La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), a través de sus servicios jurídicos, ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción contra María Leire Díez Castro, considerada la «fontanera» del PSOE, tras la trascendencia de varias conversaciones con empresarios donde busca pruebas para desacreditar el trabajo de la Guardia Civil en varias causas judiciales.
Esta acción judicial se fundamenta en una serie de informaciones difundidas por diversos medios de comunicación, que apuntan a la presunta participación de la denunciada en maniobras dirigidas a obtener información comprometedora sobre el jefe de la Unidad de la Guardia Civil Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (UAFAC), teniente coronel Antonio Balas, encuadrada dentro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según el contenido de la denuncia, dichas actuaciones, según AUGC, «habrían tenido como finalidad influir, desacreditar o incluso interferir en las investigaciones que dicha unidad policial estaría desarrollando, algunas de las cuales podrían involucrar a personas vinculadas al PSOE y a cargos públicos de relevancia».
Por ello, desde esta asociación profesional «consideramos que los presuntos hechos podrían ser constitutivos de delitos como cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. En este sentido, se ha solicitado al juzgado la práctica urgente de diligencias para esclarecer los hechos y garantizar la integridad de la investigación penal».
Desde AUGC «recordamos que entre nuestros fines estatutarios se encuentra el ejercicio de la acción popular, especialmente en aquellos procedimientos que pudieran tener relación con delitos de corrupción que afecten directa o indirectamente a la imagen y labor de los agentes de esta institución», explican.
INFORMACIONES SOBRE LA «FONTANERA»
La denuncia recoge hasta cuatro informaciones periodísticas donde se reflejan parte de los audios desvelados en los últimos días con las intervenciones de la propia Leire Díez y otras personas donde se habla de cargos de la Guardia Civil. Los denunciantes piden que se tome declaración tanto a la propia Leire Díez como al empresario Víctor de Aldama, éste como testigo, y al teniente coronel Balas como perjudicado.
La cuestión es que las asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil creen que tanto el Ministro del Interior como la Directora General de la Guardia Civil, Mercedes Gonzalez, debían de haber condenado explícita y públicamente las presiones injustificadas a las que se está sometiendo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por parte de personas encausadas o mediadores políticos, o incluso desde el propio Gobierno.
«Nos hacemos eco de la indignación que existe entre el personal del Cuerpo por el silencio de Interior y nuestra Directora General, en este caso, no es neutral y no solo deja en una posición de vulnerabilidad a nuestros compañeros, sino que transmite una falta de liderazgo y de compromiso con la defensa de la Guardia Civil», recogieron en una nota pública.
Las asociaciones reclaman que la Guardia Civil como Institución «debe estar por encima de intereses espurios, es urgente proteger su independencia a toda costa y esa tarea atañe tanto al Ministro del Interior como a la Directora General. Les recordamos que la Guardia Civil es una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos, por su rigor, solvencia y profesionalidad».
