La juez que instruye la causa por los 229 fallecidos el pasado mes de octubre de 2024 a consecuencia de la DANA que asoló Valencia ha aceptado el recurso de apelación presentado por una de las acusaciones populares, la asociación Liberum, para que se citen como testigos «al alcalde de Algemesí, a los técnicos de la CHJ, Ricardo Domínguez Lillo, Manuel Torán Busutil e Ignacio Valero Garcés». Esta acusación pedía la declaración de estos testigos tras las manifestaciones en sede judicial de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia, por encontrar presuntas contradicciones en sus manifestaciones.
La juez había denegado el intento de Liberum para que Pilar Bernabé fuese imputada, pero la decisión de la juez Nuria Ruiz deja abierta otra puerta a una nueva petición después de escuchar a estos testigos. El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchís, ya ha declarado sentirse tranquilo y que acudirá cuando sea citado. Los otros testigos citados son Ricardo Domínguez, jefe de servicio de Policías de Aguas; Manuel Torán es director técnico y jefe de Área de calidad de las aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) e Ignacio Valero es el jefe del Sistema Automático de Información Hidrológica de la misma CHJ.
Hay que recordar que en el pasado mes de abril Pilar Bernabé declaró ya en sede judicial que en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) del 29 de octubre de 2024 solo se habló de un posible desborde de la presa de Forata como mayor punto de riesgo aquel día y nadie habló del Barranco del Poyo. Ella se conectó on line a la reunión desde la Delegación de Gobierno a pesar de vivir a 15 minutos de distancia de la sede de este organismo. La delegada del Gobierno también dijo, a preguntas de la juez, que se puso en contacto con alcaldes de los «pueblos colindantes» para advertirles del riesgo, entre ellos el de Algemesí, supuestamente. Por eso tanto la declaración del primer edil como de los técnicos de la CHJ son ahora importantes.
IMPUTACIÓN DE LA DELEGADA DEL GOBIERNO
Liberum había pedido la imputación de la delegada del Gobierno por varias causas, entre ellas la de «no advertir a la población» ni «solicitar la declaración de emergencia» al Gobierno central por la inminente catástrofe que se les echaba encima. La DANA dejó 229 muertos y la primera alerta llegó a las 8 de la tarde del 29 de octubre de 2024.
Los denunciantes invocaban el artículo 12 de la Red de Alerta Nacional de Protección Civil que recoge que «la gestión de la Red corresponderá al Ministerio del Interior a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil».
El mismo artículo también dice que «los órganos competentes de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas serán cauce tanto para la información de las emergencias de protección civil al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil, como para la transmisión de la alerta a quien corresponda».
Para Liberum esto significa que «el texto reconoce la cooperación entre el Ministerio del Interior y los órganos competentes de las comunidades autónomas (…) emergiendo así resposabilidades recíprocas, pero en ningún caso, excluyentes para la una o la otra, in limine (al comienzo de un acto judicial)».
Los denunciantes incidían también en la declaración o mejor dicho en la no declaración de estado de emergencia en la autonomía valenciana y explican que el artículo 29 de la Ley 17/2015 faculta al ministerio del Interior para hacer este tipo de declaraciones «a petición de la delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma, que en este caso corresponde justamente con la declarante doña Pilar Bernabé García».
Por estos hechos y otros resumidos es por lo que Liberum pide «sin ánimo de minimizar las responsabilidades penales de los representantes competentes de la Generalitat, no puede obtenerse la coexistencia de responsabilidades compartidas con la Administración del Estado, en el caso que nos ocupa, y bajo las competencias de este Ilmo Juzgado de Instrucción, las correspondientes a la Delegada del Gobierno, Doña Pilar Bernabé García, quien de su declaración se deduce no solicitó al Ministro del Interior, la declaración de emergencia nacional en el momento oportuno y por tanto, por sus acciones u omisiones debe ser investigada por los argumentos contenidos en el cuerpo de este escrito. Ante la pregunta de si informó a su superior jerárquico, reconoció que no».
EL GOBIERNO SE REUNIÓ A LAS 11 DE LA NOCHE
Los denunciantes ampliaban la responsabilidad a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) puesto que «la CHJ tiene responsabilidad también de la gestión de la crisis, máxime porque hay que recordar que uno de sus representantes más destacados asistió al CECOPI aquella tarde del día 29 de octubre de 2024, y no advirtió, por ejemplo, del correo de las 18.43 horas que alertaba de la situación gravísima que se estaba produciendo en el Barranco del Poyo, orbitando principalmente la gestión en el posible colapso de la presa de Forata, tal y como ha reconocido la Delegada del Gobierno en su declaración».
La cuestión es que nadie leyó ese aviso o nadie advirtió de él y en eso inciden desde el escrito de Liberum, ya que «llama la atención de la declaración de la Delegada del Gobierno que reconociera del desbordamiento de Utiel por los medios de comunicación y a la vez, se pretenda defender que la CHJ comunicaba a tiempo real la situación de los embalses (…) y más llamativo es que, ante la pregunta sobre el correo de la CHJ e las 18.43 h que advertía sobre el Barranco del Poyo, no contestara si leyó este aviso ni cómo se comunicó (…). Lo único que dijo al respecto es que «no estaban comunicados»».
LA DELEGADA DEL GOBIERNO SE ENTERÓ MÁS TARDE
Es más, la propia Pilar Bernabé admitió durante su declaración en sede judicial que ella «no conoció este mensaje (el último a las 18.43 horas) «hasta mucho más tarde». El representante de la CHJ que estaba en el CECOPI tampoco lo informó», continúa el escrito y recuerda que «la riada con sus trágicos resultados en el Barranco del Poyo según narran las víctimas acontece a partir de las 17.00 horas principalmente, coincidente con el alivio de la presa de Forata».
Por todo ello desde la Asociación Liberum pide que se modifique la condición procesal de Bernabé de testigo a investigada. Que se llamase a testificar al alcalde Algemesí, José Javier Sanchís y a varios testigos más que trabajan en la CHJ. Pero la juez denegó esta primera posibilidad, aunque tras el recurso de apelación ahora sí acceder a realizar las testificales pedidas por Liberum,
