La detención del abogado Francisco Martínez el pasado martes, ex secretario de Estado de Interior junto al ex ministro Jorge Fernández durante el gobierno de Mariano Rajoy, llenó de sorpresa a su entorno personal y profesional. El primer sorprendido fue el propio Francisco Martínez, ya que desde hacía tiempo no tenía una relación profunda con el principal detenido, José Luis Huertas, conocido por su alias de hacker, Alcasec, con el que apenas tenía relación ya, aunque había sido su abogado mientras era menor. En una de sus últimas conversaciones con MONCLOA Martínez explicó que «he seguido asesorándole puntualmente y tratando de ayudarle».
Según un comunicado de la Policía Nacional, Alcasec, Francisco Martínez y Adrián Molina, amigo y socio del primero y un cuarto detenido en Andorra, el youtuber Álvaro Martín, formaban un grupo que «mantenía relaciones personales y profesionales de larga trayectoria, que fueron instrumentalizadas para expandir su estructura, legitimar socialmente su actividad y proyectar servicios de inteligencia».
A todos los detenidos les acusan de «los delitos de organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos y blanqueo de capitales. Estas personas constituían una red criminal de alta especialización tecnológica, cuya actividad se centraba en la obtención ilícita, procesamiento automatizado y explotación de información estratégica», añadía el comunicado de Policía Nacional.
Para la investigación, continuaba el comunicado, «se ha contado con la decisiva participación del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de la Policía de Andorra. Además, se ha contado con la colaboración internacional de la autoridad judicial de Andorra, la Magistrada de Enlace en Suiza, la Oficina Federal de Justicia y la Policía Judicial–SATI del cantón de Ticino, todos ellos países igualmente afectados por la actividad de esta red. Su cooperación ha sido esencial para el seguimiento de flujos económicos transnacionales y el aseguramiento jurídico de la actuación operativa».
OPERACIÓN BORRASKA CONTRA ALCASEC
La operación policial se inició en 2024 tras detectarse una serie de ciberataques sistemáticos y sostenidos en el tiempo contra infraestructuras informáticas de organismos públicos, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas. La red «había desarrollado una plataforma tecnológica integrada que permitía almacenar, indexar y comercializar datos segmentados, individualizados y vinculados a personas físicas, entidades jurídicas y operaciones institucionales».
De hecho, Alcasec tiene pendiente la celebración de un juicio por su ataque al Punto Neutro Judicial y la presunta venta de los datos obtenidos de la DGT, Seguridad Social e incluso la misma Policía Nacional.
La Policía recogía que «la estructura criminal operaba como una auténtica red de inteligencia privada, con funciones claramente diferenciadas: administración tecnológica, desarrollo de herramientas de anonimato, gestión financiera a través de criptoactivos, asesoramiento jurídico, expansión internacional y comercialización en mercados oscuros. Uno de los miembros desempeñaba un rol clave en esta internacionalización, ampliando las operaciones a terceros países mediante contactos profesionales consolidados».
Y añadían una cuestión clave para entender la relación real de Francisco Martínez con todo este asunto: «La red instrumentalizó sus relaciones personales y profesionales para presentarse como un entorno legítimo de asesoramiento tecnológico, blanqueando su operativa mediante estructuras societarias y servicios de “consultoría” que facilitaban su inserción en entornos económicos e institucionales».
Efectivamente Martínez reconoció en su declaración ante la juez María Tardón de la Audiencia Nacional que había ayudado a José Luis Huertas, Alcasec, a formalizar su empresa Havenio Technology SL en marzo de 2024. Precisamente la empresa que investiga la Policía como la sociedad que supuestamente ha instrumentalizado toda la ingeniería de la supuesta trama.
La declaración de Francisco Martínez duró 30 minutos, según fuentes jurídicas, y durante la misma contestó a la juez María Tardón, que instruye la causa desde la Audiencia Nacional. Martínez dijo que conoció a Huertas cuando era menor y se metió en problemas. También explicó que primero le ayudó como abogado y luego como «referente» para entrar en entornos profesionales y formalizar su propia empresa, pero de esto no puede desprenderse que conociera su evolución posterior.
Según explicó a la juez, el ex secretario de Estado de Interior cobró algunas facturas por ese trabajo, en concreto algo menos de 1.500 euros. Las facturas fueron incautadas por la Policía durante el registro en su casa y añadió que lo que le contó Alcasec es que estaba desarrollando un buscador que organiza con Inteligencia Artificial información y datos en fuentes abiertas de Internet.
En el marco de ese asesoramiento legal que Francisco Martínez le prestó, José Luis Huertas le facilitó el acceso a ese buscador para que Martínez lo probase. En sus búsquedas, el ex secretario de Interior no encontró nada anormal, porque todos eran datos que se podían obtener en cualquier otro buscador comercial mercantil de pago, ha especificado ante la juez.
Sin embargo, la juez Tardón decidió enviar a Martínez a prisión hasta que la Policía asegurase esas bases de datos supuestamente creadas por Alcasec. «Si la Policía las asegura hoy, usted sale hoy», fue lo que fuentes jurídicas dicen que aseguró la juez.
Es la séptima vez que Alcasec es detenido, siempre por el mismo motivo, pero ahora, con 21 años, parecía haberse instalado como profesional serio con Havenio y con su socio Adrián Abad, ambos son administradores mancomunados de la sociedad.
Havenio está dedicada según el Registro Mercantil a «la prestación de servicios en los ámbitos de consultoría de negocio y gestió, consultoría tecnológica y formación, destinados a cualquier campo o sector, incluyendo informática, ciberseguridad, inteligencia artificial y telecomunicaciones». Para la Policía, todo era una tapadera.
