La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrea desde el pasado mes de abril el destino de 54 millones de euros en 128 contratos de obra pública desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021, cuando fue ministro Ábalos. Este martes entraron en la casa de Valencia del ex ministro incautándose del teléfono móvil y de algunos dispositivos de almacenamiento informático. Al mismo tiempo los agentes entraban en las sedes de varias constructoras en Valencia y Navarra. Buscaban pruebas ligadas los contratos de obra pública que Víctor de Aldama denunció en su comparecencia ante el juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo.
Esa declaración de Aldama extendió la sospecha a 128 contratos de la época Ábalos cuyo monto económico ascendía a 54 millones de euros. La mayoría de esos contratos fueron adjudicados, según Aldama, a tres empresas relacionadas de una u otra manera con Koldo García, ex asesor del ministro Ábalos. Aldama incluso señaló varios de estos contratos en tres folios de los presupuestos generales del Estado. El Supremo abrió una pieza secreta.
Durante su testimonio el empresario zamorano dijo que la primera de esta empresa era Obras Públicas y Regadíos (OPR) dirigida por los hermanos Daniel y Antonio (Toño) Fernández Menéndez. El segundo fue coordinador de la Delegación del gobierno en Andalucía hasta octubre de 2022. «Según se afirma por la UCO, don Daniel y don Toño solicitaron de don Koldo García que ejerciera su influencia sobre el presidente de Adif, don Ángel Contreras, para que su constructora ganara el contrato de una obra de emergencia para el tramo Monforte de Lemos-Lugo», explicaba Aldama en esa declaración.
El comisionista añadía que «consta en la agenda electrónica de don Koldo García Izaguirre el contacto «Toño Fernández» así como varias citas agendadas en el calendario, la primera el día 8 de junio de 2021 «cita Toño», la segunda el día 14 de julio de 2021 con la referencia «cena delegado del Gobierno + Toño». Adicionalmente, obra en la cuenta de correo electrónico de don Koldo García un email en virtud del cual se le remite con fecha 24 de junio de 2021, el CV de doña Susana Fernández Menéndez».
Antonio Fernández negó ante la comisión de investigación del Senado haber intervenido en ninguna de las adjudicaciones de obra pública a esta empresa y explicó que solo asesoraba en cuestiones técnicas en calidad de ingeniero a la delegación del Gobierno.
La segunda empresa señalada por Aldama durante su comparecencia que también investiga la UCO es Áridos Anfersa, que llegó a contratar a Patricia Úriz, entonces pareja de Koldo García, cuando el asesor ya había dejado el ministerio. «La UCO destacó en uno de sus informes que don José Luis Ábalos, su asesor entonces y el empresario se hospedaron en el Parador de Granada el 6 de julio de 2021. El 7 de julio de 2021 don José Luis Ábalos tenía prevista una visita oficial en dicha localidad relacionada con el proyecto «Puesta en servicio de la Autovía GR-43- Tramo Pinos Puente-Atarfe». Así se desprende del correo electrónico de fecha 5 de julio de 2021 remitido por doña María José Moñino Muñoz, bajo el título «Programa Granada» al que se adjuntan dos documentos, uno relativo al programa del ministro y el segundo al plano del punto de encuentro. Dicho correo electrónico se encuentra en la cuenta Outlook del sr. García Izaguirre».
La tercera de las empresas que señaló Aldama fue Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), una empresa valenciana, de la que apostilló que «es una sociedad dominada por don José Ruz Martínez, que obtuvo habitualmente de la Dirección General de Carreteras, cuyo titular era don Javier Herrero Lizano, la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de gestión de don José Luis Ábalos, que ascendieron a un importe de 108 millones de euros (tres adjudicaciones, una de 80 millones de euros, otra de 8 millones y una última de 20 millones)».
En su declaración ante el Senado Javier Herrero negó incluso conocer a Aldama, ni siquiera por el nombre, aunque sí confirmó que el listado que el comisionista había entregado al Supremo sí era «de los que habitualmente manejábamos en el ministerio».
DECLARACIÓN DE ÁBALOS
Todas las pruebas fueron aportadas por Aldama el pasado 4 de diciembre en la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la causa. En uno de los apartados del escrito presentado entonces ante el Alto Tribunal figura un epígrafe titulado «Sobre el reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos con ocasión de la adjudicación de obra pública y el reparto por territorios». Pero no sería hasta abril de este año tras la toma de declaración a Ábalos cuando el propio juez instructor decidió encarga a la UCO la investigación de todas las pruebas presentadas por el comisionista.
Según Aldama, «obra en autos un informe de la Agencia Tributaria remitido para análisis a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para la investigación de 128 contratos públicos adjudicados a determinadas constructoras (…). Según el listado incluido en el sumario, la suma total de estas adjudicaciones realizadas entre 2018 y 2021 asciende a un total de 54 millones de euros».
Es de esperar que en los próximos días el juez del Supremo llame a declarar como testigos a los responsables de estas constructoras para que den su versión sobre la manera de obtener las contrataciones con el ministerio de Ábalos.
El ex ministro Ábalos ya negó durante su declaración cualquier relación con la supuesta trama y el desconocimiento total de los documentos aportados por Aldama al Alto Tribunal.
VIAJE A GEORGIA DE ALDAMA
Aldama aseguraba entonces que José Ruz Martínez, directivo de la empresa LIC, formó parte de la delegación del ministerio de Fomento que viajó a Georgia para el encuentro de la OMT. Levantina obtuvo un contrato del Gobierno canario con Ángel Víctor Torres de presidente de esa comunidad.
«Según el citado informe de la UCO, don Koldo García y don José Ruz se desplazaron hasta Gran Canaria el 9 de febrero de 2022. La empresa obtuvo al menos un contrato de 6.545.000 euros para acondicionar el interior de la delegación de la Agencia Tributaria Canaria en Las Palmas», figura en el escrito presentado al Supremo.
Los investigadores de Hacienda descubrieron un pago de 77.500 euros a la empresa Deluxe de Víctor de Aldama por parte de José Ruz, que en ese momento la UCO aseguró «desconocer en el momento actual de la investigación a qué se deben las mismas». En su escrito el propio Aldama reconoció que era el pago de una comisión.
También citaba Aldama, en menor medida, a la empresa Azvi, presidida por Manuel Contreras Caro. Y explica que «el grupo Azvi contrató a través de la empresa Erikapat Consultoría Internacional SA, a don Koldo García en 2023 como asesor y consultor para abrir nuevos negocios en Latinoamérica. La relación, sin embargo, se había fraguado con anterioridad. La compañía fue adjudicataria de varios contratos de obra pública licitada por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que dirigió don José Luis Ábalos entre 2018 y 2021».
De hecho, en la agenda de Koldo figuran «varias citas con Azvi referenciadas como AZBI. Así el 28 de mayo de 2021 obra una cita con «Juan Carlos y Sevilla/AZBI». Adicionalmente, el 15 de junio de 2021 también obra una cita denominada AZBI».
Y añadía Aldama que «el día 9 de febrero de 2021, consta agendada una cita con el siguiente nombre «reunión amigo marido María (Manuel Contreras y Director General». Grupo Azvi participó en la obra del tren maya del ferrocarril en México, que se fraguó en la visita de la delegación española a Ciudad de México, organizada por don Víctor de Aldama».
En este caso, el propio Aldama reconoce que «esta constructora, a cargo de su presidente don Manuel Contreras Caro realizó un pago de 18.000 euros el 9 de octubre de 2019, a la empresa Pilot Club Natación de Sevilla (…) se trató de un pago realizado a don Víctor de Aldama, que había adquirido en 2016 el Club de Natación a través de la sociedad Pilot Real Estate, como compensación por la obra pública adjudicada con su mediación».
El empresario también nombró a las empresas ASCH y Civis Global. La primera habría accedido a contratos públicos de la época Ábalos en UTE con la empresa OPR. Respecto a la segunda, dice en su escrito que en la agenda de Koldo García constan al menos 3 citas con el presidente de esta empresa, a la que considera responsable «del desencuentro con Santos Cerdán, y que concluyó con el abono a éste de la suma de 15.000 euros, que refirió don Víctor de Aldama en su declaración judicial».
Obviamente todas las constructoras implicadas han negado el pago de estas comisiones a Aldama o a nadie del ministerio de Ábalos y han amenazado con ejercer acciones legales contra el empresario.
