Circular por las carreteras españolas implica conocer la normativa vigente para evitar sanciones innecesarias. La DGT sanciona numerosas infracciones que los conductores cometen a diario, muchas veces por desconocimiento o por hábitos arraigados que consideran inofensivos. Entre estas prácticas destaca el denominado ‘efecto mirón’, un comportamiento tan común como peligroso que consiste en reducir la velocidad o incluso detenerse para observar un accidente de tráfico, pudiendo provocar nuevos siniestros o retenciones.
Las estadísticas hablan por sí solas: más del 30% de los atascos en vías interurbanas están provocados por conductores que ralentizan su marcha ante cualquier incidente. Este fenómeno, que los psicólogos explican por una mezcla de curiosidad natural y morbo, representa un serio problema de seguridad vial que las autoridades intentan atajar con medidas sancionadoras específicas. Los agentes de tráfico han intensificado la vigilancia en los últimos meses con el objetivo de reducir estos comportamientos que, aunque parezcan inocuos, generan situaciones de alto riesgo en las carreteras españolas.
4CONSECUENCIAS DEL ‘EFECTO MIRÓN’ MÁS ALLÁ DE LAS MULTAS
Las repercusiones del ‘efecto mirón’ trascienden el ámbito de las sanciones administrativas. Los servicios de emergencias han denunciado repetidamente cómo este comportamiento dificulta su trabajo en situaciones críticas. Cada minuto cuenta cuando se trata de salvar vidas tras un accidente, y los atascos provocados por conductores que reducen su velocidad para observar lo ocurrido pueden retrasar la llegada de ambulancias, bomberos o agentes de la DGT, comprometiendo gravemente la atención a las víctimas y empeorando el pronóstico de los heridos en muchos casos.
Desde una perspectiva económica, el impacto también es considerable. Las congestiones de tráfico generadas por el ‘efecto mirón’ suponen pérdidas millonarias en horas de trabajo y consumo de combustible. Estudios recientes encargados por la DGT estiman que este fenómeno puede llegar a costar a la economía española cerca de 300 millones de euros anuales, una cifra que refleja la dimensión de un problema aparentemente trivial pero con ramificaciones profundas en diversos ámbitos de la sociedad. A esto hay que sumar el coste medioambiental derivado del aumento de emisiones contaminantes durante los periodos de retención.
