Tras el auto de la juez Beatriz Biedma, transformando las diligencias previas de investigación en un procedimiento abreviado para mandar a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y a su jefe superior, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, hasta cinco cargos o ex cargos socialistas han tenido que renunciar a sus derechos para convertirse en diputados autonómicos para que Gallardo se convierta en aforado y las acusaciones contra él tengan que dirimirse en el Tribunal Superior de Extremadura.
La jugada difícilmente puede pasar desapercibida. Tras conocerse el auto de la juez de 28 de abril en el que se acusaba a Gallardo, la maquinaria del partido se puso en marcha y primero tuvo que dimitir de su puesto en la Asamblea de Extremadura la diputada María de la Cruz Rodríguez, que había sido antes jefa de gabinete del presidente de la Diputación de Badajoz y con anterioridad su jefa de prensa en el ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz) para que su plaza quedase libre y la ocupase el siguiente de la lista.
El problema es que el presidente de la Diputación ocupaba el puesto número 23 en la lista de diputados socialistas a la Asamblea de Extremadura y quedó inicialmente fuera de la Asamblea. Por tanto, con la dimisión de María de la Cruz Rodríguez no alcanzaba para que la lista corriese hasta Miguel Ángel Gallardo.
Dicho y hecho. También renunciaron a sus actas de diputados, ante notario, Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández. Pedro Blas Vadillo fue senador y diputado autonómico hasta 2023, pero ahora está centrado en su profesión de enfermería. Virginia Borrallo es la actual vicepresidenta Segunda y Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior. Juan Francisco Ceballos es el actual Jefe de Servicio de Memoria Democrática de la Delegación de Área de Cultura, Deporte y Juventud del Área de Cultura, Deporte, Juventud y Memoria Democrática y María Dolores Fernández es una trabajadora eventual de la Delegación de Presidencia y Relaciones institucionales. En todos los casos personal de la Diputación pacense por debajo de Miguel Ángel Gallardo y de los cuatro de la lista, tres son cargos de confianza, de designación directa.
Se especuló con la posibilidad de que María de la Cruz Rodríguez ocupase el puesto de la actual subdelegada del Gobierno en Badajoz, María Isabel Cortés, pero la decisión quedó paralizada horas después de anunciarse. En cualquier caso, Rodríguez ya había presentado su renuncia al acta de diputada regional y también los otros cuatro, lo que convierte a Miguel Ángel Gallardo en aforado ante el Tribunal Superior de Extremadura.
PRUEBAS SOBRE DAVID SÁNCHEZ
Para la juez Beatriz Biedma la implicación del presidente Gallardo está clara, ya que en su auto recoge que Gallardo «forma parte de una cadena de mensajes iniciada por José Ramón Suárez Arias, quien remite a Juana Cinta los plazos mínimos para la convocatoria de un puesto directivo, detallando las distintas fases del procedimiento desde la aprobación del decreto de convocatoria hasta la toma de posesión del candidato. Posteriormente este mensaje es reenviado por Juana Cinta a Miguel Ángel Gallardo, contestando éste desde su cuenta de alcalde de Villanueva “Estupendo”. Los plazos determinados coinciden casi exactamente con los que luego tuvieron lugar con respecto al Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios. No consta en los correos que el Presidente de la Diputación se interesase por ningún otro Puesto específicamente, ni desde luego por los plazos para su adjudicación».
Miguel Ángel Gallardo es presidente de la Diputación desde 2015 hasta la actualidad y en su declaración manifestó que «conoce a David Sánchez desde que está en la Diputación, que se enteró cuando salió en la lista de admitidos. Que es normal que los Directores no lo pidieran porque nadie pide jefes. Que fue en una reunión en Valdivia entre los días 10 y 11 de octubre cuando la Diputada de Cultura le habló del Puesto. Que era un puesto que permitía dar difusión a la cultura y que le pareció una gran idea. Que no sabe por qué en la ficha de creación del puesto no se hizo referencia a dicha finalidad».
A preguntas de la juez, Gallardo dijo que «no conocía los reparos puestos por el sindicato CSICSIF, que la capacidad de autoorganización la tiene la Administración. Que el puesto de Alta Dirección no crea fijeza, y que en cualquier momento puede cesarlo y eliminar la plaza».
En su escrito la juez recoge también que «preguntado por el correo de Elisa de 5-10-2016 al que contesta “me parece que pedís mucho personal”, contesta que le parece bastante lógico de él. Sobre el correo en el que se interesa por los plazos del procedimiento de adjudicación del puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios, manifiesta que lo mismo preguntó cuanto tiempo se tardaba, por aprender, y que no tenía interés específico en ese Puesto, en absoluto. Que el correo que utilizaba normalmente era el de alcalde, el del Ayuntamiento».
Y añadió que «la relación con David es mínima, y que cree que nunca ha comido con el
y que lo ha visto en muy pocas ocasiones, 3 o 4 veces al año. Sobre el despacho y funciones de David, manifiesta que son 1577 trabajadores y que no sabe. Que los cambios de denominación son frecuentes y que no les presta atención cuando no conllevan incremento económico, que en cuestiones técnicas confía en la seguridad jurídica que le ofrece la Intervención y la Secretaría General. Que no puede tratarse de un cambio de funciones porque a los servicios jurídicos les
habría alertado».
Pero todas estas explicaciones fueron insuficientes para la juez Biedma que recoge en su imputación que Miguel Ángel Gallardo Miranda, «como máximo responsable de la Diputación y ostentando la competencia para el nombramiento y cese del Personal de Alta Dirección ( que en toda la Diputación oscila entre 10 y 19 personas según las declaraciones de los testigos), y dada la gran vinculación de dicho personal con los órganos políticos, es inverosímil que , conociéndose de forma generalizada en el ámbito de Cultura desde el momento de la creación del Puesto que el mismo estaba destinado a ser adjudicado al Sr. Sánchez, no supiera dicha circunstancia y no participara directamente en los hechos».
Y añade que «así , consta que era informado de todas las necesidades de personal y
puestos que iban a crearse , como así lo demuestra el correo que le envió Elisa Moriano el 5-10-2016 y al que contestó “me parece que pedís mucho personal”, cuando en dicha relación aun no estaba incluido el Puesto objeto de este procedimiento; y la propia Elisa Moriano, en su correo de 11-10-2016, utiliza concretamente la expresión «han decidido”, lo que denota la intervención de más de una persona , personas que , obligatoriamente, tenían que estar por encima de ella en el Organigrama y tenían que ostentar la competencia para adoptar tal decisión».
Además, dice la juez que para su imputación en los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, «además, se interesó directamente por las fechas mínimas para la adjudicación de un puesto de alta dirección, refiriéndose seguramente al Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios, pues las fechas de éste fueron casi idénticas a las contenidas en dicho correo de 3-5-2017».
Respecto a los correos incautados a David Sánchez se deriva que ambos «tenían una relación estrecha y que incluso hablaban los fines de semana, teniendo conocimiento del proyecto Ópera Joven desde su inicio, así como del denominado “cambio de nomenclatura” del puesto, pues en la cadena de correos de 23 y 24 de octubre de 2022, intervino directamente su Director del Área de Presidencia».
La intención de los socialistas extremeños es que Gallardo pueda tomar posesión de su acta de diputado durante la próxima sesión del 29 de mayo, lo que demuestra que la posición en la lista electoral de un partido es un hecho circunstancial. Si esto ocurriera la juez Biedma tendría que enviar la parte de Gallardo al TSJ de Extremadura, que decidiría sobre su imputación.
