El Tribunal de Cuentas, a instancias del PP y de Vox, deberá realizar un informe de fiscalización sobre la entrega al PNV del palacete de París que en su día fue sede del Gobierno vasco en el exilio y que actualmente ocupa la oficina del Instituto Cervantes en Francia.
Así se ha acordado este martes en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas, en la que ‘populares’ y Vox cuentan con mayoría absoluta. Han votado en contra el PSOE, el PNV, Bildu y Sumar-Geroa Bai.
En concreto, la propuesta aprobada exige a la institución que preside Enriqueta Chicano una fiscalización específica de la devolución a los nacionalistas vascos del inmueble sito en el número 11 de la parisina Avenue Marceau, y sobre la compensación por otros dos inmuebles ya inexistentes en las ciudades de Noyon y Compans, respectivamente.
Esta medida, que desarrolla la Ley de Memoria Democrática, iba en el primer decreto ley ómnibus del Gobierno que la oposición tumbó el pasado enero y se repitió en la versión posterior que sí fue convalidada por el Congreso.
FUE INCAUTADO POR LA GESTAPO
El PNV alega que el edificio fue comprado por ellos para sede del Gobierno vasco en el exilio y que fue incautado por la Gestapo nazi, que se la regaló a la dictadura franquista, pero los ‘populares’ y Vox siempre cuestionaron la restitución y exigen ver los documentos que prueban ese relato. «Si fue del PNV, ¿cómo, cuándo y por cuánto lo compró?», ha preguntado la diputada del PP Pilar Alia.
Desde el PP recuerdan que la justicia francesa no validó la compra en los años cuarenta, pero fue en los años de la guerra y posguerra, y que el Supremo lo rechazó en una sentencia de 2003, pero en el Gobierno y en el PNV replican que la Alto Tribunal no entró en el fondo de la cuestión, sino que se limitó a decir que no encajaba en la Ley de Memoria de 1998 porque era un inmueble situado fuera de España. Eso cambió con la Ley de Memoria Democrática que está actualmente en vigor.
En el debate, la parlamentaria ‘popular’ ha señalado que, si el Gobierno no da explicaciones, se podría pensar que esta restitución es «un regalo» a sus socios nacionalistas por un importe de casi 20 millones de euros y ha criticado que, durante seis años, el Instituto Cervantes tenga que pagar un alquiler al PNV por albergar su sede, lo que a su juicio puede suponer financiación ilegal del partido.
POSIBLE CASO DE CORRUPCIÓN
En similares términos se ha pronunciado el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, que habla incluso de «corrupción política» al considerar que «no es restitución, sino una apropiación» de un edifico público, algo poco ético y explicable a la ciudadanía.
Por el contrario, la senadora del PNV Dolores Etxano ha explicado que el Tribunal de Cuentas podrá examinar la operación en sus informes sobre la Cuenta general del estado o los exámenes a la contabilidad de los partidos políticos, pero exigir un informe específico muestra «una clara intención de instrumentalización».
Según el diputado socialista Raúl Díaz, el PP busca utilizar la Cámara Alta como «lavadero de sus chapuzas» mientras se da «golpes en el pecho» reclamando «dignidad» a las instituciones. «Esta restitución es devolver a alguien lo que en su día tuvo», ha añadido la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos.
Para el senador de Bildu Josu Estarrona, «el saqueo y el expolio» de la dictadura es algo reconocido por todo el mundo, y en cambio el PP va en dinámica contraria a Europa y quiere «incautar un inmueble que fue del gobierno vasco y que se apropió la dictadura.
