La revolución digital trajo consigo nuevas formas de entender el dinero, el valor y las transacciones, transformando radicalmente los mercados financieros y la economía global. En este nuevo paradigma, activos como las criptomonedas emergieron como protagonistas inesperados, pasando de ser una curiosidad tecnológica a vehículos de inversión y especulación que han capturado la atención de millones en todo el mundo. Su naturaleza descentralizada y su operativa fuera de los cauces tradicionales les confirió durante un tiempo una percepción de anonimato o de estar al margen de la vigilancia fiscal, una idea que la realidad normativa ha desmentido con contundencia.
Hacienda, como organismo encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias, no tardó en poner el foco en este creciente universo de activos digitales. La proliferación de operaciones con divisas virtuales, el incremento de su valor y el volumen de capital que mueven hicieron inevitable que el fisco español, siguiendo la estela de otras administraciones europeas, actuara para regular su tratamiento. La última reforma fiscal supuso un paso decisivo en esta dirección, estableciendo mecanismos más robustos para identificar a los tenedores y operadores, así como para asegurar que las ganancias generadas en este ámbito tributen como corresponde. Es un movimiento que afecta a cualquiera que haya realizado alguna operación, por pequeña que sea, y que obliga a revisar bien qué se hizo y cuándo para evitar sorpresas desagradables al declarar.
2LA REFORMA FISCAL QUE MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS PARA LAS CRIPTODIVISAS
La última reforma fiscal en España introdujo cambios significativos en la forma en que los contribuyentes deben relacionarse con sus activos digitales, poniendo fin a gran parte de la incertidumbre que rodeaba a la fiscalidad de las operaciones con criptomonedas. Uno de los puntos clave fue la clarificación de las obligaciones informativas, estableciendo la necesidad de declarar no solo las ganancias obtenidas por la venta o el intercambio de estos activos, sino también, bajo ciertas circunstancias, la simple tenencia de los mismos. Esto implicó la creación o adaptación de modelos tributarios específicos para capturar esta información, diseñados para ofrecer a Hacienda una visión más completa del patrimonio digital de los ciudadanos.
La obligación de informar no se limitó únicamente a las operaciones realizadas directamente por los inversores, sino que también extendió la responsabilidad a las plataformas de intercambio y custodia de criptomonedas que operan en España, o que prestan servicios a residentes fiscales españoles. Esta medida busca crear un ecosistema de información cruzada que facilite a Hacienda la detección de discrepancias entre lo declarado por los contribuyentes y los datos que manejan los proveedores de servicios, estrechando el cerco sobre las operaciones con criptomonedas que antes podían pasar desapercibidas. Es una estrategia de control integral que busca minimizar el espacio para el incumplimiento.
