El juzgado número 91 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de conciliación presentada por la Comunidad de Madrid contra la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, a raíz de unas polémicas declaraciones en las que afirmó que personas mayores fueron «asesinadas» en residencias durante la gestión de la pandemia del Covid-19. La demanda de conciliación es el paso previo a una querella.
Reyes Maroto ha sido citada el próximo 10 de junio para que acuda a un acto de conciliación, donde deberá rectificar sus declaraciones si no quiere enfrentarse a una querella de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid .
La denuncia fue registrada por el Gobierno regional el pasado 19 de marzo, como paso previo obligatorio antes de presentar una querella. La Comunidad busca con esta iniciativa «defender el honor y la profesionalidad de quienes, en los peores momentos de la pandemia, lo dieron todo para salvar vidas», según manifestaba el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y actual portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.
García Martín aseguró que las declaraciones de Maroto «han cruzado todas las líneas rojas de la decencia política» y advirtió que el Gobierno madrileño no permitirá que se viertan acusaciones de tal gravedad sin consecuencias. «!– /wp:paragraph –>
Las palabras de Reyes Maroto han generado una importante polémica desde que hizo sus declaraciones. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid criticó duramente la gestión de Isabel Díaz Ayuso durante los peores meses del Covid-19, refiriéndose de forma explícita a los fallecimientos en residencias de mayores. La afirmación de que los ancianos fueron «asesinados» ha sido considerada por el Gobierno regional como una acusación directa de un delito, que no puede quedar sin respuesta.
Por su parte, Maroto no ha rectificado sus declaraciones hasta el momento, lo que ha llevado al Gobierno autonómico a dar el siguiente paso legal. El procedimiento de conciliación busca una rectificación pública que evite la vía penal, pero si ésta finalmente no llega, como parece que va a ser, la Comunidad de Madrid ya ha advertido que interpondrá una querella.
