La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado abrir una causa penal al eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, por los mensajes dirigidos a través de Telegram contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert. Se ha designado instructor por el turno establecido al magistrado Juan Ramón Berdugo.
El tribunal basa su decisión en la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Valencia, que incoó diligencias tras la denuncia interpuesta por la fiscal Susana Gisbert contra Alvise por un presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones y/u odio a través de redes sociales.
En su denuncia, la fiscal daba cuenta de unos mensajes que se habían divulgado en su contra en un chat de Telegram y que habían favorecido que personas desconocidas le remitieran múltiples mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes sociales en las que la denunciante está registrada.
La Sala acuerda abrir una investigación al eurodiputado al considerar que la actuación del denunciado puede responder a las previsiones normativas del tipo penal de acoso, conocido como stalking, «pues su llamada a que un grupo cercano a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión hacia la denunciante, y el hecho de que el denunciado insistiera en esa reacción después de que muchos de sus seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal denunciante y su familia, recogiendo en su segundo llamamiento incluso que era consciente de que «ahora las perseguidas son ellas», muestra indiciariamente que pudo existir una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima, a partir de la persecución que pudieran desplegar las centenares de personas que asumieran su reto».
El auto explica que «la Fiscalía del Tribunal Supremo, con ocasión del informe emitido el 18 de febrero de 2025, se mostró favorable a que esta Sala se declarara competente para conocer de los hechos descritos, considerando que los hechos podían ser constitutivos de un delito de odio, amenazas, coacciones e injurias y poder derivarse responsabilidad penal contra Luis Pérez Fernández, en la actualidad diputado del Parlamento Europeo».
Asimismo, el auto del Supremo recoge «en el seno de las diligencias remitidas por la Fiscalía Provincial de Valencia se recogía un oficio de la Brigada Provincial de Información de esa capital en el que se daba cuenta de que, a través del canal de Telegram denominado «Alvise Pérez Chat» (…) el día 28 de enero a las 18:38 horas, su administrador había publicado lo siguiente: «aquí tenéis el organigrama completo con nombre y apellidos de las personas responsables de la persecución ideológica llamada “delitos de odio”. Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN. Están organizados por ciudades. Busquemos sus identidades».
A este texto le acompañaba una imagen de Susana Gisbert Grifo; «la responsable en Valencia de haber exigido 3 años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra «inmigración» e «invasión» juntas», añadiéndose a continuación una fotografía de la fiscal mencionada».
Los agentes también daban cuenta de que esa declaración, realizada de manera pública, «había producido la reacción inmediata de muchos de los 40.000 seguidores del canal, quienes efectuaron más de 1.500 comentarios contra la actual fiscal delegada de delitos de odio de Valencia, en gran medida con contenidos insultantes o expresando la voluntad de perseguir o atacar a la fiscal en cualquiera de los lugares que frecuentara, atacar su casa, hacerla la vida imposible o abordar ataques contra ella en presencia de su familia; divulgándose también su perfil de Instagram o el de su hija, además de su perfil de Facebook o Twitter, para que los usuarios pudieran dirigirse a ella y divertirse».
