El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, ha designado a dos funcionarios de su elección pertenecientes a la Agencia Tributaria para que rastreen el destino de los 182.513.923,15 euros que presuntamente defraudó la empresa Villafuel SL del pago en concepto de IVA por la venta de hidrocarburos a través de varias empresas.
En un auto dictado este 3 de junio Pedraz explica que «las presentes actuaciones seguidas por un posible delito contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de Capitales, sin perjuicio de ulterior calificación y que fueron incoadas por auto de 21 de junio de 2024. En el presente caso, en el marco de las Diligencias Previas 147/2024 el Grupo de Delincuencia Económica 1 del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) ha puesto la existencia de una especializada organización criminal que tras lograr para Villafuel SL la autorización de operador mayorista en el mercado de los hidrocarburos y a través de una estructura de empresas suministradoras instrumentales».
El magistrado añade que la entidad Villafuel «habría estado simulando transmitir el hidrocarburo de su propiedad a sociedades interpuestas cuando en realidad Villafuel SL lo transmitía a sus clientes finales consiguiendo con dicho comportamiento defraudatorio, no ingresar las cuotas de IVA correspondientes, ascendiendo por el momento hasta los 182.513.923,15 euros».
8 EMPRESAS INTERPUESTAS EN HIDROCARBUROS
Luego nombra hasta 8 empresas que actuarían como interpuestas que « con aparente carácter instrumental y administradas por personas, en principio sin experiencia en el sector de los hidrocarburos, recibieron un gran volumen de fondos de distribuidores al por menor, los cuales habrían sido transferidos para la supuesta compra de combustible, y estas sociedades en su mayoría no ingresaron en su inmensa mayoría las cuotas de IVA repercutidas».
Santiago Pedraz afirma que los beneficios obtenidos de esta actividad estarían siendo desviados por las sociedades instrumentales «hasta cuentas bancarias localizadas en terceros países. Por otro lado, las sociedades utilizadas para emitir facturas falsas con las que minorar el importe de la cuota del IVA a ingresar en la Hacienda Pública en sus autoliquidaciones por parte de las siete sociedades instrumentales» y cita hasta 11 empresas portuguesas como destinatarias de esos fondos transferidas. Algunas de esas sociedades son conocidas por pertenecer a Víctor de Aldama o a algunos de sus socios y aparecen también en el Caso Koldo de corrupción en la compra venta de mascarillas durante la pandemia.
Hay que recordar que en la causa Hidrocarburos figuran como principales investigados Víctor de Aldama y Claudio Rivas.
El juez de la Causa Hidrocarburos autorizó el 4 de octubre de 2024 la entrada y registros en varios domicilios y sociedades. Unos meses más tarde, el Fiscal presentó informes con fecha 28/04/25 y 26/05/25 «interesando la designación de funcionarios para que en auxilio judicial procedan a la determinación de las cuotas que eventualmente hubiera podido dejar de ingresar a la Hacienda Pública los investigados al amparo de lo dispuesto en el art.473 LOPJ y de acuerdo con el contenido de los arts. 456 y ss LECrim. Por recibido oficio de la AEAT (act. 3116) designando los funcionarios solicitados únanse al expediente digital a los efectos oportunos», razona en el mismo auto.
A LA CAZA DE 182 MILLONES
Añade Pedraz que «en el caso que nos ocupa, en el momento en que se encuentra la investigación, resulta imprescindible acometer el análisis y, en su caso, tratamiento tributario, de toda la documentación acumulada. Esta tarea debe ser realizada por expertos, que mediante sus informes aporten insumos que permitan determinar, en su caso, la existencia o no de delitos de blanqueo de capitales (art. 301 CP) o de fraude fiscal (art. 305 CP). Para alcanzar este objetivo, al amparo de lo dispuesto en el art. 473 LOPJ y de acuerdo con el contenido de los arts. 456 y ss LECrim, procede designar 2 funcionarios para el ejercicio del auxilio judicial a este Juzgado Central mediante sus conocimientos especializados».
Pero no valen dos funcionarios cualquiera de la Agencia Tributaria, sino que deben tener perfiles que puedan analizar «toda la documentación incautada, la reconstrucción de operaciones económico financieras que tienen por objeto la ocultación, transformación y aprovechamiento de fondos depositados en paraísos fiscales, promoviendo su repatriación a España al margen de los cauces legales, dado su origen presumiblemente ilícito, así como el análisis de los impactos tributarios derivados de tales actividades».
Y añade el juez de Hidrocarburos que los elegidos, en primer lugar, «por razón de la naturaleza de la misión a desempeñar, que debe aportar elementos que contribuyan a determinar la existencia o no de delitos de blanqueo de capitales (art. 301 CP) o contra la Hacienda Pública (art. 305 CP), se requiere que la designación sea de funcionarios públicos pertenecientes a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, AEAT)». También les pide experiencia y que «pertenezcan a diferentes áreas o departamentos de la AEAT para que sea lo más plural y diferente la formación de los funcionarios llamados a cumplir esta función, pudiendo completar entre todos las distintas aristas y vertientes del trabajo a realizar».
La designación de estos funcionarios de la AEAT se realiza para proceder a determinar las cantidades que por la mercantil Villafuel SL pudiera haber defraudado a la Hacienda Pública en los ejercicios 2022 a 2024 en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Luego explica Pedraz, por lo inusual de la circunstancia, que va a proceder a la designación directa de los funcionarios de la AEAT elegidos por el Juzgado y aclara que es «cierto que en otras ocasiones, cuando corresponde su designación de entre los funcionarios de la AEAT, es la propia AEAT la que realiza la propuesta de personas para desempeñar la tarea de auxilio judicial. El nombramiento se realiza de modo directo, adicionalmente, a la vista de la circunstancias del caso, en garantía de los derechos de todas las partes y, en particular, de su derecho a la tutela judicial efectiva y de defensa».
Por todo ello Pedraz dispone nombra a los funcionarios NUMA 29875 y NUMA 33705 que deberán tomar posesión de su cargo el 6 de junio a las 10.30 horas y que investigarán esta parte de Hidrocarburos. Además. libra un oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que «le sea facilitada cualquier información que sea hallada en los documentos y evidencias digitales intervenidas, y puedan tener relación con el objeto del auxilio encomendado».
Por otra parte, el juez Pedraz ha prorrogado seis meses más, hasta el 21 de diciembre de 2025 la investigación de la causa a petición de las acusaciones populares, representadas en este caso por la Asociación HazteOír.
