La pandemia del COVID 19 del año 2020 llega al Constitucional y lo hace por la presentación de un recurso de amparo constitucional tras la inadmisión de una querella presentada por la madre de un niño de 14 años fallecido por el Covid y la asociación Liberum ante el Tribunal Supremo (TS) en enero de 2025 por el fallecimiento del menor, de 14 años, tras vacunarse contra el virus.
La querella se había presentado por la asociación Liberum y la madre de un niño riojano ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el pasado 16 de enero contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el que fuera ministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus; el ex director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Stephen Fauci, y contra Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance, una organización estadounidense que tiene el objetivo de proteger a las personas y animales de las enfermedades emergentes.
Tras el rechazo del Tribunal Supremo en marzo de 2025 los querellantes, Diana Cristina R.L., madre del niño fallecido, y Liberum, acuden ahora ante el Constitucional por una «violación de dichas resoluciones del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de nuestra Constitución Española (CE)».
En su escrito ante el Constitucional explican los querellantes que «dicha querella, se interpuso ante el TS porque los hechos denunciados se han realizado en todo el territorio nacional, actos y resoluciones dictados por miembros del Consejo de Ministros, así como por el Presidente del Gobierno. Igualmente, en virtud del principio de Justicia Universal, proclamado en el art. 23.4 de la LOPJ, y por el número importante de delitos supuestamente cometidos con vulneración de los Derechos Humanos, se dirigió la querella contra el director general de la OMS, el ex director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos (NIAID), y el presidente de EcoHealth Alliance».
La madre del niño fallecido, Daniel H., de 14 años, es con ayuda de Liberum la firmante de esta querella. El joven murió el 6 de noviembre de 2022 en su casa en La Rioja, tras haber recibido las dos dosis contra el COVID de Cominarty BioNTech (Pfizer) contra la Covid-19. Daniel recibió la primera dosis el 20 de agosto de 2021 y el 13 de septiembre de 2021 la segunda.
Su madre defiende en la querella que su muerte se debió al efecto adverso de la vacuna de Pfizer, ya que al menos otros dos jóvenes que habían recibido el mismo número de lote han muerto, y sus familiares también denunciaron los hechos. Uno de estos jóvenes se llamaba Juan D. Q. y las pruebas que se le hicieron al cadáver arrojaron positivo en el test de COVID a pesar de tener las dos pautas de vacunación puestas.
Liberum sostiene en su escrito ante el Supremo que se ha ocultado información vital sobre la pandemia de COVID que los ciudadanos de todo el mundo «deben conocer y así poder obrar en conciencia». Según señalan, este ocultamiento «ha conllevado trágicas consecuencias, graves enfermedades, secuelas permanentes y millones de muertes, además de un quebranto económico en millones de personas».
La querella denuncia de forma detallada y con mucha documentación algunos de los aspectos más polémicos ocurridos desde el origen de la pandemia, y se apoya en el informe hecho público en Estados Unidos el pasado 4 de diciembre: «After action review of the Covid-19 pandemic: The lesson learned and a path forward», elaborado por el subcomité sobre la pandemia de coronavirus, del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y del que viene informando MONCLOA durante los últimos meses.
ORIGEN DEL COVID
Según la denuncia, el Covid 19 es producto de la fuga vírica de «un arma biológica, independientemente de que ésta haya sido involuntaria o adrede», algo que se refleja en el citado informe del Congreso de Estados Unidos. Así, el texto señala que el virus es «fruto de la experimentación en el laboratorio virológico de Wuhan, con la participación de la organización norteamericana EcoHealth (que realizaba estudios de ganancia de función –con producto genético alterado– en virus de coronavirus con fines militares)».
Según explicaban los abogados de Liberum, la idea de interponer esta querella nació «en el verano de 2023, se pusieron en conocimiento de la fiscalía estos hechos que forman parte de la querella, porque con la evidencia científica del momento y los informes que se habían hecho público de la Comisión de Inteligencia del Senado de los EEUU sobre el origen del sardcov-2, y las declaraciones del director del FBI ante un medio de comunicación televisivo, y un Informe del departamento de energía de los EEUU apuntaban como la causa más probable del origen del Sarscov-2, una fuga del laboratorio de Wuhan, como consecuencia de los experimentos conocidos con diferentes virus y concretamente de la familia corona, habiendo sido advertido este laboratorio sobre sus deficientes medidas de seguridad».
De momento, España es el único país que ha recibido una querella de este tipo, aunque «tenemos constancia de que en diferentes estados de los EEUUU la Fiscalía General han interpuesto demandas judiciales contra algunos organismos e instituciones protagonistas durante la pandemia», añaden los letrados.
Desde Liberum tampoco descartan que alguien se adhiera a la querella porque «tiene una vocación de invitación universal para los ciudadanos que se hayan visto afectados gravemente tanto por la infección del COVID- 19 como por los efectos secundarios de las vacunas, como por las medidas restrictivas radicales de los Derechos Fundamentales», explican.
Uno de los aspectos más destacados del escrito presentado ante el Supremo era que hubo un «ocultamiento de información» y «fuimos sometidos a terribles engaños, por ejemplo, el Dr. Collins, superior jerárquico del Dr. Faucci reconoció que nunca las medidas restrictivas de distanciamiento social, y confinamientos respondieran a estudios científicos y más bien se basaron en “estudios empíricos”. Que los CDC en relación a los mandatos de mascarillas obligatorias que se impusieron, no tenían respaldo científico y lo que es peor, se basaron en 15 estudios que presentaban graves defectos, y cuyas conclusiones fueron políticas más que sanitarias».
Por otro lado, la aparición de Eco Health en la querella es producto de que es «una entidad americana que realizó experimentos de ganancia de función del virus como arma biológica para el ejército de los EEUU , y otro gran aspecto importante es como ha quedado acreditado mediante este informe, que el origen del virus Sarscov-2 no fue natural sino confeccionado en laboratorio».
Por todo ello, los querellantes acuden ahora en solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional.
