Las calles de nuestras ciudades se han transformado radicalmente en los últimos años con la proliferación de vehículos de movilidad personal. La DGT ha intensificado sus esfuerzos por regular estos nuevos medios de transporte que comparten espacio con peatones y automóviles tradicionales, estableciendo normativas cada vez más estrictas. Mientras muchos conductores desconocen ciertos detalles de la legislación vigente, las autoridades mantienen una vigilancia constante sobre determinados elementos de seguridad cuya ausencia puede acarrear severas sanciones.
El panorama urbano español ha experimentado una auténtica revolución con bicicletas y patinetes eléctricos conquistando el asfalto como alternativas sostenibles. Sin embargo, esta libertad de movimiento conlleva responsabilidades que muchos usuarios ignoran o minimizan, especialmente cuando se trata de menores de edad circulando por nuestras ciudades. Las normativas actuales contemplan penalizaciones contundentes que pueden suponer la pérdida inmediata de seis puntos del carnet de conducir para adultos responsables, una medida que busca proteger a los más vulnerables mediante el cumplimiento estricto de las normas de seguridad vial, algo que debería ser prioritario para todos los ciudadanos independientemente de su edad o medio de transporte.
3NORMATIVA ACTUAL: CONFUSIONES FRECUENTES QUE TE PUEDEN COSTAR CARO

La legislación sobre movilidad personal ha experimentado numerosas modificaciones en los últimos años, generando cierta confusión entre los ciudadanos. La DGT ha clarificado recientemente que la obligatoriedad del casco para menores de 16 años es absoluta en todo tipo de vías urbanas, sin excepciones para parques, carriles bici o zonas residenciales donde muchos padres erróneamente consideran que la normativa es más laxa o que el riesgo de accidente es menor.
Otra confusión habitual concierne a la responsabilidad legal. Muchos adultos desconocen que son ellos quienes asumen las consecuencias de las infracciones cometidas por los menores a su cargo. La DGT considera que la supervisión adecuada incluye garantizar que el menor utilice todos los elementos de seguridad obligatorios, trasladando la penalización al adulto responsable cuando se constata una negligencia en este sentido, especialmente en lo referente al uso del casco como elemento protector fundamental. Esta transferencia de responsabilidad busca implicar activamente a padres y tutores en la educación vial de los más pequeños, convirtiendo la seguridad en un asunto familiar y no meramente individual.