El PP necesita un triunfo amplio en Castilla y León a comienzos de 2026 para poder prescindir de Vox y desanimar a La Moncloa. En este contexto, y con claro trasfondo electoral, el presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco se ha apuntado un tanto con el anuncio de la gratuidad del autobús, un servicio clave en una comunidad tan extensa y rural.
Mientras tanto, el Gobierno central parece avanzar en dirección contraria: prepara una reestructuración de la red estatal de transporte de viajeros por carretera que, según el borrador actual, podría dejar sin servicio a más de 1.400 municipios.
GOL DE LA JUNTA
La Junta de Castilla y León ha anunciado la puesta en marcha de una nueva tarjeta única de transporte denominada BUSCyL, con la que las personas empadronadas en la Comunidad podrán viajar de forma gratuita en todas las rutas de transporte público gestionadas por la administración autonómica.
La medida, que se aplicará de manera progresiva entre julio y octubre de 2025, afectará a más de 2.600 rutas y busca mejorar la movilidad en todo el territorio, especialmente en las zonas rurales. El calendario de implantación comenzará el 1 de julio, cuando se active un bono gratuito destinado a los cerca de 270.000 menores de 15 años de la Comunidad.
Este bono estará vigente hasta final de año y se integrará posteriormente en la tarjeta BUSCyL definitiva. El siguiente paso será la gratuidad del transporte metropolitano, que se aplicará a partir del 1 de septiembre en las ciudades de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, así como en sus áreas metropolitanas.
Esta fase beneficiará a más de 9 millones de desplazamientos anuales en un total de 83 rutas. A continuación, entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre, se extenderá la gratuidad al transporte interurbano, que incluye 742 rutas de titularidad autonómica. La implantación se hará por concesiones y abarcará progresivamente a todas las provincias, incluidas aquellas sin transporte metropolitano, como Ávila, Palencia, Soria y Zamora.
Una vez finalizado el proceso, todas las personas empadronadas en Castilla y León podrán viajar de manera gratuita e ilimitada en un sistema compuesto por 2.629 rutas y 243 concesiones, operado por 111 empresas.
BORRADOR POLÉMICO
El Gobierno de España (que se había anotado un tanto con los bonos gratuitos de transporte) también asegura estar comprometido con la lucha contra la despoblación, pero su propuesta de reforma del mapa concesional de transporte por carretera ha despertado una fuerte oposición en amplias zonas rurales.
El anteproyecto plantea reducir de 1.912 a 495 las rutas interprovinciales de autobús, lo que eliminaría paradas en más de 1.400 municipios. La medida, que aún está en fase de alegaciones, forma parte del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y ha sido justificada por el Ministerio de Transportes con argumentos de eficiencia económica.
Sin embargo, colectivos ciudadanos y autoridades locales de provincias como Cuenca, Soria, Teruel y Guadalajara denuncian que este plan supone un recorte de derechos y profundiza el aislamiento de zonas ya desfavorecidas. Uno de los casos más simbólicos es el del Corredor 12, que une Madrid y Valencia pasando por Cuenca y Teruel, y que será el primero en experimentar los nuevos criterios.
Desde las comarcas afectadas se advierte que la «eficiencia» que dicen buscar se traduce en exclusión social, ya que muchas localidades perderán su única opción de transporte público. Diversos colectivos y diputaciones han solicitado la paralización del nuevo mapa y una evaluación del impacto social de la reforma.
Los portavoces de la ‘España vaciada’ alertan de que esta medida, lejos de cohesionar el territorio, puede tener consecuencias dramáticas: mayor aislamiento, pérdida de oportunidades económicas y riesgo de desaparición para cientos de pueblos.
El transporte público, dicen, es una infraestructura básica en territorios sin acceso a trenes de alta velocidad ni aeropuertos. El recorte en autobuses sería, denuncian, «una sentencia de desconexión».
