniciaríamos en el caso de que el Partido Popular se personara también en el mismo procedimiento».
Y defienden su actuación porque «Liberum pone el acento en las víctimas, los verdaderos protagonistas, y no los partidos políticos, los cuales podrían estar implicados en el procedimiento» y se pregunta «¿cómo se justifica por parte del PSOE ese daño en relación a las víctimas fallecidas? ¿Qué daño se le ha generado al PSOE?».
Además, «teniendo en cuenta que estamos en fase de instrucción y en la misma se está investigando la diligencia con la que actuaron determinados entes públicos competentes en dichas materias, ya sea Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Agencia Española de Meteorología (AEMET), Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, etc… dependiendo estos organismo del actual Gobierno, quedaría en entredicho la falta de objetividad de la acción popular ostentada por el PSOE».
Liberum añade que «aún existiendo en la práctica judicial la admisión de la personación como acusación popular de los partidos políticos, esta práctica conlleva, según la doctrina más caracterizada, un serio riesgo de judicialización de la política, en la medida en que transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política».
Y terminan cuestionando «su legitimación y por consiguiente entendemos que, existiendo en esta fase de investigación de las actuaciones un elenco importante de Entes dependientes del grupo PSOE, que pudiera de alguna forma estar presuntamente involucrados en la participación de los hechos considerados delictivos, no procede la condición de Acusación Popular del PSOE en el presente procedimiento, pues, además, su voluntad de colaboración quedaría en entredicho».
Las últimas diligencias ordenadas por la juez que instruye el caso han desvelado el escándalo del CECOPI, a la ausencia de responsables de peso, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que solo se conectó por vía telemática y no apareció por la zona de Bétera hasta el día siguiente, se suma ahora la falta de actas y grabaciones de las reuniones, una de ellas de doce horas de duración. El Ministerio de la Transición Ecológica, en manos de la ahora comisaria europea Teresa Ribera, elevó la alerta por la posible rotura de Forata a «escenario 2», pero no miró por el barranco del Poyo, a pesar de ser de su competencia.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja preguntó al CECOPI, el centro de emergencias y protección de civil coordinado por la Generalitat, el Gobierno, la AEMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y Emergencias, entre otros organismos, las actas de las reuniones y las grabaciones.
La respuesta de la Agencia de Seguridad de Valencia ha sido clara: «No se levantan actas ni se graban sus sesiones es por ello que no consta soporte documental alguno al respecto». La razón es que «no es un órgano colegiado a los efectos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público».
El organismo de la Generalitat ha identificado tan solo una reunión en Webex, la plataforma para poder realizar videollamadas. Aquella conexión se creó a las 16.32 horas y no comenzó hasta cinco minutos después, a las 16.37 horas. Para entonces, el 112 recibió 10.248 llamadas, el 51% del total de las registradas aquel fatídico 29 de octubre.
LA PEOR DANA DEL SIGLO
La Agencia de Seguridad Valenciana organizó la reunión, bajo el título ‘Coordinación emergencia inundaciones‘ y la dejó abierta a todos los participantes. El primer participante se conectó a las 16.37 horas. Este primer participante, no identificado, accedió a la sala virtual antes que el organizador. La reunión tuvo lugar hasta las 04.19 horas del 30 de octubre, momento en el que se cerró y tan solo estaban conectados siete usuarios.
«A lo largo de la reunión del CECOPI, la CHJ comunicó que no se podía garantizar la estabilidad de la presa (de Forata) y que corría riesgo de pasar a situación 3». Este nivel de emergencia es el riesgo máximo e inminente colapso de la infraestructura crítica en menos de tres horas. La comunicación se realizó en la reunión del CECOPI, sobre las 17.00 horas, pero no fue hasta las 18.05 horas cuando se realizó la comunicación oficial y por escrito por parte de la CHJ, presidida por el desaparecido Miguel Polo, al Centro de Coordinación de Emergencias y otras entidades. En aquella comunicación se declaró el nivel 2 en la presa de Forata.
«Se indicaba textualmente que la presa iba a alcanzar en el periodo de las 13.00 horas siguientes el nivel de avenida extrema, lo que implicaba vertidos por coronación significativos», explica el CECOPI en su respuesta a la titular del Juzgado de Instrucción de Catarroja. Tal y como apuntó Moncloa.com, Forata tuvo que desaguar a la máxima capacidad, es decir, 1.100 m3/h, el máximo caudal admitido por la infraestructura crítica.
Todos los ojos estaban puestos allí debido a los aportes de más de 2.000 m3/h que entraban en el embalse. No obstante, nadie miró a los barrancos del este de Valencia, ni tampoco a la presa de Buseo, dañada y desbordada en muy poco tiempo.
«Ante este aviso el Centro de Coordinación de Emergencias de la GVA, procedió a comunicar mediante el informe masivo de FAX a los municipios afectados el aviso de riesgo en la Comunitat Valenciana de emergencia por activación del plan de presa a las 18.10 horas», comunica el organismo a la juez. Para esa hora, el 112 recibió 14.125 llamadas, el 71% del total.
Justo a las 18.00 horas, mientras el CECOPI andaba preocupado por la presa de Forata y mandó un total de medio centenar de faxes y mails, la mayoría de las 224 víctimas mortales perecía en la zona del barranco del Poyo, desde Chiva a Benetúser. La peor parte se llevó Paiporta, como también el barrio de La Torre y Sedaví, pero en todos los municipios a lo largo del barranco se registraron fallecidos. Para esa hora, las estaciones de tren y metro estaban anegadas o directamente las vías y puentes ferroviarios desaparecieron, como ocurrió con carreteras y pasos elevados.
