Arancha González Laya recala en el consejo de Red Eléctrica, cotizada en el Ibex 35 bajo el nombre de Redeia. El Gobierno de Pedro Sánchez premia a la exministra de Asuntos Exteriores con un blindaje superior al de un ministro, con un sueldo de 100.000 euros y en una empresa que se encuentra en el foco por el apagón histórico del pasado 28 de abril.
El PSOE no solo gana un sillón más, sino que elimina también al hombre fuerte del PP en la compañía. De esta forma, controlará la mayoría del consejo con siete asientos, impidiendo así posibles derrotas en caso de que Beatriz Corredor sea apartada del cargo de presidenta. El Ejecutivo tiene ahora mismo el 20% de la compañía a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), mientras que los accionistas privados tienen prohibido superar el 5% de la empresa de gestión pública, por más que Pedro Sánchez la denomine «operador privado». Y es que, Corredor no puede cobrar más de 560.000 euros brutos anuales. Es el mismo caso que ocurre también con Aena o Renfe, los sueldos están limitados.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez la repesca tras ser cesada por exigencia de Marruecos debido al tratamiento médico dado en Zaragoza al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. En un vuelo clandestino aterrizó en suelo español, para después salir de España de forma pública tras la ‘pillada’ de los servicios de inteligencia marroquíes.
GONZÁLEZ LAYA, DEL CESE A LA REPESCA CON SUELDAZO
El incidente tuvo consecuencias y las aguas se calmaron tras su cese. En septiembre de 2021, recaló en el Comité de Sabios sobre el Futuro de la Unión Aduanera, para después ser nombrada decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París en febrero de 2022.
El fichaje de González Laya en la empresa pública es uno de los cargos gestionados por el Estado con mayor remuneración, por encima de un ministro y a la altura de los sueldos de los alcaldes de Madrid y Barcelona.
La exministra sustituirá a José María Abad, nombrado en 2021 por propuesta del PP, una persona conocedora del mercado energético, pero cuyo mandato expira este próximo mes de junio. En el consejo de Red Eléctrica, el PSOE lo tiene copado con expolíticos sin experiencia en energía y con una enorme tendencia ideológica hacia las renovables, a pesar de que los expertos apuntan a la fotovoltaica asíncrona como origen y causa del apagón, un hecho que el Gobierno niega y que busca culpables entre desconocidos ciberdelincuentes, las eléctricas e incluso el PP, al que acusa de «carroñerismo» por destapar las vergüenzas.
EL SABOTAJE COMO ARGUMENTO DE TODOS LOS MALES
Asimismo, en Red Eléctrica afirman que el foco del problema estuvo en una central del suroeste, pero siguen sin dar explicaciones exactas a la ciudadanía, ni tampoco asumen responsabilidades. Corredor se negó a dimitir, mientras se conoce que es imposible que no se sepa el origen del problema en la red, dado que las alarmas en la mesa de operaciones se activan a la menor anomalía, especialmente para poder reparar subestaciones, transformadores o cualquier otra incidencia lo antes posible. El Ejecutivo, no obstante, se da tres meses para encontrar el origen y tomar medidas para evitar que vuelva a ocurrir.
No obstante, el hecho de que la fotovoltaica disminuya los días posteriores al apagón y que ni Portugal ni Francia se fíen de España a la hora de conectarse a la red no apunta ni mucho menos al sabotaje, sino a la ideología de querer mantener la luz a costa de energía renovable capaz de desestabilizar el sistema.
El Gobierno de Pedro Sánchez controla el consejo de administración de Red Eléctrica con seis asientos, además de González Laya. Ninguno de los exaltos cargos colocados a dedo tiene conocimiento alguno del sector. Todos han sido designados por afiliación y no por ser expertos en una empresa estratégica, quizá la más importante de España debido a que su operativa afecta al resto.
Ninguno estudió Ingeniería Industrial o rama similar para poder dar una opinión formada en el consejo de administración, pero se embolsan sueldos de entre 564.000 y 175.000 euros, dependiendo de si es Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, o consejero ‘raso’. La inmensa mayoría de estos consejeros pertenecieron a otros Gobiernos, convirtiendo a la compañía cotizada en un cementerio de elefantes, pese a tener una valoración de 10.000 millones de euros a cierre de la jornada de este miércoles, con una caída del 4%, la más elevada de todo el sector energético. De esta manera, el mercado señala directamente como responsable del apagón.
ZAPATERO PIDIÓ A CORREDOR EN RED ELÉCTRICA Y SÁNCHEZ LA COLOCÓ
Entre los Gobiernos de Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero e incluso de Felipe González han salido estos consejeros y la presidenta Beatriz Corredor. El operador, regulado por el Boletín Oficial del Estado, y, por tanto, a las órdenes del Ejecutivo, se ha convertido en uno de los principales brazos ejecutores del plan de la transición ecológica, especialmente de la energía fotovoltaica, a pesar de los riesgos advertidos desde hace cinco años al aportar electricidad a la red de forma asíncrona -la red necesita síncronos para poder estabilizarse a una frecuencia de 50 Hz-.
En el momento del apagón, la fotovoltaica era la gran protagonista y presumiblemente Red Eléctrica buscaba un nuevo récord de producción de fuentes renovables, con cinco reactores nucleares apagados, como gran parte de las centrales de ciclo combinado. La situación derivó en un apagón que nunca debió producirse debido a los altos impuestos que se abonan en la factura eléctrica, aunque se desconoce a dónde van a parar dada la baja inversión en el transporte de energía.
