La documentación aportada por la Junta Electoral de Extremadura ante el Juzgado Central de Instrucción 3 de Badajoz recoge que la renuncia al acta de diputado que se ha quedado Miguel Ángel Gallardo Miranda se gestó el pasado 19 de mayo en «la sede regional del Partido Socialista Español en Extremadura, sita en (…) la avenida Eugenio Hermoso, número 21-23», en Mérida (Badajoz).
Las cinco renuncias de otros tantos candidatos a ocupar una vacante dejada por la ex jefa de gabinete del presidente de la Diputación de Badajoz han hecho posible que la lista corra hasta Miguel Ángel Gallardo, que convirtiéndose en diputado consigue el aforamiento y eludir a la justicia ordinaria, en este caso al Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz que lo procesó por varios delitos relacionados con la corrupción.
Cuando se supo de esta argucia la juez requirió a la Junta Electoral de Extremadura que mandase toda la documentación relativa a la renuncia de cuatro candidatos, ya que la quinta, María de la Cruz Rodríguez Vegazo, decidió renunciar a su puesto cuando se conoció la transformación de las diligencias previas en acto de juicio oral contra su jefe, Gallardo, imputado al igual que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Llama poderosamente la atención que las renuncias de los cuatro candidatos se produjesen un día antes de que María de la Cruz Rodríguez presentase su renuncia como diputada de la Asamblea de Extremadura. También es significativo que los siguientes cuatro candidatos de la lista quedasen en mismo día en la sede del PSOE, donde les esperaba un notario, Gonzalo Fernández Pugnaire, «constituido previo requerimiento en la sede regional del Partido Socialista Español», según la documentación que ha recibido el juzgado 3 de Badajoz.
En la sede del partido firmaron su renuncia ante notario Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández. Los cuatro lo hicieron por el mismo motivo, conforme a una «plantilla» tipo redactada en la notaría: «por motivos estrictamente personales y profesionales renuncia de forma libre y voluntaria a la pertenencia a dicha candidatura y por tanto a ser proclamado diputado electo».
En las últimas elecciones de 2023 el PSOE obtuvo 16 diputados en Extremadura. Pero dos candidatos electos, Guillermo Fernández Vara y Rafael Lemus, renunciaron al cargo por lo que la lista corrió hasta el puesto número 18, saliendo elegida María de la Cruz Rodríguez.
La maniobra fue advertida por una de las acusaciones populares, la ejercida por la asociación Liberum, que puso denuncia ante el TSJEx y resumió los hechos: «Pues bien, justo el mismo día que la diputada cuya posición en la lista electoral correspondía con el número 18, a la sazón, Doña. María de la Cruz Rodríguez Vegazo renuncia a su acta como Diputada, el investigado D. Miguel Ángel Gallardo Miranda procede a solicitar a la Junta Electoral la credencial de Diputado de la Asamblea de Extremadura, después coincidentemente, de la renuncia de los cuatro candidatos electos, curiosamente, desde el puesto 19 hasta el 22, a saber: D. Pedro Blas Vadillo; Doña Virginia Borrallo; D. Juan Fco. Ceballos y Doña María Dolores Fernández, para que, finalmente, le correspondiera al puesto 23, esto es, a D. Miguel Ángel Gallardo Miranda asumir el cargo de diputado por la vacante producida por la renuncia de aquella que ocupaba el puesto 8. En total tuvo que producirse cinco renuncias para lograr que la lista corriera hasta el puesto designado al investigado y acusado D. Miguel Ángel Gallardo Miranda», añade ese escrito.
Sin embargo, ahora se sabe que la diputada Rodríguez Vegazo dimitió el 20 de mayo de 2025, un día después de que los cuatro candidatos siguientes dimitieran ante notario. De esa manera, Gallardo sólo tuvo que tomar su acta el 21 de mayo y convertirse en aforado.
Liberum cree en su denuncia que «si todo esto es sumamente irregular, es decir, la renuncia de una de las diputadas (a 24 horas de dictarse el Auto de la Apertura a Juicio Oral con la acusación del entonces presidente de la Diputación Provincial de Badajoz) de la Asamblea Parlamentaria de Extremadura, y la renuncia nada más y nada menos, de cuatro candidatos electorales al puesto vacante con los beneficios y ventajas que ello supone, además hay que destacar la relación entre aquella, Doña. María de la Cruz Rodríguez Vegazo y D. Miguel Ángel Gallardo Miranda».
Efectivamente María de la Cruz Rodríguez fue jefa de prensa de Miguel Ángel Gallardo en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, cuando él era alcalde, y más tarde, jefa del Gabinete de Presidencia de la Diputación, convirtiéndose en la persona de confianza de Miguel Ángel Gallardo, como es de sobra conocido en toda la provincia pacense.
El 15 de julio de 2021 María de la Cruz Rodríguez era nombrada funcionaria de carrera, según el DOE número 135, durante la presidencia de Gallardo en la Diputación.
Por eso argumenta Liberum que son evidentes «los fuertes lazos que vinculan las carreras políticas de la diputada saliente y del acusado D. Miguel Ángel Gallardo Miranda. Es más, nada más perder su condición de diputada, la Sra. Rodríguez Vegazo ha sido nombrada Secretaria de
Organización de PSOE en Badajoz, todo apunta a un puesto por otro a modo de recompensa o compensación, salvo que se acredite lo contrario».
HASTA CINCO CANDIDATOS RENUNCIARON
Y añaden que después de «darse esta inusual renuncia al acta de diputada y la remota cascada de cuatro renuncias de candidatos de la lista electoral que dan un paso atrás (en total cinco
personas afectadas), es cuando justamente su Secretario General en Extremadura a unas horas de dictarse el Auto de Apertura de Juicio oral se persona para recibir por la Junta Electoral la credencial de Diputado por la Asamblea de Extremadura el día 21 de mayo».
Como los otros cuatro candidatos por delante de Gallardo renunciaron a recoger su acta como diputados esto significaría para los denunciantes que «queda pues, acreditada la complicidad de voluntades, lo que, obviamente requirió de conversaciones o negociaciones a fin de que, el candidato con el puesto número 23 pudiera acceder al cargo de Diputado de la Asamblea de Extremadura a toda costa porque, de lo que se trata, es de conseguir el nombramiento y por ende, la ansiada inmunidad reconocida en el art. 27 del Reglamento de la Asamblea de
Extremadura por parte del acusado de supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, todos ellos, curiosamente, delitos contra la Administración Pública».
Una complicidad que quedaría acreditada ahora por el hecho de que renunciaron a ser candidatos el día antes a la renuncia de la diputada electa que ha dejado su lugar a Gallardo.
Todas estas circunstancias «abocan a una apariencia de legalidad, a una instrumentalización espuria y abusiva de las normas reguladoras del nombramiento de un diputado, en concreto, en la Asamblea Parlamentaria de Extremadura, lo que incluye tanto el Reglamento de la Asamblea de Extremadura y la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General», dicen los acusadores populares.
El escrito también incluye una de las cuestiones a debate entre expertos: «Que, para adquirir la condición plena de diputado e incompatibilidades de conformidad con el art. 15 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, es necesaria la promesa o juramento de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Extremadura en la primera sesión del Pleno por parte del candidato que, según se ha informado tendrá lugar el próximo día 29 de mayo de 2025. Por lo que, de efectuarse tal acto se estaría culminando un acto que nació viciado y que adolece de legitimación».
EL NOMBRAMIENTO SERÍA NULO
Para Liberum «el acto de otorgamiento de la credencial de Diputado de la Asamblea de Extremadura a favor de D. Miguel Ángel Gallardo Miranda en sustitución de Doña María de la Cruz Rodríguez Vegazo, adolece de nulidad porque se realizó en fraude de ley y abuso del derecho».
Para la acusación popular está claro que «Miguel Ángel Gallardo Miranda ante el eminente Auto de la Apertura del Juicio Oral y su determinación como acusado por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, en el procedimiento de Diligencias Previas 965/2024, del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Badajoz, decidió iniciar y culminar los actos necesarios para alcanzar el cargo de Diputado de la Asamblea de Extremadura con una doble finalidad: (a) conseguir la inmunidad reconocida en el art. 27 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura para de esta forma, impedir que el juicio penal se tramitase ante el Juzgado lo Penal establecido por la ley y; (b) en su lugar, el procedimiento se derive ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, albergando el convencimiento de obtener de esta Sala un resultado más favorable, esto es, el sobreseimiento y archivo de la causa, al menos, en lo que respecta a él».
El escrito concluye que «el acto de otorgamiento de la credencial de Diputado de la Asamblea de
Extremadura a favor de D. Miguel Ángel Gallardo Miranda en sustitución de Doña María de la Cruz Rodríguez Vegazo supone una vulneración a la letra y espíritu del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley que se integra en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE)».
Por todo ello, desde Liberum se pide a la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que tenga por admitido el recurso contencioso administrativo especial de protección de derechos fundamentales contra «el otorgamiento de la credencial de Diputado de la Asamblea de Extremadura a favor de D. Miguel Ángel Gallardo Miranda en sustitución de Doña María de la Cruz Rodríguez Vegazo, por la Junta Electoral el pasado día 21 de mayo de 2025, y se reclame el expediente y tras la tramitación pertinente, se ponga el mismo de manifiesto al objeto de formalizar la demanda».
Ahora, Liberum ha enviado toda esa documentación al TSJEx para aportarla como prueba en su denuncia anterior contra Gallardo y su aforamiento exprés.
