El polémico megaproyecto minero Mina Muga, impulsado por la empresa Geoalcali y vinculado a Acciona, ha sido objeto de atención por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su reciente informe de 490 páginas.
Este proyecto privado de extracción de potasa se extiende entre Aragón y Navarra y ha levantado numerosas críticas sociales, políticas y judiciales. En particular, el documento señala el interés demostrado por Santos Cerdán, exnúmero tres del partido, y Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, en la tramitación de la explotación minera en Aragón.
Mina Muga aspira a extraer 500.000 toneladas anuales de potasa en una primera fase y un millón en la segunda, consolidándose como una de las mayores explotaciones de este tipo en Europa.
PARALIZACIÓN EN LOS TRIBUNALES
El desarrollo del proyecto se ha visto obstaculizado por una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que anuló la concesión otorgada por el Gobierno navarro para el permiso de explotación ‘Goyo’, uno de los tres que componen el proyecto. El fallo judicial responde al recurso contencioso-administrativo presentado por Ecologistas en Acción y la fundación Sustrai Erakuntza, con el respaldo de la Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa en la Bal d’Onsella y la Sierra del Perdón.
La sentencia reprocha a las administraciones autonómicas y al Estado una fragmentación ilegal del proyecto para justificar competencias separadas, cuando el propio planteamiento de Geoalcali define Mina Muga como un proyecto único que afecta simultáneamente a dos comunidades autónomas.
Según el TSJN, esa fragmentación ha impedido una evaluación ambiental integral y unificada, lo que va en contra del procedimiento legal. La corte considera que debe haberse tramitado una única concesión, con una sola Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que contemplara todos los aspectos y riesgos del proyecto en su conjunto.
En este sentido, el fallo remarca que los riesgos geológicos y la seguridad de los trabajadores no fueron debidamente evaluados por la DIA parcial aprobada, que resultaría insuficiente e inadecuada para un proyecto de semejante magnitud y complejidad.
La resolución también critica que no se hayan hecho públicas las medidas de mitigación que Geoalcali asegura que tomará. Las asociaciones demandantes insisten en los riesgos medioambientales potenciales: hundimientos del terreno, sismicidad inducida, afecciones a acuíferos y cursos fluviales, incluido el embalse de Yesa, así como el impacto logístico del transporte de material, que implicaría más de 500 camiones diarios.
Este fallo del TSJN es el primero de tres procesos judiciales en curso que cuestionan la legalidad del proyecto Mina Muga y sus aprobaciones administrativas. Las organizaciones ecologistas advierten que el comportamiento de los gobiernos de Navarra y España (La Moncloa lo apoya con entusiasmo) debería estar guiado por el respeto a los procesos judiciales en curso y no por intereses económicos de empresas cotizadas en mercados bursátiles extranjeros, como la bolsa australiana, donde opera Geoalcali.
Mina Muga (de cuya obra civil se encarga Acciona, que presuntamente pagó mordidas a Koldo García por distintas obras a través de facturas falsas de un restaurante) se ha convertido en un caso paradigmático de los conflictos entre intereses económicos, protección ambiental y garantías jurídicas, evidenciando la complejidad de los megaproyectos industriales en territorios compartidos por varias administraciones.
El futuro del proyecto dependerá ahora de los recursos judiciales que el Gobierno de Navarra y Geoalcali puedan presentar, así como del desenlace de los otros dos litigios aún pendientes.
LA CAÍDA DE CERDÁN
La filtración de grabaciones en las que Cerdán discute sobre pagos ilegales a cambio de contratos públicos ha provocado una crisis política sin precedentes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visiblemente afectado, ha pedido perdón públicamente a la ciudadanía y al partido por haber confiado en Cerdán.
A pesar de la presión, Sánchez descarta convocar elecciones anticipadas y ha anunciado la puesta en marcha de una auditoría externa de las cuentas del PSOE para garantizar la transparencia del partido.
