La juez instructora del Caso David Sánchez, Beatriz Biedma, ha enviado la causa que ha instruido al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), por el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación provincial de Badajoz, que se ha convertido en diputado de la Asamblea regional extremeña con una velocidad burocrática digna de envidia. La juez ha recogido hasta cuatro indicios importantes contra Gallardo que han dado con la causa en el TSJEx, al ser donde los aforados deben dirimir sus asuntos judiciales.
El primero de los indicios relatados, junto a los que afectan al resto de imputados en la causa cuyo centro es David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y hasta su dimisión alto directivo de la Diputación de Badajoz, tiene que ver con la elección de un puesto de trabajo para David Sánchez.
La juez estima que «en fecha no determinada anterior al 11 de octubre de 2016, el presidente de la Diputación. Miguel Ángel Gallardo Miranda y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano Morales, decidieron la creación del puesto de trabajo que acabó denominándose «Coordinador de las Actividades de los Conservatorios» con el objetivo de que el mismo fuera ocupado por David Sánchez Pérez-Castejón, quien en ese momento carecía de trabajo estable y, a petición, seguramente, de persona o personas de su entorno o relacionadas con el mismo que conocían dicha necesidad». Es decir, la juez señala una intervención clave de Gallardo para generar un puesto hasta entonces inexistente destinado a Sánchez.
El segundo de estos indicios importantes estaría en un correo electrónico enviado el 3 de mayo de 2017 por Juana Cinta Calderón Zazo, directora del Área de Recursos Humanos (RRHH), quien «envió un correo a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, donde se detallaban los plazos mínimos para la convocatoria de un puesto directivo, detallándose las distintas fases del procedimiento, desde la aprobación del decreto de la convocatoria hasta la toma de posesión del candidato, contestando Miguel Ángel Gallardo con la expresión «Estupendo»», además explica Biedma que «los plazos mencionados en dicho correo se corresponden casi exactamente con los que posteriormente tuvieron lugar en el procedimiento de adjudicación del puesto a David Sánchez».
CONTRATACIÓN DE DAVID SÁNCHEZ
La tercera acusación que mantiene la imputación de Miguel Ángel Gallardo, hace referencia a que «con fecha 30 de junio de 2017, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, resolvió aceptar íntegramente la propuesta y disponer la contratación laboral de David Sánchez como personal de Alta Dirección». Es decir, la responsabilidad última de la contratación del músico era del presidente de la Diputación.
El 10 de julio se firmó el contrato de Alta Dirección entre David Sánchez y la Diputación provincial de Badajoz con la función de coordinador de los dos conservatorios de música pertenecientes a la Diputación.
La cuarta cuestión que apuntaría definitivamente a Gallardo como partícipe de la trama, se remonta a febrero de 2018, cuando David Sánchez «manifestaba en sus correos la idea de traer la ópera a Badajoz y haber comentado incluso con Miguel Ángel Gallardo su posible sede, habiéndose descartado por éste la del Hospital Provincial. En mayo de 2018, ya se refiere en uno de sus correos, concretamente de 28 de mayo, a que ya se había puesto a elaborar el anteproyecto de la ópera y que había estado en contacto con «Miguel Ángel» el fin de semana y que le había pedido una reunión a tres (ellos dos y Elisa) para presentar la idea. A partir de este momento, comienza a centrarse cada vez más en el proyecto Ópera Joven, dejando de cumplir las funciones de su contrato».
AFORAMIENTO DE GALLARDO
Hay que recordar que el aforamiento exprés de Gallardo ya llegó al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el 26 de mayo, gracias a la denuncia de la acusación popular ejercida por Liberum.
Liberum denunció ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) el aforamiento del presidente de la Diputación de Badajoz por su nueva, o no, condición de diputado. Cuando Gallardo fue acusado formalmente de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, pidió ser diputado, saltándose la cola de otros cinco candidatos.
Dicen Liberum en su escrito que «mediante Auto del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Badajoz (Procedimiento Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 965/2024) de 27 de noviembre de 2024, se acordó citar en calidad de investigado a D. Miguel Ángel Gallardo Miranda por su supuesta implicación como presidente de la Diputación de Badajoz en los hechos delictivos objeto de investigación cuya, declaración se realizó el 9 de enero de 2025 que, dio lugar al Auto
de fecha 22 de mayo de 2025 (09:55 horas) del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Badajoz (Procedimiento Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 965/2024) que acordó la apertura del juicio oral teniéndose por formulada la acusación entre otros contra D. Miguel Ángel Gallardo Miranda por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias».
Explicaba Liberum que «en las pasadas elecciones autonómicas de 2023, D. Miguel Ángel Gallardo Miranda aparece en la lista electoral del PSOE en el puesto número 23 esto es, a D. Miguel Ángel Gallardo Miranda asumir el cargo de diputado por la vacante producida por la renuncia de aquella que ocupaba el puesto 8. En total tuvo que producirse cinco renuncias para lograr que la lista corriera hasta el puesto designado al investigado y acusado D. Miguel Ángel Gallardo Miranda».
GALLARDO IBA EN EL PUESTO 23 DE LA LISTA
Sin embargo, el PSOE obtuvo 16 diputados. Dos candidatos, Guillermo Fernández Vara y Rafael Lemus renunciaron al cargo por lo que, la lista corrió hasta el puesto número 18.
«Pues bien, justo el mismo día que la diputada cuya posición en la lista electoral correspondía con el número 8, a la sazón, Doña. María de la Cruz Rodríguez Vegazo renuncia a su acta como Diputada, el investigado D. Miguel Ángel Gallardo Miranda procede a solicitar a la Junta Electoral la credencial de Diputado de la Asamblea de Extremadura, después coincidentemente, de la renuncia de los cuatro candidatos electos, curiosamente, desde el puesto 19 hasta el 22, a saber: D. Pedro Blas Vadillo; Doña Virginia Borrallo; D. Juan Fco. Ceballos y Doña María Dolores Fernández, para que, finalmente, le correspondiera al puesto 23, esto es, a D. Miguel Ángel Gallardo Miranda asumir el cargo de diputado por la vacante producida por la renuncia de aquella que ocupaba el puesto 8. En total tuvo que producirse cinco renuncias para lograr que la lista corriera hasta el puesto designado al investigado y acusado D. Miguel Ángel Gallardo Miranda», añade el escrito.
Liberum cree que «si todo esto es sumamente irregular, es decir, la renuncia de una de las diputadas (a 24 horas de dictarse el Auto de la Apertura a Juicio Oral con la acusación del entonces presidente de la Diputación Provincial de Badajoz) de la Asamblea Parlamentaria de Extremadura, y la renuncia nada más y nada menos, de cuatro candidatos electorales al puesto vacante con los beneficios y ventajas que ello supone, además hay que destacar la relación entre aquella, Doña. María de la Cruz Rodríguez Vegazo y D. Miguel Ángel Gallardo Miranda».
En este caso, la juez instructora de Badajoz hace prácticamente suyas las sospechas ya denunciadas por Liberum en el TSJEx.
Liberum argumentó que son evidentes «los fuertes lazos que vinculan las carreras políticas de la diputada saliente y del acusado D. Miguel Ángel Gallardo Miranda. Es más, nada más perder su condición de diputada, la Sra. Rodríguez Vegazo ha sido nombrada Secretaria de Organización de PSOE en Badajoz, todo apunta a un puesto por otro a modo de recompensa o compensación, salvo que se acredite lo contrario».
HASTA CINCO CANDIDATOS RENUNCIARON
Y añaden que después de «darse esta inusual renuncia al acta de diputada y la remota cascada de cuatro renuncias de candidatos de la lista electoral que dan un paso atrás (en total cinco
personas afectadas), es cuando justamente su Secretario General en Extremadura a unas horas de dictarse el Auto de Apertura de Juicio oral se persona para recibir por la Junta Electoral la credencial de Diputado por la Asamblea de Extremadura el día 21 de mayo». Un argumento que también esgrime Beatriz Biedma.
Como los otros cuatro candidatos por delante de Gallardo renunciaron a recoger su acta como diputados esto significaría para los denunciantes que «queda pues, acreditada la complicidad de voluntades, lo que, obviamente requirió de conversaciones o negociaciones a fin de que, el candidato con el puesto número 23 pudiera acceder al cargo de Diputado de la Asamblea de Extremadura a toda costa porque, de lo que se trata, es de conseguir el nombramiento y por ende, la ansiada inmunidad reconocida en el art. 27 del Reglamento de la Asamblea de
Extremadura por parte del acusado de supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, todos ellos, curiosamente, delitos contra la Administración Pública».
Todas estas circunstancias «abocan a una apariencia de legalidad, a una instrumentalización espuria y abusiva de las normas reguladoras del nombramiento de un diputado, en concreto, en la Asamblea Parlamentaria de Extremadura, lo que incluye tanto el Reglamento de la Asamblea de Extremadura y la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General», escribían los acusadores populares.
El escrito también incluye una de las cuestiones a debate entre expertos: «Que, para adquirir la condición plena de diputado e incompatibilidades de conformidad con el art. 15 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, es necesaria la promesa o juramento de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Extremadura en la primera sesión del Pleno por parte del candidato que, según se ha informado tendrá lugar el próximo día 29 de mayo de 2025. Por lo que, de efectuarse tal acto se estaría culminando un acto que nació viciado y que adolece de legitimación».
EL NOMBRAMIENTO ADOLECE DE NULIDAD
Para Liberum «el acto de otorgamiento de la credencial de Diputado de la Asamblea de Extremadura a favor de D. Miguel Ángel Gallardo Miranda en sustitución de Doña María de la Cruz Rodríguez Vegazo, adolece de nulidad porque se realizó en fraude de ley y abuso del derecho».
Para la acusación popular está claro que «Miguel Ángel Gallardo Miranda ante el eminente Auto de la Apertura del Juicio Oral y su determinación como acusado por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, en el procedimiento de Diligencias Previas 965/2024, del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Badajoz, decidió iniciar y culminar los actos necesarios para alcanzar el cargo de Diputado de la Asamblea de Extremadura con una doble finalidad: (a) conseguir la inmunidad reconocida en el art. 27 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura para de esta forma, impedir que el juicio penal se tramitase ante el Juzgado lo Penal establecido por la ley y; (b) en su lugar, el procedimiento se derive ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, albergando el convencimiento de obtener de esta Sala un resultado más favorable, esto es, el sobreseimiento y archivo de la causa, al menos, en lo que respecta a él».
Es lo mismo que piensa la juez instructora y por eso ha elevado una exposición razonada ante el TSJEx.
