Este pasado miércoles 30 de abril entraba en la Oficina de Registro y Reparto de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional la primera denuncia privada, aparte de la investigación ya iniciada por el magistrado José Luis Calama, contra los responsables del apagón sufrido el 28 de abril.
La denuncia interpuesta por la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica) se apoya en un informe jurídico técnico elaborado por el doctor y perito Miguel Gallardo, presidente de la citada asociación. Hay que recordar que durante el apagón al menos cinco personas perdieron la vida en incidentes relacionados con el mismo.
El punto cuarto de la querella que hace referencia a las «obligaciones nacionales» se apoya en que «además del Derecho Europeo, la legislación española (Ley 8/2011 y RD 704/2011) exige protección y vigilancia específica de las infraestructuras críticas y prevención de sabotajes informáticos (arts. 264 y siguientes del Código Penal)». Además, los querellantes mencionan «la falta de resiliencia, de respuesta o de respuesta o de prevención podría implicar responsabilidades administrativas, civiles o penales tanto de operadores (REE) como de responsables públicos».
EL APAGÓN ENCAJA CON EL CONCEPTO DE CRISIS
Las conclusiones a las que llega la denuncia penal son que «el apagón eléctrico encaja plenamente en el concepto de crisis de electricidad prevista en la normativa europea» y que «la protección deficiente de infraestructuras críticas constituye una grave vulneración del Derecho de la Unión Europea».
Apedanica pide la práctica de varias pruebas, como un «requerimiento inmediato de todos los expedientes europeos sobre REE y la seguridad eléctrica española», el «examen técnico y pericial de los informes de REE, RTE (Francia) REN (Portugal) y ONEE (Marruecos)» y una «eventual remisión de actuaciones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por una infracción grave del Derecho Europeo». No obstante, la asociación también ha presentado una copia de la misma denuncia ante las instancias europeas.
El informe adjuntado a la denuncia tiene por objeto «reforzar la denuncia penal presentada contra quienes resulten responsables del apagón eléctrico nacional ocurrido en España el 28 de abril de 2025» y hace referencia al auto de incoación de diligencias dictado por el Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, donde se constata una serie de hechos.
Entre estos hechos que hubo «una pérdida súbita de 15 GW, 60% del consumo nacional, en cinco segundos, la afectación a infraestructuras críticas (salud, energía, transporte, etc.)» y que recibió una «consideración de posible ciberterrorismo como causa de los hechos (arts. 573, 197 bis y 264 CP).
Para el autor del informe hubo un «posible encubrimiento o negligencia institucional».
LA AUDIENCIA YA INVESTIGA EL APAGÓN
La denuncia puede recaer en el Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional al haber ya una investigación iniciada por el juez Calama el pasado día 29 y pedir al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que emita un informe sobre un posible sabotaje como causa del apagón del 28 de abril.
En un auto, el magistrado acordó como primeras diligencias a realizar requerir al Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a Red Eléctrica Corporación SA la elaboración de sendos informes para que en un plazo improrrogable de diez días indiquen la o las causas que motivaron el apagón. Del mismo modo, solicitaba a la Jefatura de Información de Policía para que, también en un plazo de diez días, «presente informe preliminar sobre los hechos acontecidos».
El juez explica que el incidente del lunes supuso «una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos». El auto recogía también la explicación facilitada por el Gobierno de que «se han perdido» de forma súbita durante 5 segundos 15 GW de la energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al 60 por ciento de la luz que se estaba consumiendo, siendo «algo que no había ocurrido jamás».
Calama indicaba que, si bien en este momento la causa de los hechos resulta desconocida, «el ciberterrorismo se encuentra entre unas de las posibles». Por tanto, resultaba necesaria, según el juez, la apertura de una investigación judicial.
Calama también hacía referencia a que el «Informe sobre ciberamenazas y tendencias de 2017 del Centro Criptológico Nacional afirmaba que el mayor peligro es el ataque con origen en estados extranjeros. Así ocurrió en el caso de los ciberataques a compañías de electricidad de Ucrania que, en 2016 ocasionaron un apagón, provocando que millones de personas se quedaran sin energía eléctrica».
Por eso Calama requería al CCN «la emisión de un informe sobre los hechos que en el día de ayer motivaron el cese de suministro eléctrico en el territorio peninsular y concretamente sobre la causa o causas que motivaron la pérdida súbita, durante cinco segundos, 15 GW de la energía que se estaba produciendo en ese momento».
Calama también encomendaba a la Comisaría General de Información de Policía Nacional «la investigación de los hechos objeto de la presente causa, con presentación de un informe preliminar en el plazo de diez días».
