El incesante rugido de un tubo de escape modificado puede resultar placentero para algunos conductores, pero se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para vecinos y autoridades en toda España. La DGT ha intensificado su campaña contra los vehículos que generan contaminación acústica excesiva, implementando medidas más severas que pueden dejarte sin coche y con el bolsillo considerablemente más ligero. Los controles se han multiplicado en las carreteras españolas durante los últimos meses, especialmente en zonas urbanas y residenciales donde las quejas vecinales no han dejado de aumentar.
Las modificaciones en los sistemas de escape se han popularizado entre ciertos grupos de conductores que buscan un sonido más deportivo o agresivo para sus vehículos. Sin embargo, estas alteraciones suelen superar los decibelios permitidos por la normativa vigente, lo que constituye una infracción que la DGT persigue con creciente determinación. Los agentes de tráfico disponen ahora de sonómetros homologados que permiten medir con precisión el nivel de ruido emitido por cada vehículo, facilitando la identificación inmediata de aquellos que no cumplen con la legislación.
2LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE CIRCULAR CON UN ESCAPE RUIDOSO

Las sanciones económicas por circular con un sistema de escape que sobrepasa los límites acústicos establecidos oscilan entre los 200 y los 500 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. La cuantía exacta viene determinada por diversos factores, como el nivel de decibelios registrado o la reincidencia del conductor en este tipo de infracciones, pudiendo incrementarse considerablemente en casos extremos. Esta política sancionadora de la DGT responde a la creciente preocupación social por la contaminación acústica en entornos urbanos.
No obstante, la penalización económica representa solo la primera consecuencia para el infractor. Las disposiciones actuales contemplan también la posibilidad de inmovilización inmediata del vehículo cuando este supera significativamente los límites permitidos. En tales casos, el conductor deberá asumir los costes de grúa y depósito mientras soluciona el problema técnico, lo que puede incrementar notablemente el desembolso total. Los técnicos de la DGT estiman que el coste medio de estas situaciones, incluyendo la multa, los gastos de inmovilización y la posterior reparación del sistema de escape, puede superar fácilmente los 1.000 euros.