lunes, 23 junio 2025

Los cajeros automáticos de los bancos en España serán irreconocibles desde finales de junio

Los cajeros automáticos tal y como los conocemos en España están a punto de vivir una transformación sin precedentes. A partir del 28 de junio, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Accesibilidad, las entidades bancarias estarán obligadas a adaptar estos dispositivos para que cualquier persona, sin importar su condición física o intelectual, pueda operar con ellos sin obstáculos. Este cambio legislativo no solo busca facilitar el acceso a las personas con discapacidad, sino también mejorar la experiencia de todos los usuarios, haciendo los cajeros más intuitivos, cómodos y eficientes.

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La normativa establece una serie de requisitos técnicos que afectarán de lleno a los cajeros automáticos, desde un rediseño completo de la interfaz hasta la incorporación de audioguías, mayor tamaño de letra, iconos adaptados y nuevas configuraciones de brillo. Además, se exigirá a los bancos la formación específica de su personal en atención a la diversidad funcional. El objetivo es claro: derribar barreras y garantizar una inclusión real en un servicio esencial como es el acceso al dinero y a las operaciones bancarias básicas.

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Un proceso progresivo y con información clara para el usuario

Fuente: Pexels

Aunque la ley entra en vigor el 28 de junio, los cambios en los cajeros automáticos se implementarán de forma gradual. La norma distingue entre los cajeros nuevos y los que ya están en funcionamiento. Los antiguos podrán seguir operando hasta agotar su vida útil económica, con un límite máximo de diez años. Esto permitirá a los bancos adaptar sus infraestructuras sin interrumpir el servicio ni generar costes excesivos de un día para otro.

Además, las entidades estarán obligadas a informar a los clientes sobre qué cajeros automáticos ya están adaptados y cuáles aún no. De esta manera, cada usuario podrá decidir a cuál acudir en función de sus necesidades. Actualmente, en España hay unos 47.000 cajeros, y adaptar cada uno de ellos supone una inversión de entre 1.500 y 3.000 euros. Una cifra considerable, pero necesaria si se quiere garantizar un acceso universal a los servicios financieros.

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