Las acusaciones populares representadas por el Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, las asociaciones Liberum, Hazte Oír y Abogados Cristianos y los partidos Vox, Iustitia Europa y Partido Popular piden 3 años de cárcel para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación y que devuelva todo lo cobrado mientras estuvo a sueldo en la Diputación Provincial de Badajoz como Coordinador de las Actividades de los Conservatorios y luego como Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
En el relato de los hechos que las acusaciones han presentado ante la juez Beatriz Biedma recogen que «en fecha anterior a la creación del puesto de “Coordinador de las Actividades de los Conservatorios”, a la finalización de un mitin celebrado en Badajoz, al que acudió Pedro Sánchez Pérez-Castejón, hermano del encartado David Sánchez Pérez-Castejón, tuvo lugar un encuentro personal informal entre Pedro Sánchez Pérez-Castejón y Ricardo Cabezas Martín, también militante del PSOE, en el que el tuvo conocimiento de la profesión de David Sánchez Pérez-Castejón pues Pedro Sánchez Pérez-Castejón indicó que su hermano era músico».
En los hechos descritos por las acusaciones «han tenido participación otros afiliados y/o cargos orgánicos del PSOE, del que Pedro Sánchez Pérez-Castejón, hermano del encartado David Sánchez, ha sido Secretario General de fecha del 26 de julio de 2014 al 1 de octubre de 2016 y de 18 de junio de 2017 a día de hoy, candidato a la Secretaría General del mismo de fecha del 28 de enero de 2017 a 22 de mayo de 2017, y presidente de Gobierno, como principal líder del PSOE, de fecha 2 de junio de 2018 hasta la actualidad».
ALTOS CARGOS Y AFILIADOS DEL PSOE
En concreto, las acusaciones nombran entre estos afiliados y cargos a Miguel Ángel Gallardo, militante del PSOE que ha ocupado el cargo de miembro del Comité Regional y Provincial en Extremadura, y a Juana Cintas Calderón, militante del PSOE que ha ocupado el cargo de miembro de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE en Extremadura.
Y así, «se produjeron, tanto en la creación de las dos plazas que luego se citarán, y en el cambio de nomenclatura de la primera de ellas, una influencia para proveerlas de personas determinadas (David Sánchez y Luis María Carrero) previamente decidas al margen de los procesos de provisión del puesto. Tales influencias se realizaron tanto en razón de la militancia política de algunos de ellos en el PSOE, de los cargos orgánicos y jerárquicos en la Diputación Provincial de Badajoz, como por las relaciones personales que previamente había entre ellos o con el hermano de David Sánchez», recogen en su escrito.
Continuando con el relato de los hechos, las acusaciones dicen que «en fecha 10 y 11 de octubre hubo un encuentro de los miembros y trabajadores de la diputación en la localidad de Valdivia, en que, según sostuvieron parte de los encartados, se decidió la creación de la plaza de “Coordinador de las Actividades de los Conservatorios”, si bien, como indica la UCO en su atestado (…) en fecha no determinada, pero comprendida entre el día 05 de octubre y el 11 de octubre de 2016, el Presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, la Diputada de Cultura, Cristina Núñez, y la Directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, decidieron la creación de un puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz que acabó denominándose “Coordinador de las Actividades de los Conservatorios” con el claro objetivo de que el mismo fuera ocupado por David Sánchez quien en ese momento carecía de trabajo estable, generando así para él un beneficio económico».
Y explican que en una reunión previa en la que Elisa Moriano les comunicó a los Directores de los Conservatorios que iba a crearse el puesto, y en un momento en que ésta salió, «Evaristo le dijo a Yolanda que ese puesto iba a ser creado para una persona determinada y que esa persona era el hermano de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, don David Sánchez Pérez-Castejón».
El 3 de mayo de 2017 «Juana Cinta Calderón, Directora del Área de Recursos Humanos (RRHH) envió un correo a Miguel Ángel Gallardo, Presidente de la Diputación, donde se detallaban los plazos mínimos para la convocatoria de un puesto directivo, detallándose las distintas fases del procedimiento desde la aprobación del decreto de la convocatoria hasta la toma de posesión del candidato, contestando Gallardo con la expresión “Estupendo”», añaden.
Otra de las pruebas para las acusaciones se produjo el 19 de mayo de 2017, cuando «Evaristo envió a Yolanda un correo electrónico personal con el asunto “El hermanísimo” (refiriéndose claramente a la condición de don David Sánchez de hermano del líder político don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, elemento que deja patente la relevancia de las relaciones personales del procesado), conteniendo un enlace a las bases de la convocatoria. Con tal proceder se reconocía la vinculación del puesto con la figura de David Sánchez, y su relación esencial de este con Pedro Sánchez, al referirse a él en su calidad de hermano. Y eso en un momento en que según declaró el encartado David Sánchez, no conocía la existencia de tal puesto, del que en su primera declaración dijo haberse enterado al leer la convocatoria buscando trabajo por la mañana mientras tomaba café».
DAVID SÁNCHEZ ERA HERMIT
El 26 de junio de 2017 la Comisión Asesora procedían a fijar los criterios de valoración de los currículos presentados, otorgando mayor puntuación a los que sabían que concurrían en David Sánchez. «Esa misma mañana, David Sánchez, a través de su usuario “Hermit” de la Plataforma Airbnb, se interesó por un alojamiento estable en la ciudad de Badajoz, manifestando a través de dicha aplicación al futurible arrendador, que iba a trasladarse a trabajar a esta ciudad por motivos laborales, constando como fecha en la que en primer lugar necesitaba el alojamiento, para luego tratar de un alquiler más prolongado, entre el 10 y el 15 de julio de 2017, fechas entre las que posteriormente se firmó el contrato», según las acusaciones.
Y añaden que «finalmente, se seleccionó a don David Sánchez, pese a la insuficiencia de su currículum, habida cuenta de que ni tan siquiera es profesor superior de música, titulación que tanto los entonces directores de conservatorios como los dos aspirantes a los que se interrogó en fase de instrucción, señalaron como imprescindible para un puesto como ese».
El 30 de junio de 2017, el Presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo resolvió aceptar íntegramente la propuesta y disponer la contratación laboral de David Sánchez como personal de alta dirección. El día 10 de julio de 2017 se firmó el contrato de alta dirección, «estableciéndose en su cláusula primera sus responsabilidades y funciones comprometiéndose a realizarlos con la debida diligencia y en régimen de plena dedicación, y prestando sus servicios de forma habitual en Badajoz, en la Plaza Virgen de la Soledad, en la sede del Conservatorio Superior de Música», recoge el escrito.
Las acusaciones mantienen que «desde su contratación, don David Sánchez apenas sí acudió a su puesto de trabajo, extremo este conocido y consentido por el Presidente de la Diputación y por Juana Cintas. Los contactos con los directores de los conservatorios para su supuesta labor de coordinación fueron al principio esporádicos, y finalmente cuasi inexistentes, permitiéndose que dicho señor cobrase unos generosos emolumentos (dinero público) como salario, sin prestar servicio alguno o no prestando los debidos por su contrato, y realizando, en cambio, otras actividades más de su agrado o que sirvieron para engrosar su propio curriculum».
«EL SUPUESTO TRABAJO DE SÁNCHEZ NO SE HA PRESTADO DE FORMA HABITUAL EN BADAJOZ»
Y añaden que «por lo tanto, el supuesto trabajo del Sr. Sánchez, ni se ha prestado de forma habitual en Badajoz, -el mismo manifestó que venía cuando era necesario y que no estaba ligado a un lugar físico sino a unos objetivos, constando también en uno de sus correos con Luis Carrero que tenía que saber con antelación cuando se incorporaba para organizarse estar aquí con él, lo que denota que no se encontraba en esta localidad habitualmente-, ni ha consistido en las funciones que se hicieron constar en la memoria de la creación de su puesto para justificar el mismo y posteriormente en el contrato que continuó vigente hasta que el Sr. Sánchez, al parecer voluntariamente, dejo de trabajar para la Diputación de Badajoz, sino en las que, según sus propias preferencias y aspiraciones profesionales, él mismo fue eligiendo en relación al Proyecto Ópera Joven».
Sobre la acusación contra Luis María Carrero, amigo de Sánchez y contratado también por la Diputación Provincial, explican los firmantes de la acusación que «en los correos corporativos intervenidos al Sr. Sánchez Pérez-Castejón, acreditan que Luis Carrero,- que ha desempeñado sus funciones en la Unidad de Mensaje del Departamento de Asuntos Políticos, dependiente del Ministerio de la Presidencia, entre el 2-3-2020 y el 31-12-2023, fecha del cese acordado por su traslado, en comisión de servicios, a la Diputación de Badajoz- colaboró con él en temas profesionales desde mucho antes de la incorporación de este último a la Diputación. Se deduce, además, del análisis de dichos correos, una relación personal muy cercana entre ambos, ya que Luis Carrero se dirige a David Sánchez como “hermanito”».
MAIL A CARRERO
Además, con fecha de 30-10-2023 Sánchez le enviaba un mail a Carrero donde le dice expresamente «en cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo” , y éste le contesta “de la incorporación no tengo noticia ni calendario, lo último que me dijo Candalijas fue a lo largo de noviembre», mes que coincide con la posterior fecha de publicación de las bases y solicitud de participación del Sr. Carrero, por lo que es claro que ambos daban por sentado la incorporación de Luis Carrero al citado puesto, 23 días antes de la publicación de las bases para la cobertura del mismo», explican.
En este sentido, Ricardo Cabezas, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz desde el 2015 hasta la actualidad y Secretario General de la Agrupación socialista de Badajoz desde 2017, declaró fue el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez quien le dijo que su hermano David era músico en una conversación informal tras un mitin en Badajoz, y que conocía a Luis Carrero al menos desde la primavera de 2023, cuando, precisamente, se lo presentó David Sánchez.
De esa manera, las acusaciones creen que David Sánchez influyó en la contratación de Luis Carrero, además «Luis Carrero, quien vivía ya en Badajoz pese a trabajar en Moncloa, tenía la intención de tener un trabajo más tranquilo y dejar de ir todas las semanas a Madrid».
Las acusaciones resumen que David Sánchez «teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria, a conciencia de que las entrevistas al resto de candidatos eran un mero paripé. Hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo, obteniendo el puesto prevaliéndose de su relación familiar con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y aceptando el nombramiento a pesar de ser plenamente conocedor de no reunir los requisitos exigidos para ello» y además «no desempeñó su puesto de trabajo, no trabajando habitualmente, sin embargo, ello no fue óbice para que sí percibiera el salario que el puesto tuvo adjudicado».
A Luis Carrero lo acusan de haber «utilizado la influencia derivada de su amistad íntima con el Sr. Sánchez para influir conscientemente en las autoridades de la Diputación de Badajoz para conseguir la creación y posterior acceso al Puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas».
RESTO DE ACUSADOS
Sobre Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, las acusaciones sostienen que «como máximo responsable de la Diputación y ostentando la competencia para el nombramiento y cese del Personal de Alta Dirección y dada la gran vinculación de dicho personal con los órganos políticos, es claro que, conociéndose de forma generalizada en el ámbito de Cultura desde el momento de la creación del Puesto que el mismo estaba destinado a ser adjudicado al Sr. Sánchez, conocía dicha circunstancia y participó directamente en los hechos a sabiendas de su injusticia, siendo precisamente la relación familiar de éste con Pedro Sánchez Pérez-Castejón lo que le motivó a ello».
De Elisa Moriano y Cristina Núñez, Directora y Diputada de Cultura entre 2016 y 2017, explican que «participaron directamente en la creación del Puesto, en la petición de cobertura del mismo y en la Comisión Asesora para su adjudicación, proponiendo Cristina a David Sánchez para su nombramiento, siendo conscientes de su ilegalidad».
Contra Ricardo Cabezas, actual Diputado Delegado del Área de Cultura, y Manuel Candalija, Director del Área de Cultura, dicen las acusaciones que «intervinieron de forma directa en la Creación del Puesto de la Jefatura de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas , y en la propuesta de cobertura “inmediata y urgente” del mismo mediante comisión de servicios, formando parte el Sr. Candalija, además, de la comisión de Valoración para la entrevista y defensa de la memoria del Sr. Carrero y siendo mencionado directamente por éste en su correo de 30-10-2023 anteriormente señalado; creándose así una apariencia de legalidad de un procedimiento administrativo cuya finalidad real era la adjudicación directa del Puesto al Sr. Carrero, además mediante comisión de servicios, siendo necesaria tal forma de cobertura del puesto al tratarse de funcionario que ya prestaba sus servicios en otra Administración. Ambos eran plenamente conscientes de la injusticia y/o ilegalidad y/o irregularidad de su actuación».
Los hechos descritos se corresponden con los delitos de prevaricación y de tráfico de influencias. Por eso para David Sánchez piden en total tres años de cárcel (año y medio por prevaricación y año y medio por tráfico de influencias) e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante 6 años.
Para Luis Carrero piden año y medio de cárcel por tráfico de influencias, además de su inhabilitación y la prohibición de contratar con el sector público.
En ambos casos piden que se devuelva a la Diputación de Badajoz los salarios obtenidos más los intereses correspondientes. Las acusaciones piden que durante el juicio declaren 23 testigos, prácticamente los mismos que ya han pasado por el juzgado de instrucción 3 de Badajoz, que ha investigado la causa.
