Bienvenidos a ese punto de la vida en que, de repente, la sensación de haberlo hecho todo correctamente se desvanece ante una notificación inesperada. La carretera, esa extensión de asfalto que nos promete libertad y movimiento, a veces se convierte en el escenario de una de las experiencias más frustrantes para el conductor: la inevitable llegada de una multa por exceso de velocidad, de esas que te amargan el café de la mañana y te hacen revisar el calendario de pagos con un nudo en el estómago. Pero, ¿y si le dijera que esa notificación que le llegó por correo no es una sentencia inquebrantable, que existe un resquicio legal, un as bajo la manga que podría darle la vuelta a la tortilla?
La sensación de indefensión ante la Administración es algo que muchos hemos experimentado, pero el conocimiento de las normativas y los procedimientos puede ser la clave para transformar la impotencia en una victoria, por pequeña que sea, sobre la burocracia. No se trata de abogar por la impunidad o de ignorar las normas de tráfico, sino de entender que el sistema, para ser justo, debe aplicar sus instrumentos con una precisión que no siempre es la esperada y que, de no ser así, concede al ciudadano la posibilidad de defenderse. Prepárese para desentrañar un secreto a voces, un truco legal que, aunque al alcance de todos, paradójicamente pocos conocen y menos aún se atreven a utilizar con la contundencia necesaria.
3EL ‘TRUCO LEGAL’: LA RECURRENCIA BASADA EN LA NORMATIVA
Llegamos al meollo de la cuestión, a esa estrategia legal que, aunque tan sencilla en su planteamiento como efectiva en su aplicación, permanece en las sombras para muchos conductores que se resignan a pagar una multa. El «truco legal» no es otra cosa que la aplicación rigurosa de lo que ya hemos expuesto: la exigencia de que la Administración demuestre que el radar que le sancionó no solo estaba homologado, sino que además había pasado su última revisión metrológica en tiempo y forma, y que, en caso de no hacerlo, la sanción debe ser anulada. Esto significa que usted no solo puede alegar los márgenes de error, sino que debe ir un paso más allá y solicitar activamente la documentación que acredite la correcta calibración y la aplicación de dichos márgenes, una exigencia fundamental para que la prueba tenga validez.
El procedimiento, en su esencia, se centra en la inversión de la carga de la prueba, hasta cierto punto: la Administración es quien debe demostrar la legalidad de la multa mediante la aportación de los certificados de verificación del cinemómetro. Si no los aporta, o si estos son incorrectos o están caducados, la multa pierde su validez. Es un principio de presunción de inocencia trasladado al ámbito administrativo, donde la prueba de cargo debe ser irreprochable. Por lo tanto, si usted recibe una multa por velocidad, su primer paso debe ser no la resignación, sino la solicitud formal de toda la documentación relativa al aparato que le detectó, incluyendo su homologación y las sucesivas verificaciones periódicas que acrediten su precisión, algo que puede marcar la diferencia en su caso particular y la anulación de la sanción. Aquí reside la verdadera potencia de este enfoque.
