Presidencia del Gobierno sabe torear muy bien y lo hace desde hace meses con el juez Juan Carlos Peinado, magistrado instructor del juzgado número 41 de Madrid, ya que tras cuatro declaraciones en el marco de una pieza abierta para dirimir la responsabilidad en la contratación de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, todavía no se conoce el nombre de la persona que decidió su contratación en Presidencia del Gobierno. De momento, Peinado se faja como un veterano boxeador, pero Presidencia del Gobierno intenta agotarlo después de cuatro asaltos para que arroje la toalla.
El juez Peinado quiere saber quien contrató a Cristina Álvarez para asistir a Begoña Gómez en todos sus movimientos, como los de cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid.
Por eso el 26 de febrero de este año, dentro de la pieza separada que abrió sobre la contratación de Álvarez, tomó declaración a Alfredo González Gómez, ex vicesecretario de Presidencia del Gobierno, ahora consejero de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes).
González Gómez dio a su vez el nombre de Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid, como jefe de Gabinete de Presidencia de quien dependía jerárquicamente Cristina Álvarez, imputada en la causa.
ALFREDO GONZÁLEZ
Durante su declaración González reconoció su firma para la contratación de Cristina Álvarez para asistir a Begoña Gómez en un documento y dijo que «no recuerda haber hablado con nadie de la Secretaría General del Presidente del Gobierno para el nombramiento» y que «no recuerda en este caso concreto quien le dijo que hiciera la propuesta que consta en el documento». Luego nombró a Félix Bolaños como su superior jerárquico y añadió «que el jefe de gabinete era Francisco Martín Aguirre».
González respondió a preguntas del juez Peinado «que se reunía con ambos prácticamente todos los días, despacharon multitud de asuntos aquellos meses, que el declarante realizaba su actividad en La Moncloa, en el edificio «Semillas»». La defensa de Cristina Álvarez sólo preguntó si era necesario algún requisito para el nombramiento de la misma y la respuesta de González fue que no.
El ex vicesecretario dijo que fue nombrado el 18-6-2018 y que el nombramiento de Cristina Álvarez se hizo como personal eventual para Begoña Gómez y dio un dato que pasó casi desapercibido y es que «en el momento de la contratación el puesto se encardina en el Gabinete de Presidencia del Gobierno, y el jefe del Gabinete en 2018 era Iván Redondo, pero no fue él quien dio las órdenes».
Es decir, que González no supo decir quien dio las órdenes para la contratación de Álvarez pero nombró a Martín Aguirre a pesar de que el jefe de gabinete era Iván Redondo, según él, pero sí recuerda perfectamente quien no dio las órdenes para la contratación.
FRANCISCO MARTÍN AGUIRRE
Finalmente el juez Peinado decidió llamar declarar a Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno, pero en calidad de imputado en un delito de malversación de caudales públicos «por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza pública». En realidad, Peinado se apoyaba en una querella presentada por Vox contra él.
La declaración de Martín Aguirre, que sólo respondió brevemente a preguntas de su abogado, supuso el segundo intento fracasado de recabar información sobre la responsabilidad en el contrato de Cristina Álvarez, ya que negó cualquier participación en el mismo e incluso negó conocerla personalmente.
FÉLIX BOLAÑOS
Así las cosas fue Peinado decidió llamar a declarar como testigo al que era jefe director de Martín Aguirre, Félix Bolaños, actual ministro de la Presidencia y de Justicia, aunque entonces ocupaba el cargo de Secretario General de Presidencia.
La declaración de Bolaños tuvo lugar el 16 de abril y el ministro aseguró desconocer también de dónde ni cómo había llegado Cristina Álvarez a Presidencia del Gobierno como personal eventual.
La declaración de Bolaños generó más momentos de tensión que respuestas. Durante la hora y media de interrogatorio, realizado Juan Carlos Peinado, y cuyo audio MONCLOA ofreció en su totalidad, fue tan tenso en algunos momentos que el juez le llegó a afear a Bolaños un gesto: «No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa».
Durante la declaración Peinado le dijo a Bolaños que «está respondiendo con cierto titubeo» e incluso le llegó a acusar de «contestar con evasivas». Durante un momento del testimonio el juez ofrecía al ministro Bolaños recabar la información del nombre exacto del superior de Cristina Álvarez, y tras unos minutos llegó la respuesta, que resultó ser otro funcionario llamado Raúl Díaz.
El juez trató de averiguar durante esos 90 minutos de interrogatorio quien había propuesto a Cristina Álvarez para el cargo en Presidencia del Gobierno en julio de 2018, precisamente con la llegada del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, pero Bolaños, que era entonces secretario general de Presidencia negó haber intervenido en esa contratación: «No sé quién hizo la sugerencia. No participé en ese nombramiento, y es que no participé en prácticamente ninguno de los nombramientos eventuales de esa época». Los nombramientos «eventuales» es la denominación técnica que se aplica a los nombramientos de confianza o cargos de libre disposición dentro de las administraciones públicas.
Además Bolaños añadió que no conocía las funciones exactas de Álvarez, lo que al juez le resultó extraño: «No sabía qué funciones… Yo nunca fui su jefe. Ella nunca fue mi subordinada y yo no sabía qué tareas hacía en el día a día». Pero, sin embargo, afirmó conocer sin ningún género de dudas que «era la asistente de la mujer del presidente del Gobierno».
Bolaños contradecía así al entonces vicesecretario de la misma Presidencia, Alfredo González, que declaró no conocer a Cristina Álvarez y sobre esta contratación en concreto dijo que «no lo recuerdo. Me lo envían de muchísimas fuentes diferentes, verbales, escritas…».
Peinado no descartó enfrentar a Bolaños y a Alfredo González en un careo: «Quizás se practique otra diligencia entre don Alfredo González y usted, porque es sorprendente la contestación que usted hace al hilo del testimonio que prestó don Alfredo González».
BOLAÑOS NO EXPLICÓ LAS FUNCIONES DE LA ASISTENTE DE BEGOÑA GÓMEZ
Luego, como Bolaños respondía con expresiones de «parece» o «creo que», el juez Peinado le volvió a reprender: «Una cosa son las creencias y otra cosa son los testimonios que tienen que prestar los testigos. Los testimonios que tienen que prestar los testigos son aquello que conozcan, no sus creencias» e incluso le advirtió que la repetición de esas expresiones eran una forma de «contestar con evasivas que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla como negarse a contestar».
Fue entonces cuando Bolaños dejó escapar una sonrisa que el juez no dejó pasar y se lo reprochó. Pero Bolaños, a modo de justificación, dijo que «me está resultando muy sorprendente su interrogatorio», a lo que el juez replicó: «¿No será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial?» y Bolaños contestó de nuevo que «desde luego que no estoy habituado».
Ese fue uno de los momentos más tensos entre Bolaños y Peinado, junto con la suspensión de la declaración cuando el juez no lograba una respuesta clara sobre el máximo responsable de la contratación de la asesora de Begoña Gómez: «Vamos a hacer una cosa, vamos a suspender la declaración y, como estamos en la sede donde se dispone de todos los archivos necesarios para constatar quién es la persona, le voy a pedir que salga de la sala. Nosotros suspendemos la declaración y usted recaba la información suficiente».
Tras ese lapsus el ministro regresó a su despacho con el dato pedido: «He hablado con el gabinete de la Presidencia del Gobierno y con la Secretaría General y me han dicho que hay una persona que es el responsable de la coordinación del personal de Presidencia, es Raúl Díaz Silva». Así Presidencia alargaba un poco más la causa contra Begoña Gómez.
RAÚL DÍAZ SILVA
Quizás de las cuatro testificales tomadas por Peinado sobre este asunto la declaración de Díaz sea la que más le haya enfadado. Tuvo lugar hace solo unos días, el 28 de mayo, al final de otra tanda de testificales entre las que estaban la de Marc Murtra, actual CEO de Telefónica y antes de Indra, una de las empresas que patrocinó el software para a cátedra de Begoña Gómez.
Su nombre no era desconocido para el juez porque ya estaba en la causa debido a que el Gobierno mandó al Juzgado hace semanas un escrito suyo en el que certificaba las funciones que prestaba la asesora de Begoña Gómez.
El escrito decía «certifico que la empleada pública de Presidencia de Gobierno, María Cristina Álvarez Rodríguez, desempeña tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención de la esposa del presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza».
Raúl Díaz firmaba como vocal asesor y responsable de la Administración y de la Coordinación de personal de los edificios Palacio y Consejo de Ministros en el Complejo de la Moncloa.
Pero la declaración de Raúl Díaz provocó de nuevo la frustración de Peinado, tras una «breve y dialéctica intensa» por los sucesivos encontronazos entre juez y testigo, según fuentes judiciales.
El problema es que Díaz ya había declarado el 14 de mayo y dijo que no tenía el poder de contratar personal eventual en Presidencia y que desconocía quién había redactado el certificado con su firma entregado en el Juzgado. Entonces el juez le pidió que obtuviese información para contársela cuándo volviera a citarlo. Eso fue el 28 de mayo.
Entonces Díaz dio el nombre de una funcionaria que redactó ese certificado, pero Peinado se enfadó y le respondió que él quería saber quien había propuesto el nombramiento de Cristina Álvarez como personal eventual al servicio de Begoña Gómez.
Ninguna de las partes es capaz de predecir ahora cuál será el próximo movimiento del juez Peinado en esta pieza separada de la causa principal, puesto que faltan todavía la práctica de varias testificales importantes en la pieza principal que afecta a todo lo relacionado con Begoña Gómez.
La instrucción contra Begoña Gómez y Cristina Álvarez se desarrolla ahora sobre cinco posibles delitos, el tráfico de influencias, apropiación indebida, intrusismo, corrupción en los negocios y malversación de fondos públicos.
