ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en Instituciones Penitenciarias, denuncia la creciente ola de agresiones que están sufriendo los trabajadores penitenciarios en diferentes cárceles del país, en contraste con la campaña de desprestigio mediático que, desde algunos sectores, busca estigmatizar a estos profesionales acusándolos de corrupción de forma generalizada y sin
matices, con «la complicidad y el silencio institucional de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias», explican desde el sindicato.
Esta semana, se han producido agresiones graves en al menos cuatro centros penitenciarios: Alicante II (Villena), Sevilla I, Asturias y Madrid VII (Estremera), con un balance de, al menos, ocho funcionarios con lesiones de diversa consideración, siendo necesaria atención médica y la activación de protocolos de accidente biológico.
Estos hechos no son aislados. Son reflejo de una realidad estructural que afecta al sistema penitenciario español: masificación, falta de personal (especialmente sanitario), deterioro estructural, ausencia de respaldo institucional y aumento de la violencia interna. Desde ACAIP-UGT venimos advirtiendo desde hace años que esta situación no solo pone en riesgo a los trabajadores, sino que compromete seriamente la seguridad de los centros y la propia función rehabilitadora del sistema.
VIOLENCIA NORMALIZADA
En Villena, con una ocupación del 150 %, cuatro funcionarios fueron brutalmente agredidos por un joven interno extremadamente violento, que está a punto de recuperar la libertad. En Estremera, un interno propina un cabezazo al jefe de servicios provocándole una fuerte hemorragia nasal.
En Sevilla I, una trabajadora sanitaria recibió un puñetazo de un interno reincidente, el mismo que semanas antes había golpeado a otra funcionaria. En Asturias, dos funcionarios resultaron lesionados tras una pelea multitudinaria, sin que mediara provocación, y ambos permanecen de baja.
Este patrón de violencia se repite con demasiada frecuencia. En los últimos dos años más de 1000 funcionarios han resultado agredidos en los centros dependientes de la Secretaría general de Instituciones Penitenciaras. Cifras muy elevadas a pesar del deleznable esfuerzo de la administración en maquillar las estadísticas de conflictividad.
En la última década, las agresiones a personal han aumentado un 53,49 %, según datos
del Portal de Transparencia.
Las causas son profundas: falta de personal y deterioro estructural. Pero desde ACAIP-UGT «apuntamos a causas estructurales, como déficit de personal médico: más del 72 % de las plazas de facultativos están vacantes en los centros dependientes de la SGIP. Sobreocupación y clasificación “buenista” de internos que agravan la tensión en módulos sin capacidad real, auspiciada por las instrucciones de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, al frente de la cual se encuentra Miguel Ángel Vicente Cuenca. Formación insuficiente y protocolos de agresión ineficaces o directamente boicoteados por algunas direcciones, que presionan para evitar su activación y maquillar las estadísticas. Desgaste estructural de los centros y carencias materiales que impiden un trabajo seguro».
CRIMINALIZACIÓN
Mientras «ésta es la realidad de los trabajadores penitenciarios —amenazados, lesionados y olvidados por la Administración—, desde algunos medios se difunden informaciones que presentan al colectivo como corrupto o privilegiado. Desde ACAIP-UGT rechazamos rotundamente esta visión estigmatizadora, basada en declaraciones interesadas, casos aislados y sin contextualización», añaden.
«No se puede generalizar ni atacar a un colectivo de más de 24.000 trabajadores por las
presuntas conductas individualizadas de unos pocos, máxime cuando los empleados públicos penitenciarios realizamos nuestra labor en condiciones extremas, con vocación de servicio público y sin las herramientas necesarias de protección nosotros mismos ni para los internos», añaden.
REIVINDICACIONES
Las reivindicaciones laborales de los funcionarios de prisiones pasan por el reconocimiento legal de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, «una medida con amplio respaldo político bloqueada por intereses partidistas».
La «contratación inmediata de personal sanitario y refuerzo de plantillas, sanitarias. Revisión realista de los protocolos de agresión, eliminando presiones y manipulaciones estadísticas».
Y el «fin de la política de “buenismo mal entendido”, que fuerza progresiones de grado por criterios de imagen en lugar de comportamiento real».
Por eso rechazan «la criminalización colectiva: pedimos un trato justo y proporcional en los medios, que refleje la realidad completa y compleja del trabajo penitenciario».
ACAIP-UGT seguirá «denunciando cada agresión y cada intento de silenciar esta realidad. La sociedad debe conocer lo que realmente ocurre dentro de los muros de nuestras prisiones: trabajadores públicos desbordados, sin medios, sin reconocimiento y ahora, además, estigmatizados», concluyen.
