El colectivo de funcionarios Manos Limpias, en virtud de su representación como acusación popular pide cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado (FGE) por un delito de violación de secretos en su modalidad agravada. Asimismo, piden la suspensión para el empleo de cargo público durante 5 años y una multa de 18 meses a razón de 400 euros diarios. Subsidiariamente por el delito de violación de secretos, ex art. 417 del Código Penal, en su modalidad agravada del párrafo II epígrafe 1 «Pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público de fiscal por un tiempo de cinco años», dice el escrito de acusación presentado este mismo martes.
La acusación de Manos Limpias piden por el delito de infidelidad en la custodia de documentos, una pena de multa de doce meses a razón de 400 euros diarios, además de inhabilitación por tres años.
Además, Manos Limpias quiere que el juicio a Álvaro García Ortiz sea mediante tribunal de jurado, aunque matiza que «obra en autos petición de procesamiento formulada por otra de las acusaciones populares en que anticipa su voluntad de acusar por delito de prevaricación, por lo que, siendo que el enjuiciamiento separado de los hechos quebraría la continencia de la causa, procederá en tal caso el enjuiciamiento ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo».
El relato de los hechos que hace esta acusación popular es el siguiente: «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada «la fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales», Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, y conociendo que se trataba del ciudadano Alberto González Amador, pareja de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía, sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo.
Sin embargo, esas comunicaciones comenzaron «con una conversación telefónica mantenida con la Fiscal Jefe Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, minutos después de las 21:29 horas, tras la cual, ésta realizó un par de llamadas telefónicas al Fiscal encargado del caso, Julián Salto Torres, para solicitarle, por encargo del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que le remitiera inmediatamente los correos electrónicos intercambiados entre él y el letrado de Alberto González Amador, porque iban a hacer una nota para desmentir una información que estaba circulando por la redes, lo que así hizo, y, una vez recibidos, los remitió al Fiscal General del Estado, entre cuyos correos se encontraba uno de 2 de febrero de 2024, a las 12:45 horas, que le había enviado el letrado al Fiscal del caso, como asunto «PROPUESTA DE CONFORMIDAD PENAL EN RELACIÓN CON UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA»», continúa el escrito de acusación.
Según el relato de los hechos de Manos Limpias, «la finalidad de solicitar la remisión de dichos correos a Julián Salto, cuyo contenido conoció María Pilar Rodríguez Fernández, era la de reenviarlos inmediatamente al correo electrónico de Álvaro García Ortiz, pero no al oficial, sino al particular, según él mismo le había indicado, como así hizo Pilar, efectivamente, para, a continuación, aquél, de acuerdo con la colaboración que ésta le prestó, acabar facilitándolo a un medio, como la cadena SER, para que le diera publicidad, conscientes ambos de que revelaría el confidencial contenido de ese correo de 2 de febrero de 2024, lo que así ocurrió mediante un avance a las 23:25 horas en el programa radiofónico Hora 25 de dicha emisora, que no fue sino un adelanto de su publicación a las 23:51 horas en la web de dicho medio, bajo el titular «El novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto de conformidad declarándose culpable de dos delitos para evitar el juicio.
Para la acusación popular, «a continuación de la publicación de esta información y en unidad de acto con ella, con la documentación que ya tenía en sus manos Álvaro García Ortiz, proporcionada por María Pilar Rodríguez Fernández, se puso en marcha para ir confeccionando el referido comunicado, que lo hizo en forma de nota, donde se incorporaba información, además de otros, del referido correo de 2 de febrero de 2024, y, cuando el borrador lo tuvo terminado, se lo remitió a María Pilar Rodríguez Fernández, quien, conocedora de su contenido, le dio el visto bueno, sin oposición alguna a su publicación, que apareció con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, de la que ella era jefa, sobre las 10:20 horas del día 14 de marzo de 2024″.
«Paralelamente, desde Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo de 2 de febrero de 2024, se envió copia de él a Pilar Sánchez Acera, directora de Gabinete del Secretario de Estado, director del Gabinete del Presidente del Gobierno, quien hizo uso de él, dando instrucciones a Juan Lobato Gandarias-Sánchez, portavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo exhibiese en su intervención en la sesión del día 14 de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en contra de la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso», concluye el escrito.
