El ex jefe de Gabinete y hombre de confianza de la socialista Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, mientras era ministra de Industria, declara este miércoles ante el Tribunal Supremo dentro de la Causa Koldo que investiga al ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el intermediario Víctor de Aldama. El juez quiere saber si las reuniones que presidió en el ministerio de Industria guardan relación con la obtención de una licencia como operadora de hidrocarburos y, por tanto, con el disfrute de un chalet en Cádiz por el ex ministro Ábalos.
Parece un complicado lío de reuniones, conversaciones, peticiones e intermediaciones y el Supremo quiere aclararlo. Por eso llaman a declarar al ex jefe de Gabinete de la ex ministra Reyes Maroto en Industria.
Juan Ignacio Díaz Bidart comparece en calidad de testigo para confirmar o negar si recibió en el ministerio a parte de la trama Hidrocarburos a petición de Koldo García, otra causa en la que está investigado el intermediario Víctor de Aldama.
Díaz Bidart, presuntamente, recibió en la sede ministerial a dos miembros de la trama Hidrocarburos, Claudio Rivas y Carmen Pano, gracias a la intermediación de Koldo García, tras la petición que le habría hecho a su vez Víctor de Aldama.
Reyes Maroto fue ministra de Industria, Comercio y Turismo entre 2018 y 2023, cuando se presentó como candidata a la alcaldía de Madrid por el PSOE, no saliendo elegida y quedando como concejal y líder de la oposición al actual alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Su director de gabinete le acompañó en el ministerio justo hasta su cese, después de las últimas elecciones generales de 2023.
El objeto de esa reunión habría sido que, supuestamente, acelerase la concesión de operador a la empresa Villafuel, sociedad en el centro de la trama que está acusada de evadir más de 180 millones de euros al erario público en concepto de IVA no declarado.
EL SUPREMO NO INVESTIGA HIDROCARBUROS
El Supremo llamó a declarar a Juan Ignacio Díaz Bidart tras la petición de las acusaciones populares, porque «en lo relativo al testimonio del Sr. Díaz Vidart considera este instructor que, sin embargo, la declaración testifical del mismo resulta pertinente a los efectos de acreditar la existencia de la mencionada reunión, así como la persona que pudo haberla impulsado o promovido. Así se acordará», en relación a la reunión que tuvo lugar en el ministerio cuya titular entonces era Reyes Maroto.
Sin embargo, advierte el Supremo que «no es objeto de esta causa especial determinar si la licencia de operador de hidrocarburos se otorgó a Villafuel cumpliendo o no las exigencias legales. De hecho, la persona aforada que determina la competencia para el conocimiento de la causa de este Tribunal Supremo, el Sr. Ábalos Meco, carecía por completo de facultades para otorgar o rechazar la mencionada licencia, competencia que correspondía al Ministerio de Industria. Lo que aquí se atribuye al Sr. Ábalos Meco, y por extensión al Sr. García Izaguirre, es
haber desplegado su influencia, a instancia del también investigado Sr. de Aldama Delgado, a cambio del premio económico que podrían haber recibido que se concreta en el disfrute de la vivienda elegida por el primero de ellos, para que la concesión de esa licencia pudiera agilizarse propiciando al respecto las correspondientes reuniones en el Ministerio de Industria».
La empresaria Carmen Pano, imputada en el Caso Hidrocarburos por su participación en las sociedades Lucinala y Have Got Time, fue la compradora del famoso chalet de La Alcaidesa y así lo sostiene, ya que fue alquilado al ex ministro Ábalos durante un verano.
Pano ya declaró ante el Tribunal Supremo primero y en la Audiencia Nacional después, haber estado presente en una reunión en el ministerio de Industria, presidida por Juan Ignacio Díaz Bidart, ex director del Gabinete de Reyes Maroto, donde asegura que se les dijo que «toda la documentación la hacéis llegar a través de Koldo».
A preguntas de las acusaciones populares la empresaria Carmen Pano relató con detalles la reunión que mantuvieron en Industria tanto Claudio Rivas, uno de los posibles imputados en la causa, como ella junto a Koldo García y al entonces jefe de gabinete de la ministra de Industria, entonces Reyes Maroto.
La acusación popular comenzó preguntando a Carmen Pano sobre esa reunión y si había tenido lugar el 13 de enero de 2021. Pero la investigada dijo que «era seguro enero pero no sé decirle el día» y luego explicó en detalle que «nos llevó en su coche Álvaro Gallego a Claudio Rivas, a mi y a dos técnicos que llegaron de Córdoba y allí estaba Koldo (García)». Pero en esa primera declaración no quedó claro el papel del ex asesor de Ábalos en esa reunión. Este interrogatorio tuvo lugar el 19 de marzo de 2025 en el juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.
La mujer explicó que presentó a Víctor de Aldama y Claudio Rivas en septiembre de 2020, porque «Aldama quería vender una parte de dos restaurantes que tenía en las Cuatro Torres de Madrid y buscaba un socio, yo había conocido a Claudio Rivas en abril de 2020. El tenía Have Got Time, a mi hija le pagaba un nómina y a mi me prometió un 5% sobre las ventas que yo lograse hacer. Al principio éramos solo distribuidora, comprar y vender hidrocarburos, pero en noviembre de 2020 dijeron que querían el título de operadora». Las operadoras pueden importar combustible comprado en sus países de origen.
Aquella reunión en Industria tuvo lugar en «el salón de actos muy grande en una primera planta y que quedó claro que Bidart no tenía que consultar nada, hablaron de papeles y requisitos y ya está». Luego fue preguntada sobre una reunión con Ángel Víctor Torres cuando era presidente de Canarias con Aldama y Rivas que confirmó, «pero de eso no me contaron nada», añadió, ya que ella no estuvo presente y solo supo de la misma por Claudio Rivas.
KOLDO EN INDUSTRIA
Al final del interrogatorio Carmen Pano respondió a preguntas de su propio abogado, Javier Gómez Bermúdez, que le pidió aclarar más los presentes en la reunión de Industria: «estaban los que he dicho pero nos recibió Koldo en el ministerio y estuvo presente y se quedó en que toda la documentación iba a llegar a Industria a través de Koldo».
Carmen Pano había dicho dijo anteriormente en el Supremo que ella había entregado hasta 90 mil euros en la sede del PSOE de Ferraz y entendía que ese dinero era para ayudar en la concesión de la licencia de operadora y sin embargo, en esta última declaración en la Audiencia Nacional declaró que en realidad «desconozco por qué llevé el dinero a Ferraz».
Siempre según la declaración de Pano, Díaz Bidart dio a sus interlocutores una tarjeta profesional y les instó a mandar toda la documentación para que Villafuel lograra la ansiada licencia de operadora.
Carmen Pano también relató que Aldama le indicó unos días más tarde de esa reunión que Ábalos quería una casa y que Claudio Rivas le dijo que no había ningún problema. Fue Have Got Time, la empresa que administraba su hija, la que compró ese chalet y se lo alquiló a Ábalos. Es este hecho el que los investigadores de la UCO tratan de presentar como «pago» en especie al ex ministro Ábalos por su supuesta intermediación para que Villafuel pudiese obtener finalmente la licencia de operadora.
Este permiso es imprescindible para operar con combustible en España. Para ello, debía constituirse una empresa de tres millones de euros y tener el visto bueno ministerial. En un inicio, Industria rechazó la solicitud.
En uno de sus informes, la UCO detectó una reunión celebrada el 14 de enero de 2021 en la sede del Ministerio de Industria con Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto, entre el propio Díaz Bidart, Claudio Rivas, Carmen Pano, Álvaro Gallego y Koldo García.
Se trataba de obtener para Villafuel una licencia de operador de hidrocarburos por parte del ministerio. La primera petición resultó en fracaso, pero finalmente Villafuel obtuvo esa licencia meses más tarde: «Denegado el título de operador de Villafuel. Esto va a traer problemas. Y muy serios», escribía Rivas a Aldama. En mensajes posteriores le decía que «por cierto, al burofax no contestan, hay que empezar a tramitar el desahucio, antes de que vengan los líos», a lo que Aldama contestaba: «Espera a que hablemos no la vayamos a liar más».
Pano, por ejemplo, llegó a explicar a los guardias civiles que en una de las reuniones en que ella estuvo presente, en sede ministerial, el grupo debió dejar sus móviles en una caja antes de entrar en la sala, para garantizar la confidencialidad de lo que allí se hablaba. Según ella, era habitualmente Koldo García quien «dirigía» las reuniones, o bien él y Aldama, cuando este último estaba presente.
El 9 de diciembre de ese año, el Ministerio de Industria denegó la petición de Villafuel y la trama se quedaba sin su operadora para la compraventa de combustible, un requisito indispensable para poder arrancar el presunto fraude masivo en el IVA. No obstante, nueve meses después, el Ministerio de la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera y con el beneplácito de Industria, con Reyes Maroto, daban luz verde a la licencia.
La primera negativa de Industria conllevó la petición de desahucio de José Luis Ábalos del chalet de La Alcaldeisa, según se desprende del último informe de la UCO de la Guardia Civil, al que tuvo acceso MONCLOA.COM.
En una de las conversaciones intervenidas por la UCO, Aldama habló con Claudio Rivas, el empresario y socio de Aldama en el conocido caso Hidrocarburos, para advertirle sobre la petición del jefe de Gabinete de Industria. «Buenos días, macho y perdona, pero la voy a dar una mala noticia o buena, no sé. Es muy importante que el grandullón se quite del medio en el Ministerio», inicia Aldama. «Palabras textuales del jefe de Servicios de industria o sea, el puto jefe. Que ya no intervenga ni moleste más ese señor. Es lo que dice y me ahorro los calificativos», añade en el texto. «Vamos que con respecto a Villafuel que lo deje ya estar que no haga nada», advierte.
En caso contrario, Aldama advierte a Claudio Rivas: «Si no, ni de coña sale el título. Hemos marcado un protocolo nuevo con él directamente para solucionar todas las dudas que ha creado el grandullón dentro del Ministerio». El mensaje se envió el 30 de noviembre de 2021, cuando José Luis Ábalos llevaba cinco meses cesado como ministro de Transportes y despojado de todos los cargos del partido socialista.
Pero tras esa primera negativa y viendo fracasar la gestión de Aldama, Claudio Rivas envió la carta de desahucio del chalet de La Alcaidesa al exministro de Transportes. «Se observa la relación causa-efecto entre la negativa por parte de industria, y el desalojo final de Ábalos del chalet», indica el informe de la UCO.
De esta forma, la UCO de la Guardia Civil corrobora la versión de la empresaria María del Carmen Pano Sánchez y su hija Leonor González Pano sobre su relación con los negocios de Aldama y Claudio Rivas dentro de la trama Hidrocarburos y de haber contado ante el Tribunal Supremo que la compra del chalet en La Alcaidesa, que disfrutó el ex ministro Ábalos durante 3 meses «era como pago de una licencia de hidrocarburos».
La licencia era crucial y a falta de un Ministerio, Aldama consiguió desbloquear la situación con sus contactos en los dos máximos entes públicos. Según Anticorrupción, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido en ese momento por la ahora comisaria europea Teresa Ribera; y por el otro, el Ministerio de Industria, que estaba a cargo entonces de Reyes Maroto, líder del PSOE en Madrid ciudad.
En febrero de 2024 y tras recibir la notificación de la apertura de un trámite de alegaciones vinculado al procedimiento de baja definitiva en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales, la empresa puso fin a la operativa.
DÍAZ BIDART EN EL SENADO
Juan Ignacio Díaz Bidart ya acudió en febrero de este mismo año al Senado, para no declarar puesto que «hay una denuncia del PP en la Audiencia Nacional». En realidad se refería a la petición presentada en el Tribunal Supremo para que declarase por parte de las acusaciones populares.
En esta ocasión el Supremo sí estimó pertinente esta declaración, aunque rechazó otras como la de Pedro Saura, secretario de Estado de Carreteras con Ábalos. En su opinión, el actual presidente de Correos debe aclarar los contratos públicos que señala Aldama. También reclamaban al juez que citase al expresidente de Renfe Isaías Táboas por su supuesta colaboración en el contrato del que disfrutó Claudia Montes, ex pareja de Ábalos, en la empresa pública Logirail.
Claudia Montes declarará finalmente por videoconferencia desde Gijón después de que el Supremo tuviese problemas para darle su citación.
El Alto Tribunal, sin embargo, desestimó la petición para que declarase Patricia Úriz, ex pareja de Koldo García, por su participación en el proceso de compra de La Alcaidesa, el chalet en Cádiz que adquirió Have Got Time y que disfrutaría luego Ábalos.
