Las aceras y calzadas de nuestras ciudades se han llenado de un nuevo protagonista silencioso y veloz: los patinetes eléctricos. La OCU ha puesto el foco recientemente en este fenómeno, alertando sobre una realidad mucho menos amable que la simple conveniencia que aparentan estos vehículos de movilidad personal (VMP). Detrás de la moda y la aparente solución de movilidad urbana se esconde una maraña de irregularidades y engaños que ponen en jaque la seguridad de los usuarios y la de los peatones, convirtiendo lo que debería ser un avance en un potencial quebradero de cabeza para muchos ciudadanos desprevenidos que buscan alternativas al transporte tradicional o simplemente una forma más ágil de moverse por la urbe contemporánea.
La proliferación descontrolada de estos aparatos ha traído consigo un caldo de cultivo perfecto para el timo y la negligencia, un escenario donde la falta de información clara y una regulación a veces confusa dejan al consumidor desprotegido frente a prácticas comerciales dudosas y productos de calidad ínfima. Desde problemas graves de seguridad en su construcción hasta la incertidumbre sobre la necesidad de seguros obligatorios o las dificultades con las homologaciones pertinentes, el panorama es más complejo y espinoso de lo que parece a simple vista cuando uno se decide a adquirir uno de estos populares vehículos. Es hora de desgranar qué hay de verdad en esta jungla sobre ruedas que ha conquistado el asfalto español, analizando los puntos críticos que todo usuario potencial o actual debería conocer para evitar sorpresas desagradables y riesgos innecesarios.
3¿SEGURO OBLIGATORIO? LA GRAN INCÓGNITA QUE ACECHA AL BOLSILLO

El debate encendido sobre la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil para patinetes eléctricos lleva tiempo sobre la mesa de reguladores y asociaciones, generando una notable incertidumbre entre los miles de usuarios que pueblan las ciudades españolas. A día de hoy, salvo excepciones muy concretas vinculadas a actividades económicas como el alquiler o el reparto, no existe una obligación generalizada de aseguramiento para los VMP particulares, pero la presión social creciente, el aumento de la siniestralidad y las recomendaciones de organismos como la OCU apuntan inequívocamente hacia una futura regulación más estricta en este sentido. La falta de cobertura en caso de accidente con daños materiales o personales a terceros es una preocupación fundamental y creciente entre la ciudadanía.
Esta indefinición legal actual deja a muchos usuarios en un incómodo limbo jurídico y económico, dudando sobre si contratar proactivamente un seguro de responsabilidad civil voluntario o esperar a una normativa estatal que podría llegar a encarecer notablemente el uso y mantenimiento del VMP. La OCU ha analizado en profundidad las distintas pólizas disponibles en el mercado asegurador y alerta sobre la necesidad imperiosa de comparar coberturas detalladamente, franquicias aplicables y precios finales, ya que el abanico de opciones y exclusiones contractuales puede ser complejo y llevar a contratar productos inadecuados, insuficientes o con letras pequeñas que limitan drásticamente la protección real ofrecida al usuario.