Bienvenidos a ese punto de la vida en que, de repente, la sensación de haberlo hecho todo correctamente se desvanece ante una notificación inesperada. La carretera, esa extensión de asfalto que nos promete libertad y movimiento, a veces se convierte en el escenario de una de las experiencias más frustrantes para el conductor: la inevitable llegada de una multa por exceso de velocidad, de esas que te amargan el café de la mañana y te hacen revisar el calendario de pagos con un nudo en el estómago. Pero, ¿y si le dijera que esa notificación que le llegó por correo no es una sentencia inquebrantable, que existe un resquicio legal, un as bajo la manga que podría darle la vuelta a la tortilla?
La sensación de indefensión ante la Administración es algo que muchos hemos experimentado, pero el conocimiento de las normativas y los procedimientos puede ser la clave para transformar la impotencia en una victoria, por pequeña que sea, sobre la burocracia. No se trata de abogar por la impunidad o de ignorar las normas de tráfico, sino de entender que el sistema, para ser justo, debe aplicar sus instrumentos con una precisión que no siempre es la esperada y que, de no ser así, concede al ciudadano la posibilidad de defenderse. Prepárese para desentrañar un secreto a voces, un truco legal que, aunque al alcance de todos, paradójicamente pocos conocen y menos aún se atreven a utilizar con la contundencia necesaria.
2EL ARTE DE LA CALIBRACIÓN: UN REQUISITO INNEGOCIABLE
Más allá de los márgenes de error intrínsecos al propio funcionamiento de los radares, existe un pilar fundamental sobre el que se asienta la validez de cualquier medición de velocidad y, por extensión, la legalidad de la multa impuesta: la calibración y homologación periódica del cinemómetro. No basta con que el aparato sea de última generación; su fiabilidad depende de que haya sido sometido a revisiones y certificaciones regulares que garanticen su correcto funcionamiento dentro de los estándares establecidos, y que no se desvíe de los márgenes de error aceptados. La metrología legal exige que estos dispositivos sean verificados por laboratorios acreditados, que comprueban y certifican su precisión, dejando constancia documental de dicha verificación.
Esta verificación metrológica no es un capricho administrativo, sino una obligación legal y una garantía para el ciudadano, ya que certifica que el aparato mide con la precisión requerida. La ausencia de este certificado de calibración, o que este esté caducado, convierte la medición en inválida, y la multa derivada de ella, en recurrible y potencialmente anulable. Es un derecho del conductor, ante una sanción de velocidad, solicitar y examinar la documentación relativa a la última verificación del cinemómetro utilizado, pues sin ella, la base probatoria de la infracción carece de la solidez jurídica necesaria para sostenerse en un procedimiento contencioso y la reclamación cobra fuerza. Este es el quid de la cuestión, el punto débil de muchas sanciones que pasan por válidas.
