El Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza y María Jesús Montero como ministra de Hacienda, impaga la subida salarial del 0,5% aprobada para los funcionarios en este pasado 2024 y tampoco aplica el incremento de la nómina en este 2025. La excusa es que no cuenta con Presupuestos, ni tampoco tiene previsto presentarlos, para este 2025. CSIF se ha movilizado localmente y también concentrado ante las puertas de Hacienda, pero no ha llegado a convocar una gran marcha, pese a amenazar con ella desde hace meses.
El Ejecutivo tenía que presentar las cuentas en marzo de este año como muy tarde, pero por la falta de apoyos en el Congreso ha evitado incluso la prórroga presupuestaria, que contempla aumentos en las nóminas de los funcionarios. Finalmente, el PSOE da por hecho que no presentará los Presupuestos y tendrá que prorrogar los de 2023. Tres ejercicios sin cuentas públicas dada la falta de consenso entre socialistas, independentistas, nacionalistas y Podemos.
El hartazgo es generalizado y los funcionarios estudian una gran movilización para mostrar su malestar. «Estamos hartos de las buenas palabras, como ocurrió en la DANA y con el apagón», ha señalado un funcionario catalán a preguntas de este medio. «Llevamos cinco meses negociando una gran movilización, pero no hay consenso porque CC OO y UGT la descartan por completo», apuntan.
LOS FUNCIONARIOS DE CSIF, HARTOS DE LA CONGELACIÓN DE LA NÓMINA
El sentir en CSIF también va encaminado en esa misma línea. Miguel Borra, presidente del sindicato mayoritario de funcionarios, inició las advertencias de la movilización el pasado mes de enero, pero sin llegar a materializarlas. Varios afiliados de CSIF, consultados por este medio, consideran que la movilización debe abrir una puerta en el Gobierno para tratar de recuperar parte del 10% de poder adquisitivo perdido por el colectivo desde la pandemia. «El hartazgo va en aumento», señalan las fuentes, que destacan también la movilización del próximo 10 de mayo
No obstante, fuentes de CC OO y UGT descartan por completo movilizarse contra la coalición de PSOE y Sumar dado que «no hay motivos» para ello. Eso sí, los sindicatos de clase han perdido poder de convocatoria, como se visualizó el pasado 1 de mayo, donde solo en Madrid se manifestaron poco más de 30.000 personas, un pinchazo que viene siendo habitual desde 2018.
Borra pronuncia la amenaza de la movilización desde 2019, incluso con un Gobierno en funciones. Por aquel entonces, exigía la aprobación de la subida laboral y por la estabilización del empleo público, donde la temporalidad y la interinidad se han abierto paso desde entonces. En este sentido, señaló que «solo se han puesto en marcha los procesos de estabilización para el 20 por ciento de las plazas contempladas y hay unos 300.000 interinos a la espera».
Tanto entonces como ahora, denunció el abuso de la contratación temporal entre los funcionarios y llegó a mostrar su preocupación por la pérdida de miles de empleos en las empresas públicas. No obstante, la situación es muy distinta ahora, con un aumento de la fuerza laboral en el colectivo, rozando los tres millones, según los datos del Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López.
Año tras año, Borra ha aumentado la presión en sus mensajes, pero evita las movilizaciones como arma contra el Gobierno. Sin embargo, los afiliados consideran que es momento «de pasar a la acción» ante las «promesas y medidas incumplidas», como tantas otras que aprobó el Ejecutivo y no se han materializado.
BORRA Y LA ENÉSIMA ADVERTENCIA AL GOBIERNO
Borra avisa y advierte con la gran movilización de los funcionarios, pero se frena a la hora de la verdad a pesar de que el Gobierno retiene 1.200 millones de euros que deberían estar en el bolsillo de los trabajadores públicos. Asimismo, la temporalidad, según los datos del propio sindicato, se ha estancado en el 30%, mientras se han dejado sin cubrir el 33% de las plazas en los procesos de estabilización desde 2021. Es decir, las mismas incidencias que denuncian desde 2019.
En los primeros tres meses de 2025, las administraciones públicas ha perdido 92.100 trabajadores. Se trata de la mayor destrucción de empleo en el colectivo en toda la serie histórica y más del doble de toda la oferta de empleo en la Administración General del Estado en 2024. Es decir, la situación ha empeorado, pero CSIF se contiene a la hora de convocar a los suyos y llenar las calles. «Estamos solos», apuntan desde el sindicato. Ni CC OO ni UGT están por la labor de apoyar un movimiento contra el Gobierno dados los casi 400 millones de euros recibidos entre 2020 y 2024.
CSIF SÍ SE MANIFESTÓ CON CCOO Y UGT CONTRA EL GOBIERNO DE ANDALUCÍA
Un tercio de ese montante proviene del Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz al frente. Las dos centrales sindicales han pasado de los 8 millones con Mariano Rajoy a más de 17 millones entre 2022 y 2024, para volver a doblarlas en 2025, con 32 millones. A este reguero de dinero público se le suman las subvenciones de los cursos de formación. Los de CC OO, con Unai Sordo, cobraron 53 millones en 2022, mientras que UGT se conformó con 40 ‘kilos’ solo en 2022.
Estos sindicatos, CCOO, UGT y CSIF, sí se han movilizado en los últimos meses, pero lo han hecho contra gobiernos autonómicos del PP, especialmente en Andalucía y Madrid. Asimismo, CC OO y UGT se han manifestado con el Gobierno, con María Jesús Montero al frente de la pancarta. Es un hecho insólito, pero la manifestación era en Madrid, contra la Sanidad gestionada por el Gobierno de Ayuso.
Los sindicatos justificaron la presencia de la ministra de Hacienda con un argumento de peso: «Nos manifestamos contra quien nos da la gana». Así las cosas, los funcionarios, cuya nómina está gestionada por el Ministerio de Función Pública, en manos de Óscar López, no se manifiestan contra el líder del PSOE en Madrid.
