Un informe de la Subdirección General de Conservación, Administración y Realización de Bienes de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, organismo adscrito al ministerio de Justicia, valora una docena de los coches incautados a los detenidos en la trama Hidrocarburos en 746.820 euros. De esa ecuación se queda fuera una motocicleta que cuesta entre 4.800 y 6.300 euros, pero sí entra el Audi A8 que le fue devuelto a Víctor de Aldama, imputado en la trama. El documento fue elaborado a petición del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, que instruye la causa.
La valoración, firmada por la subdirectora Eva Ferrus, recoge un todo terreno Jaguar de 47.000€, un todo terreno Land Rover Defender de 110.000€, un Land Rover Discovery de 4.500€, un Land Rover Range Rover de 55.000€, otro similar con un valor de 115.000€, otro idéntico a los dos anteriores por valor de 121.000€, un todo terreno Land Rover Rage Rover Sport de 118.000€, otro similar pero de 39.600€, un turismo Audi A8 de 49.300€, un Ferrari F12 por 25.000€, un Mini Clubman Countryman JCW ALL4 de 31.500€ y un turismo Toyota RAV4 de 30.200€.
Este organismo avisa de que cinco vehículos de los requeridos no se encuentran depositados en las instalaciones de Cuenca, entre ellos un camión.
La subdirección informa al juez que el coste por depósito de cada vehículo es de 4,13 euros por día más IVA. En total, unos 65 euros diarios. La mayoría están en el depósito judicial desde el 15 de octubre de 2024 cuando fueron incautados por la Guardia Civil. Es decir, unos 205 días que salen a 13.325 euros, a la fecha de 8 de mayo de 2025.
Gran parte de esos vehículos están a nombre de la sociedad Villafuel, la principal empresa investigada dentro de la trama Hidrocarburos y quien se acusa de evadir unos 240 millones de euros por el impago del IVA. Otros muchos son de Claudio Rivas, considerado junto a Víctor de Aldama como los cerebros de la operativa de Hidrocarburos.
CÚSPIDE DE HIDROCARBUROS
De momento, el juez Pedraz, titular del juzgado central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional ha imputado a 16 personas. El primero a Claudio Rivas, porque para la Guardia Civil, Rivas «se encuentra en la cúspide de la dirección de la organización criminal junto con Víctor Gonzalo de Aldama, con quién mantiene habituales reuniones personales y numerosos vínculos empresariales, así como mediante el otorgamiento mutuo de poderes. Ambos son los ideólogos de la estructura empresarial y de la operativa perfeccionadora del fraude, por lo tanto, imprescindible para el funcionamiento de la presunta organización criminal investigada debido a su capacidad económica, sus vinculaciones empresariales, contactos, conocimientos del sector de los hidrocarburos, y por el control que ejerce en todas las áreas de actuación de la organización criminal, logística, fiscal, bancaria e inmobiliaria. Sin ellos, la organización no tendría capacidad operativa ni delictiva al no existir otro miembro con los contactos necesarios para sustituirles, por lo que quedaría inoperativa».
Asimismo, de Claudio Rivas los agentes sostienen que es alguien «experimentado en operativas asociadas a la delincuencia económica y, especialmente, en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en el sector de los hidrocarburos».
El control de Rivas sobre Villafuel se habría ejercido de manera indirecta, ya que «como responsable de la estructura empresarial, controla y dirige la interposición de testaferros en los órganos de administración de las empresas suministradoras y de la operadora, desvinculándose de la responsabilidad derivada de la operativa fraudulenta investigada. Interpuso en la operadora a Pedro Antonio Marín Alba, administrador de la mercantil, y a su hermana María Luisa Rivas, socia de la operadora a través de Still Growing SL, matriz de Villafuel».
Estas suministradoras, para la UCO, no solo tendrían la función de asumir el impago del IVA, sino la de «servir de canal de blanqueo para transferir, desde sus cuentas bancarias, fondos de procedencia delictiva a empresas radicada en el extranjero (Portugal, China, Colombia, Suiza, entre otros), amparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoramiento».
A modo de conclusión, para los agentes de la UCO, Rivas «posee los conocimientos globales y la capacidad necesaria para dirigir el correcto funcionamiento de la operativa criminal a todos los niveles, siendo imprescindible su papel para dar efectividad y continuidad de la actividad de la organización criminal y lograr el perfeccionamiento de los delitos contra la Hacienda Pública y por el blanqueo de capitales». Ya prestó declaración.
El segundo imputado por importancia sería el empresario Víctor de Aldama, también investigado en la causa Koldo. La UCO escribe en su informe que es una «persona con antecedentes en el ámbito de la delincuencia económica y en delitos contra la Administración pública, que actualmente se encuentra investigado por la comisión de delitos de blanqueo de capitales, Tráfico de influencias, delito de Cohecho, y contra la Hacienda pública».
Los investigadores lo sitúan en la cúspide de la trama de Hidrocarburos junto a Claudio Rivas y como prueba describen el «otorgamiento de poderes generales», algo que el propio Aldama calificó de «poder de ruina» concedido el 21 de noviembre de 2022.
Para la Guardia Civil, sin ambos, «la organización no tendría capacidad operativa ni delictiva al no existir otro miembro con los contactos necesarios para sustituirles, por lo que quedaría inoperativa».
Para los investigadores Aldama, «como responsable de la estructura empresarial, controla y dirige la interposición de testaferros en los órganos de administración de las empresas suministradoras y en la operadora, para desvincularse de la responsabilidad derivada de la operativa fraudulenta investigada».
María Luisa Rivas es hermana de Claudio Rivas y para la UCO «es la cara visible del holding empresarial, figurando en la actualidad como administradora única de la matriz Still Growing, dueña de Villafuel y sociedad patrimonial encargada de la gestión y administración de los bienes de la familia Rivas Ruiz-Capillas y sobre la que tiene poder general Víctor de Aldama».
La considerada «subdirectora» de la organización está considerada «supervisora directa de la estrategia adoptada por la estructura societaria a la hora de desarrollar las operativas comerciales que, posteriormente ejecutará y materializará el «jefe de operaciones», persona de confianza de la subdirectora. María Luisa además «coordina con gestoras de empresas especializadas en fiducias, la transferencia de patrimonio, de procedencia delictiva de la familia Rivas». Ya ha prestado declaración.
Francisco Javier Cillán está considerado «una persona de gran confianza de la familia Rivas Ruiz-Capillas», según el atestado policial, que le atribuye funciones de «jefe de operaciones/contable de Villafuel y de la estructura de suministradoras».
Para la UCO Cillán es «especialista en la operativa comercial que desarrolla la estructura investigada en el sector de los hidrocarburos (…). Su función principal es lograr la conjunción adecuada y precisa entre la realidad operativa y la realidad documental (declaraciones tributarias, documenta operaciones, coordina la facturación…). Esta función se considera imprescindible puesto que, cuanto mejor coordinada esté, más tiempo permitirá a la organización criminal prolongar la operativa criminal desarrollada a través de la empresa operadora utilizada».
Con Pedro Antonio Marín Alba empieza el nivel que la Guardia Civil llama «testaferros cualificados». Para la UCO, «desarrolla funciones principalmente de testaferro cualificado a las órdenes de los líderes de la organización criminal, al objeto de desvincularlos de la mercantil que encabezó la operativa defraudatoria de más de 182 millones de euros».
Marín Alba, «es la cara visible en las gestiones a realizar con la administración, concretamente ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, contratación bancaria, representación notarial y demás gestiones propias del cargo de administrador único».
Félix Aparicio Vicente fue administrador único de una suministradora llamada Salamanca Fuel Center, «sociedad interpuesta por la organización criminal para perfeccionar fraude tributario cualificado, entre febrero y mayo de 2023 en 34.603.589, 10 euros y que abandonó su cargo interponiendo a un administrador instrumental».
Para los agentes Aparicio es «un testaferro cualificado a las órdenes de los líderes de la organización criminal, al objeto de desvincularlos de la mercantil con la que directamente se llevó a cabo el impago del IVA».
En otro nivel de la estructura la UCO ya coloca a las empresas suministradoras de hidrocarburos y sus representantes, que serían el resto de los detenidos hasta llegar a los 16 investigados.
