Hazte Oír denuncia el apagón histórico en España ante la Comisión Europea, que ha dejado al menos ocho muertos. En su escrito, al que ha tenido acceso MONCLOA, la asociación y acusación popular en el caso Koldo, caso del hermano de Pedro Sánchez y en el caso de Begoña Gómez, apunta a la «grave vulneración del derecho de la Unión Europea por parte del Reino de España en materia de seguridad del suministro energético, protección medioambiental y salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos».
A su juicio, la infracción se deriva de una «transición energética temeraria» y con una gestión politizada sin perspectiva realista así como y el abandono deliberado de medidas técnicas esenciales para garantizar la capacidad real y el óptimo funcionamiento de la red eléctrica. En este sentido, apunta que las «consecuencias ya materializadas en forma de uno de los mayores apagones en la historia reciente de Europa así como el único gran apagón de España el pasado 28 de abril de 2025, afectando a decenas de millones de ciudadanos y comprometiendo gravemente la estabilidad del mercado eléctrico interior».
«Todo ello sin obviar los fallecidos como consecuencia de no haber podido acceder al sistema de red eléctrica», ha indicado. En este sentido, la asociación se acoge al propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), como es la seguridad del suministro. Así, destaca que la propia normativa exige a los Estados miembros «garantizar condiciones de vida dignas, acceso estable a bienes esenciales y protección efectiva de los derechos fundamentales».
De esta forma, recuerda que los Estados miembros deben dar garantía del funcionamiento seguro del sistema energético y llevar a cabo una evaluación de los riesgos sistémicos y prevenir fallos en cascada, tal y como firmó España en 2019. El escrito de denuncia pone de manifiesto que el apagón estaba previsto, pero no se pusieron las medidas suficientes para evitar el ‘cero’ eléctrico, que dejó a decenas de millones de españoles afectados, así como a Portugal y parte de Francia.
A juicio de Hazte Oír, «no fue un evento imprevisible», sino «la consecuencia de una planificación energética negligente». En su denuncia, apunta que la transición energética en España hacia un modelo casi exclusivo de energías renovables, sin respaldo suficiente ni almacenamiento, «debilitó la estabilidad técnica». En el momento del apagón, según los datos de Red Eléctrica, el 78% de la generación procedía de fuentes solares y eólicas. Apenas un 3% provenía de generación térmica «capaz de proporcionar inercia y respuesta autónoma».
EL HITO DEL 100% DE LAS RENOVABLES AL APAGÓN
La práctica ausencia de centrales térmicas y nucleares no pudieron contrarrestar las oscilaciones de frecuencia (50 Hz) provocando una ruptura generalizada. «Este escenario había sido advertido ya en 2017 por ENTSO-E1 y en 2022 por modelizaciones específicas del sistema español», según destaca la asociación. En este sentido, ha señalado que «se vienen realizando pruebas carentes de rigor técnico y planificación adecuada desde hace más de quince días, con el único atenuante de que los picos energéticos generados han podido ser absorbidos, en su mayoría, por el sistema eléctrico francés».
Este tipo de ensayos son habituales. En abril de hace dos años se operó durante más de nueve horas con un suministro íntegramente basado en fuentes renovables, hecho que fue presentado como un hito. El 16 de abril se intentó replicar dicha operación, recurriendo nuevamente al 100% de energías renovables, tal y como comunicó el operador.
No obstante, sin garantías técnicas ni evaluaciones de impacto, el proceso conlleva altos riesgos, como ocurrió el pasado lunes 28 de abril, y se asemeja «más a un experimento de alto riesgo, con implicaciones potenciales para la estabilidad del sistema energético nacional, en lo que podría calificarse como una suerte de Chernóbil moderno y ecoresiliente».
Solo días antes del apagón, el Gobierno español y Red Eléctrica de España (REE) anunciaron otro hito más. El sistema energético funcionó con renovables en día laborable, «sin reconocer las consecuencias de operar en condiciones de extrema fragilidad».
LA SEGURIDAD ENERGÉTICA Y VIOLACIÓN DE DERECHOS
Lejos de explicar los motivos y señalar concretamente el supuesto problema en una central del suroeste de España, el Ejecutivo de Pedro Sánchez persiste en la decisión de no reactivar las centrales nucleares tras el apagón histórico. Aún así, el Gobierno y REE comprometieron, según la denuncia, la seguridad energética e hídrica a corto y medio plazo, respectivamente, «aumentando el riesgo de sequías severas en España en los próximos meses». En este sentido, consideran que es «una flagrante violación de los principios de desarrollo sostenible recogidos en los Tratados de la UE.
La denuncia también se hace eco del informe de riesgos de E&Y para Red Eléctrica, firmado el pasado 20 de febrero, y en el que se «advierte de forma clara y taxativa sobre las consecuencias del cierre de centrales nucleares». «Mayor dificultad en la operación del sistema: reducción de potencia firme y capacidades de balance y mayor riesgo de incidentes en la operación que puedan afectar al suministro», apuntó la auditora a la CNMV.
«El contenido evidencia que eran plenamente conscientes de los riesgos operativos sistémicos derivados de la retirada progresiva de capacidad nuclear, y sin embargo, no se adoptaron las medidas correctivas necesarias para preservar la seguridad de suministro, lo que podría constituir una grave omisión de sus deberes de diligencia regulatoria y previsión técnica», señala la denuncia de Hazte Oír.
«Lo que se denuncia en este escrito, es precisamente que con toda la información, con tiempo suficiente para la prevención del mismo y con los medios para prevenirlo, no sólo no se hizo un intento de prevenirlo sino al contrario, pareciera que hicieran un intento de hacer que sucediera», destaca.
EL APAGÓN ERA PREVISIBLE, PERO NO SE ACTUÓ
A pesar de los riesgos explícitamente advertidos en informes técnicos y financieros, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la presidente del operador del sistema eléctrico, Beatriz Corredor, aseguraron con una «convicción religiosa» que no habría riesgo alguno de apagones en el marco de la transición energética en curso.
Así las cosas, la asociación Hazte Oír considera que gran parte de la tragedia «se habría evitado si, en lugar de designar a personas cuya principal cualificación parece limitarse a su adscripción partidista como es el caso de Beatriz Corredor, se hubiese nombrado a profesionales competentes y con experiencia acreditada en la materia y sobre todo, si se hubiera hecho caso de las comunicaciones que se llevan haciendo durante años por parte de diferentes órganos de expertos».
«Las autoridades competentes hicieron caso omiso de las advertencias contenidas en las mismas, lo que ha derivado en consecuencias gravemente perjudiciales. Además, es importante destacar que, al desconectarse de la red, las centrales nucleares pasan a alimentarse de ella», puntualiza.
Durante el apagón, sus sistemas de emergencia se activaron automáticamente, entrando en funcionamiento los generadores diésel para abastecer todos los sistemas esenciales y de seguridad, tal y como confirmó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Las consecuencias del apagón pusieron en peligro no solo la seguridad, sino también la salud, la vida y los bienes de millones de ciudadanos. «Esta situación no solo revela un fallo técnico de primer orden, sino que ha generado un colapso funcional de los servicios esenciales del Estado, con impactos que exceden el plano energético y entran de lleno en el ámbito de los derechos fundamentales protegidos por la Unión Europea», señala.
DECENAS DE PACIENTES EN UCI PERDIERON RESPIRADORES
El apagón y los cortes de luz posteriores afectaron a «decenas de pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI) perdieron acceso a respiradores automáticos y monitores críticos, dependiendo exclusivamente de generadores auxiliares que en muchos casos no respondieron adecuadamente». En Madrid, Valencia, Zaragoza y Sevilla se suspendieron cirujías, dejando a «pacientes en situación de riesgo vital inmediato, según fuentes médicas».
El colapso total del sistema de emergencias 112 impidió la coordinación de ambulancias, bomberos y policía, agravando decenas de situaciones críticas y generando una incapacidad operativa del Estado para atender a sus ciudadanos. «Personas atrapadas en ascensores, vagones de metro, trenes y aeropuertos, incomunicadas y en condiciones extremas de calor y hacinamiento, sufrieron crisis de ansiedad, desmayos y complicaciones médicas que no pudieron ser asistidas a tiempo».
Así, según el CSN, «estas situaciones constituyen indicios razonables de que el apagón ha causado lesiones graves, deterioros físicos irreversibles e incluso fallecimientos». En el caso de los decesos ocurridos como consecuencia de la ausencia de red eléctrica, debe tenerse en cuenta que se trata, en algunos casos, de personas en situación de extrema vulnerabilidad por enfermedades que requerían poder tener conectada maquinaria a dicha red.
«El apagón provocó que las máquinas que mantenían con vida a estas personas no pudieran operar con normalidad. A fecha de hoy, si bien la triste cifra podría incrementarse, se ha tenido conocimiento a través de diferentes medios de comunicación del fallecimiento de, al menos, ocho personas», indica.
EL APAGÓN PROVOCÓ MUERTES Y DEJÓ A MILES DE PACIENTES AFECTADOS
«¿Por qué nadie se percató de poner sistemas de protección y reserva de capacidad eléctrica para las personas más vulnerables?», reflexiona Hazte Oír en su denuncia. Así las cosas, denuncia una «violación frontal de derechos fundamentales, recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros»; «el abandono institucional de miles de personas durante situaciones de emergencia, así como la expulsión forzada de ciudadanos de recintos estatales, representan una grave contradicción a este principio rector del Derecho europeo»; y se vulneró el «derecho de toda persona a su integridad física y psíquica, especialmente cuando enfermos, niños, personas mayores o dependientes son expuestos a condiciones extremas sin la debida asistencia».
También los relativos a la «protección de la salud, ya que la interrupción masiva de servicios sanitarios, quirúrgicos y de urgencias no solo atenta contra este derecho fundamental, sino que además pone en riesgo directo la vida de los ciudadanos».
«Lejos de actuar con diligencia, las autoridades han antepuesto intereses ideológicos a la estabilidad del sistema y a la seguridad de las personas, desatendiendo sus obligaciones como miembros de la Unión», prosigue. Por lo que insta a la «actuación inmediata de la Comisión Europea, en defensa del orden jurídico común y de los derechos fundamentales de millones de ciudadanos expuestos a riesgos evitables».
En este sentido, instan a realizar una auditoría, requerir todos los informes de las actuaciones llevadas a cabo tras el apagón ocurrido el lunes 28 de abril; las herramientas y sistemas de prevención de situaciones de apagón como el acontecido, sobre todo aquellas llevadas a cabo tras los informes mencionados en esta denuncia como el de la CNMV o el del ENTSO-E; e iniciar «un procedimiento de infracción contra España por vulneración de los artículos 2 y 3.3 del TUE, 194 y 191 del TFUE, así como de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión».
Por último, considera imperable «suspender el calendario de cierre de centrales nucleares, al menos hasta garantizar el reemplazo técnico mediante sistemas equivalentes de respaldo y estabilidad, así como quite los impuestos a la misma».
Además, «crear una mesa de trabajo en la que se analice de manera técnica y no politizada un informe con todas y cada una de las obligaciones técnicas vinculantes para asegurar el óptimo funcionamiento del sistema: inercia, almacenamiento, y capacidad de respuesta automática ante oscilaciones».
