Javier María Pérez Roldán, letrado y secretario de la Asociación Hazte Oír, ha denunciado en la sede de la ONU, los planes del gobierno de Pedro Sánchez de reformar la Justicia mediante la llamada Ley Bolaños. Desde Hazte Oír denuncian que «Sánchez pretende que la Fiscalía dirija la investigación judicial y que la UCO reciba órdenes de los fiscales, quedando así totalmente anulada la independencia judicial. Es el jaque mate del PSOE al Estado de Derecho».
Reproducimos en su integridad el discurso de Pérez Roldán por su interés: « Desde Hazte Oír estamos hoy en este Consejo para informar que España atraviesa una grave crisis política y moral. Está en riesgo la separación de poderes, la independencia judicial y la dignidad institucional.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, por ahora, se encuentra acorralado por casos de corrupción de dos secretarios de organización de su partido, de su entorno familiar, del propio PSOE y de su Fiscal General. Por ello propone aprobar la llamada “Ley Bolaños”: una reforma para limitar el margen de actuación de los jueces que ha sido denunciada por Hazte Oír y por más de 70.000 ciudadanos por el riesgo que supone para la independencia judicial, en búsqueda de la impunidad del PSOE.
Esta reforma es parte de una estrategia de acaparamiento institucional propia de contextos autoritarios y mafiosos que ha incluido:
● El control político de la Fiscalía General del Estado.
● La colonización del Tribunal Constitucional.
● La Manipulación informativa.
● El control de las unidades policiales encargadas de la investigación judicial.
● Las sospechas de fraude electoral.
● Y la aprobación de una amnistía injusta a condenados por delitos graves.
Por ello, solicitamos:
● Que se condene la Ley Bolaños como una amenaza a la Justicia.
● Que se active una misión internacional de observación democrática y judicial en España.
● Que se remita esta situación al Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados de Naciones Unidas.
● Y que se tomen medidas diplomáticas para la protección de la Guardia Civil, jueces, fiscales, medios de comunicación y sociedad civil frente a presiones y amenazas del Gobierno».
