Los cajeros automáticos tal y como los conocemos en España están a punto de vivir una transformación sin precedentes. A partir del 28 de junio, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Accesibilidad, las entidades bancarias estarán obligadas a adaptar estos dispositivos para que cualquier persona, sin importar su condición física o intelectual, pueda operar con ellos sin obstáculos. Este cambio legislativo no solo busca facilitar el acceso a las personas con discapacidad, sino también mejorar la experiencia de todos los usuarios, haciendo los cajeros más intuitivos, cómodos y eficientes.
La normativa establece una serie de requisitos técnicos que afectarán de lleno a los cajeros automáticos, desde un rediseño completo de la interfaz hasta la incorporación de audioguías, mayor tamaño de letra, iconos adaptados y nuevas configuraciones de brillo. Además, se exigirá a los bancos la formación específica de su personal en atención a la diversidad funcional. El objetivo es claro: derribar barreras y garantizar una inclusión real en un servicio esencial como es el acceso al dinero y a las operaciones bancarias básicas.
2Un proceso progresivo y con información clara para el usuario

Aunque la ley entra en vigor el 28 de junio, los cambios en los cajeros automáticos se implementarán de forma gradual. La norma distingue entre los cajeros nuevos y los que ya están en funcionamiento. Los antiguos podrán seguir operando hasta agotar su vida útil económica, con un límite máximo de diez años. Esto permitirá a los bancos adaptar sus infraestructuras sin interrumpir el servicio ni generar costes excesivos de un día para otro.
Además, las entidades estarán obligadas a informar a los clientes sobre qué cajeros automáticos ya están adaptados y cuáles aún no. De esta manera, cada usuario podrá decidir a cuál acudir en función de sus necesidades. Actualmente, en España hay unos 47.000 cajeros, y adaptar cada uno de ellos supone una inversión de entre 1.500 y 3.000 euros. Una cifra considerable, pero necesaria si se quiere garantizar un acceso universal a los servicios financieros.